La Organización de las Naciones Unidas (ONU) atraviesa una severa crisis financiera que la dejaría sin fondos operativos a partir de julio, como consecuencia de años de desmanejo presupuestario, expansión burocrática y dependencia crónica de los aportes estadounidenses. La advertencia fue realizada por su secretario general, António Guterres, quien habló de un “colapso financiero inminente” provocado por la acumulación de cuotas impagas.
El escenario crítico se explica, en gran parte, por una decisión política de fondo adoptada por el presidente Donald Trump, quien ordenó el retiro de Estados Unidos de más de 60 organizaciones internacionales, convenciones y tratados, muchos de ellos vinculados directa o indirectamente a la estructura de la ONU. La Casa Blanca justificó la medida al sostener que esos organismos “ya no sirven a los intereses estadounidenses” y promueven “agendas ineficaces u hostiles”.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Entre las entidades abandonadas figuran casi cincuenta organismos del sistema de Naciones Unidas, muchos de ellos orientados al cambio climático, el feminismo, la ideología de género y la denominada “cooperación” internacional. También quedaron fuera tratados emblemáticos del multilateralismo, como la Convención Marco sobre el Cambio Climático, junto con paneles y estructuras que durante años se autoproclamaron autoridades globales, pese a sus resultados cuestionables y escaso impacto real.
El impacto financiero de esta decisión dejó al descubierto una verdad largamente ignorada: la ONU funciona, en los hechos, gracias al dinero estadounidense. Según datos internos del propio organismo, Estados Unidos concentra cerca del 95 % de la deuda total, unos 2.200 millones de dólares correspondientes a cuotas ordinarias de 2025 y 2026. Sin ese flujo de fondos, la organización dispone hoy de apenas seis meses de liquidez, lo que evidencia un esquema de funcionamiento insostenible.
Ante este panorama, la ONU evalúa suspender actividades centrales como las sesiones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General de septiembre y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. No obstante, agencias con financiamiento independiente, como UNICEF o el Programa Mundial de Alimentos, continuarían operando, lo que refuerza el argumento de que la estructura centralizada de la ONU no es indispensable para la asistencia internacional.
Trump fue muy explícito al cuestionar la vigencia y la utilidad real de la ONU, al plantear que podría ser reemplazada por el Board of Peace, una iniciativa impulsada por Washington como alternativa al multilateralismo tradicional. El nuevo organismo apunta a la resolución de conflictos internacionales sin la burocracia crónica, la politización permanente ni los vetos cruzados que, según la administración estadounidense, paralizaron a la ONU durante décadas.
Donald Trump junto a otros referentes internacionales en la fundación del Board of Peace.
Guterres, por su parte, apuntó contra una norma financiera vigente desde 1945 que obliga a devolver fondos no ejecutados, incluso cuando la subejecución se debe a la falta de pagos. Para la administración Trump, este argumento confirma precisamente el diagnóstico: un sistema diseñado para sobrevivir por inercia, sin incentivos a la eficiencia ni a la rendición de cuentas.
La crisis actual expone así una realidad que Estados Unidos decidió enfrentar: el multilateralismo no puede sostenerse sobre estructuras costosas, ideologizadas y dependientes de un solo país. Mientras Washington redefine su rol global bajo la premisa de “America First”, la ONU enfrenta un debate inevitable sobre su utilidad real en el mundo actual.
