La soberanía de Perú sobre una de sus infraestructuras estratégicas más importantes quedó en el centro de una disputa política, judicial y geopolítica tras un fallo que limitó el control estatal sobre el megapuerto de Chancay, una instalación clave construida por una empresa del régimen chino.
La controversia comenzó el 29 de enero, cuando un tribunal peruano ordenó al organismo regulador local abstenerse de ejercer “facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción” sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, operado por la empresa estatal china Cosco Shipping.
Esta decisión judicial restringe significativamente la capacidad del Estado peruano para supervisar directamente el funcionamiento del puerto, una infraestructura estratégica ubicada en territorio nacional.













