La Organización de las Naciones Unidas (ONU) atraviesa una severa crisis financiera que la dejaría sin fondos operativos a partir de julio, como consecuencia de años de desmanejo presupuestario, expansión burocrática y dependencia crónica de los aportes estadounidenses. La advertencia fue realizada por su secretario general, António Guterres, quien habló de un “colapso financiero inminente” provocado por la acumulación de cuotas impagas.
El escenario crítico se explica, en gran parte, por una decisión política de fondo adoptada por el presidente Donald Trump, quien ordenó el retiro de Estados Unidos de más de 60 organizaciones internacionales, convenciones y tratados, muchos de ellos vinculados directa o indirectamente a la estructura de la ONU. La Casa Blanca justificó la medida al sostener que esos organismos “ya no sirven a los intereses estadounidenses” y promueven “agendas ineficaces u hostiles”.
Entre las entidades abandonadas figuran casi cincuenta organismos del sistema de Naciones Unidas, muchos de ellos orientados al cambio climático, el feminismo, la ideología de género y la denominada “cooperación” internacional. También quedaron fuera tratados emblemáticos del multilateralismo, como la Convención Marco sobre el Cambio Climático, junto con paneles y estructuras que durante años se autoproclamaron autoridades globales, pese a sus resultados cuestionables y escaso impacto real.
El impacto financiero de esta decisión dejó al descubierto una verdad largamente ignorada: la ONU funciona, en los hechos, gracias al dinero estadounidense. Según datos internos del propio organismo, Estados Unidos concentra cerca del 95 % de la deuda total, unos 2.200 millones de dólares correspondientes a cuotas ordinarias de 2025 y 2026. Sin ese flujo de fondos, la organización dispone hoy de apenas seis meses de liquidez, lo que evidencia un esquema de funcionamiento insostenible.
