Por presión de Trump, Venezuela aprobó la amnistía de todos los presos políticos

Durante la semana anterior, la discusión legislativa fue suspendida debido a diferencias sobre una modificación que podría limitar el acceso al beneficio a quienes no se presenten físicamente ante tribunales venezolanos.

Organizaciones civiles y familiares de presos políticos expresaron preocupación por la ambigüedad del artículo, al considerar que podría excluir en la práctica a figuras opositoras fuera del país.

Entre los nombres mencionados en el debate público figuran líderes como María Corina Machado y Edmundo González, quienes permanecen fuera de Venezuela y enfrentan procesos judiciales abiertos. Sectores críticos advierten que la exigencia de comparecer ante la justicia podría convertirse en un obstáculo para su eventual retorno.

Tras una extraordinaria presión del gobierno de Donald Trump, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una ley de amnistía general que podría beneficiar a cientos de presos políticos, en medio de un nuevo escenario político tras la detención del exdictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La iniciativa fue impulsada por la presidente interina Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro. El proyecto fue aprobado en segunda discusión, luego de una sesión de aproximadamente dos horas, tras una semana de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el alcance de la medida.

El texto contempla delitos y faltas ocurridos durante los 27 años de gobiernos chavistas y establece como condición principal que quienes deseen acogerse a la amnistía ''estén a derecho o se pongan a derecho'', es decir, que comparezcan ante la justicia venezolana. Este requisito fue uno de los puntos más debatidos, especialmente por su posible impacto en activistas y dirigentes opositores que se encuentran en el exilio.

De acuerdo con distintas organizaciones no gubernamentales, actualmente más de 600 personas permanecen detenidas por motivos políticos en el país. Aunque el Gobierno ha anunciado en las últimas semanas la liberación de un ''número importante'' de detenidos, la ONG reporta que hasta ahora se han registrado 383 excarcelaciones y sostiene que el ritmo sigue siendo insuficiente.

El proyecto de ley también establece exclusiones. No podrán acogerse a la amnistía quienes estén implicados en delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción, crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos. Tampoco aplicará para personas vinculadas con acciones armadas contra el Estado.

Desde el oficialismo, la norma fue presentada como un paso hacia la reconciliación nacional y la superación de la polarización política que ha marcado al país durante más de dos décadas. Voceros parlamentarios señalaron que la medida busca ''cerrar heridas'' y promover la convivencia democrática en una nueva etapa institucional.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos insisten en que la efectividad de la ley dependerá de su aplicación práctica y de que no existan restricciones que limiten el acceso real a la libertad plena. Familiares de detenidos reclaman que la amnistía se traduzca en liberaciones definitivas y sin condiciones adicionales.

La aprobación de la ley marca así un momento clave en la transición política venezolana, en un contexto de reconfiguración del poder y de expectativas sobre posibles cambios en el sistema judicial y en la situación de los derechos humanos en el país.