
La policía británica arrestó a miles de personas por publicar mensajes en las redes
En 2023, las fuerzas de seguridad efectuaron 12.183 detenciones debido a publicaciones "ofensivas" en redes sociales.
En un acto digno de una dictadura, las fuerzas de seguridad del Reino Unido están llevando a cabo más de 30 arrestos diarios debido a publicaciones consideradas "ofensivas" en redes sociales y otras plataformas digitales.
Miles de personas están siendo detenidas e investigadas por enviar mensajes que generan "molestias", "incomodidad" o "ansiedad" a otras personas mediante Internet, llamadas telefónicas o por correo.
Según los datos de arrestos obtenidos por el medio The Times, la policía británica realiza aproximadamente 12.000 detenciones anuales amparadas en el artículo 127 de la Ley de Comunicaciones de 2003 y el artículo 1 de la Ley de Comunicaciones Maliciosas de 1988.
Estas normativas sancionan el envío de mensajes que puedan provocar angustia, ya sea por su carácter "groseramente ofensivo" o por contener material "indecente, obsceno o amenazante" difundido a través de redes de comunicación electrónica.

Durante 2023, 37 fuerzas policiales diferentes efectuaron 12.183 detenciones, lo que equivale a cerca de 33 por día. Esta cifra representa un incremento de casi un 58% en comparación con el período previo a la pandemia. En 2019, se registraron 7.734 arrestos.
Las cifras generaron preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, quienes argumentan que las autoridades están ejerciendo una vigilancia excesiva sobre Internet y comprometiendo la libertad de expresión al aplicar autoritarias leyes de comunicación.
Hay diversas razones por las cuales muchas detenciones no terminan en condenas, entre ellas los acuerdos extrajudiciales. Sin embargo, el motivo más habitual es la falta de pruebas suficientes, especialmente cuando la víctima se niega a colaborar o a avanzar con acciones legales.
La semana pasada, The Times reveló que la policía de Hertfordshire desplegó a seis agentes para arrestar a una pareja y mantenerlos encerrados durante ocho horas, luego de que la escuela primaria de su hijo se quejara por la cantidad de correos electrónicos enviados y por ciertos comentarios considerados "ofensivos" en un grupo de WhatsApp.
Maxie Allen, de 50 años, y Rosalind Levine, de 46, fueron interrogados bajo sospecha de "acoso", "comunicaciones maliciosas" y "alteración del orden público" en el ámbito escolar. Después de una investigación de cinco semanas, las autoridades determinaron que no era necesario proceder con ninguna acción penal.

Uno de los oficiales también señaló que incluso representantes electos podrían ser considerados "sospechosos de acoso" si continuaban manifestando su apoyo hacia la pareja.
Andy Prophet, jefe de la policía de Hertfordshire, respaldó el autoritario accionar de sus agentes, alegando que se habían emitido "advertencias previas" y que todo se realizó conforme a la ley. No obstante, reconoció que "visto en retrospectiva, podríamos haber alcanzado los mismos objetivos de otra forma".
El fin de la libertad de expresión
Por otra parte, Jake Hurfurt, director de investigaciones en Big Brother Watch, una organización que defiende los derechos civiles, calificó como "profundamente alarmante" el incremento en los arrestos por delitos vinculados a publicaciones en redes sociales.
Según expresó: "La policía parece estar invirtiendo una enorme cantidad de tiempo en detener a personas por publicar contenido en línea que, si bien puede resultar ofensivo, no constituye un delito. El uso reiterado de leyes ambiguas sobre comunicaciones representa una amenaza directa a la libertad de expresión en Internet".
Agregó: "Las fuerzas de seguridad deben recordar que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que solo deberían intervenir en casos donde sea realmente indispensable. Las detenciones innecesarias por publicaciones en redes sociales generan un efecto intimidante que podría socavar nuestra cultura democrática".
Respecto a los arrestos, aseguró: "Estos datos son extremadamente preocupantes, y el ministro del Interior debería ordenar una revisión independiente sobre cómo se están llevando a cabo los arrestos por expresiones en línea y el estado actual de la libertad de expresión en el Reino Unido".
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