El Ejército británico dio un polémico e innovador paso en la adaptación de su doctrina militar a los conflictos del siglo XXI con la consolidación de la Brigada 77, una unidad especializada en operaciones psicológicas, análisis digital y uso estratégico de redes sociales para influir en poblaciones locales y contrarrestar la propaganda adversaria.
El origen de esta brigada se remonta a las lecciones aprendidas durante la guerra en Afganistán, donde quedó en evidencia que el control territorial y la superioridad militar no garantizan la victoria si se pierde la batalla por la opinión pública. Desde entonces, el Reino Unido avanzó en institucionalizar la llamada “guerra informativa”, entendiendo que la percepción, la narrativa y el flujo de información pueden ser tan decisivos como la fuerza armada tradicional.
Keir Starmer, primer ministro del Reido Unido, por el Partido Laborista.
La Brigada 77 tiene como misión oficial utilizar herramientas no letales y palancas no militares para “adaptar comportamientos” de fuerzas adversarias. En la práctica, esto incluye el monitoreo de actividad online, el análisis de perfiles digitales, la identificación de tendencias comunicacionales y el diseño de campañas destinadas a debilitar la influencia enemiga y ganar apoyo en el terreno. Todo ello se desarrolla dentro del marco de lo que Londres define como "operaciones legítimas de información".
El nombre de la unidad no es casual. Rinde homenaje a los Chindits, una fuerza británica de la Segunda Guerra Mundial que operó en Birmania con tácticas no convencionales contra el ejército japonés. Aquella lógica de infiltración e influencia fue trasladada, décadas más tarde, al plano digital. Incluso la estructura interna de la brigada mantiene referencias históricas, con subunidades denominadas “Columnas”.
Con el reconocimiento formal del ciberespacio como un nuevo teatro de guerra, la Brigada 77 pasó a integrarse de manera activa en la 6ª División del Ejército británico, con equipos específicos dedicados a operaciones digitales y guerra de la información. Su rol no se limita a escenarios bélicos tradicionales, sino que también puede extenderse al "apoyo de autoridades civiles", disparando reflexiones sobre su potencial uso político.
Un caso paradigmático fue su participación durante la pandemia de COVID-19, cuando colaboró con el gobierno británico en la detección y neutralización de "campañas de desinformación" vinculadas al virus. Esa intervención, sin embargo, abrió un debate sensible sobre los límites entre seguridad, control informativo y libertades civiles.
Organizaciones y sectores críticos advirtieron sobre el riesgo de que herramientas diseñadas para conflictos externos deriven en mecanismos de vigilancia sobre la propia población. El uso de monitoreo digital para perfilar conductas y señalar contenidos plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y la posibilidad de espionaje ciudadano, especialmente en un contexto donde la frontera entre desinformación y opinión crítica resulta cada vez más difusa.
Miembros de la brigada 77.
Desde el Ministerio de Defensa británico aseguran que la Brigada 77 actúa bajo marcos legales estrictos y en coordinación con autoridades civiles, descartando cualquier uso indebido. No obstante, el precedente es claro: el espacio digital dejó de ser neutral y pasó a formar parte del campo de batalla.
El dilema no es exclusivo del Reino Unido. Las democracias occidentales enfrentan el mismo desafío: cómo defenderse de la guerra informativa sin erosionar derechos fundamentales. En ese frágil equilibrio, la Brigada 77 se convirtió en un caso testigo de una transformación que ya está en marcha en distintos ejercitos del mundo.
