El Gobierno de Rodrigo Paz respondió al ultimátum del exdictador, que exige derogar las medidas que eliminaron el subsidio al diésel y modificaron el régimen de las empresas públicas. Morales anunció movilizaciones nacionales a partir del 13 de octubre si sus demandas no son atendidas.
El Gobierno boliviano elevó este domingo la tensión con el exdictador Evo Morales después de que el dirigente anunciara nuevas movilizaciones contra las medidas económicas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que ninguna persona puede situarse por encima de la ley, independientemente de su trayectoria política o de su capacidad para movilizar sectores sociales.
La advertencia llegó un día después de que Morales encabezara un encuentro con sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, donde estableció el 3 de octubre como plazo para que el Gobierno derogue determinadas normas. En caso contrario, sus organizaciones anunciaron una movilización nacional a partir del 13 de octubre.
Javier Milei junto a Rodrigo Paz
Uno de los principales reclamos es la derogación del Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel. Morales también exige la anulación de la normativa relacionada con la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas, medidas que su sector considera parte de un giro económico contrario a sus intereses.
Morales afirmó ante sus seguidores que, si el Ejecutivo no retrocede, las movilizaciones comenzarán “de a malas”. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que las diferencias políticas deben resolverse dentro de las instituciones y rechaza que los bloqueos de carreteras sean utilizados como mecanismo de presión.
Justiniano sostuvo que esas acciones deben desarrollarse dentro del marco legal. El ministro también recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra el expresidente y le pidió presentarse ante la Justicia para ejercer su defensa con las garantías constitucionales.
La situación se produce después de más de 50 días de bloqueos registrados entre mayo y junio, que provocaron problemas de abastecimiento y circulación y dejaron al menos 16 muertos, según EFE. El Gobierno atribuyó parte de la crisis a las protestas y posteriormente extendió el estado de excepción por otros 90 días, hasta diciembre.
Terroristas bolivianos vinculados a Evo Morales
La disputa también está vinculada con la situación económica del país. El Gobierno de Paz busca reducir el costo de los subsidios a los combustibles y avanzar con una reorganización de las empresas estatales, mientras los sectores vinculados a Morales rechazan esas medidas y reclaman su derogación.
Por ahora, ambas partes mantienen posiciones enfrentadas: Morales plantea nuevas movilizaciones si el Ejecutivo no modifica sus decretos, mientras el Gobierno afirma que garantizará el cumplimiento de la ley, la libre circulación y el abastecimiento de la población.
