La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este lunes que el gobierno del presidente Donald Trump puede arrestar a cualquier persona que sospeche se encuentre en el país ilegalmente, revirtiendo así un fallo de un tribunal inferior que prohibía a los agentes de inmigración realizar patrullajes y detenciones.
Los seis magistrados que formaron la opinión mayoritaria del fallo explicaron que los oficiales de inmigración tienen derecho a detener personas para interrogarlas si se sospecha que son inmigrantes ilegales. El fallo lleva la firma del juez Brett Kavanaugh, designado por Trump durante su primer mandato.
“Aquí, las circunstancias que influyen son: que hay un número y un porcentaje extremadamente alto de inmigrantes ilegales en Los Ángeles; (...) que esas personas suelen trabajar en ciertos tipos de empleos (...) que no requieren papeleo y, por lo tanto, son especialmente atractivos para los inmigrantes ilegales; y que muchos de los que están ilegalmente en el área provienen de México o Centroamérica y no hablan mucho inglés”, fundamentó Kavanaugh.
Otra victoria para Trump: la Corte reactiva las operaciones del ICE en California
El ICE y la Patrulla Fronteriza vuelven a operar libremente en California.
Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza a cargo del operativo en la ciudad californiana, ha calificado la operación como un éxito que ha sacado "lo peor de lo peor del área." Gran parte de los arrestos han sido ejecutados en los estacionamientos de Home Depot, en autolavados y en granjas, lugares cuya fuerza laboral proviene principalmente de la inmigración ilegal.
Sin embargo, el pasado 11 de julio, una jueza demócrata de un tribunal inferior emitió una orden de restricción temporal que paralizó las actividades del ICE y la Patrulla Fronteriza en la zona. Dos semanas después, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. estuvo de acuerdo con el fallo de esta magistrada.
La Casa Blanca apeló estos dos fallos al máximo tribunal y logró que las redadas migratorias vuelvan a tener efecto legal en Los Ángeles. Los abogados del gobierno argumentaron que la presencia de indocumentados generalizada en el Distrito Central de California, en donde 1 de cada 10 personas es un inmigrante ilegal, justifica las detenciones de los agentes.
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