El gobierno laborista de Keir Starmer anunció que prohibirá el acceso a redes sociales para menores de 16 años a partir de 2027. La iniciativa es presentada como una medida para proteger a los jóvenes, pero para muchos observadores representa un nuevo paso en la expansión del control estatal sobre la vida digital de los ciudadanos.
La propuesta obligará a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad cada vez más sofisticados para determinar quién puede acceder a servicios como X, Instagram, TikTok o Facebook. En la práctica, esto implica que millones de usuarios deberán demostrar quiénes son para poder utilizar herramientas que hasta ahora funcionaban bajo un esquema mucho más abierto.
La excusa de la seguridad
Como suele ocurrir con muchas iniciativas regulatorias, el argumento principal es la protección de los menores. Sin embargo, los críticos sostienen que cada nueva restricción se traduce en una reducción de la libertad individual y en un aumento de la capacidad de vigilancia del Estado.
La pregunta que surge es evidente: ¿cómo verificará el gobierno quién tiene menos de 16 años sin exigir mayores niveles de identificación digital para toda la población?
Para numerosos defensores de las libertades civiles, la respuesta es preocupante. Una infraestructura diseñada para controlar la edad puede convertirse fácilmente en una infraestructura capaz de monitorear la identidad de los usuarios, registrar actividades online y limitar el anonimato en internet.
Un modelo cada vez más intervencionista
La medida encaja dentro de una tendencia más amplia observada en varios países occidentales, donde los gobiernos buscan regular crecientes aspectos de la actividad digital.
