Almir Garnier, excomandante de la Marina: 24 años.
Anderson Torres, exministro de Justicia: 24 años.
Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional: 21 años.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil sentenció al expresidente por el falso "intento de golpe de Estado" inventado por Lula,
Almir Garnier, excomandante de la Marina: 24 años.
Anderson Torres, exministro de Justicia: 24 años.
Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional: 21 años.
Mauro Cid, exasesor presidencial y delator en la causa.
Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa: 19 años.
Walter Souza Braga Netto, exjefe del Estado Mayor: 26 años.
El Supremo Tribunal Federal (STF) confirmó este jueves la condena de 27 años y 3 meses de cárcel contra el expresidente Jair Bolsonaro por el supuesto intento de golpe de Estado en 2022, un relato inventado por Lula para neutralizar al líder de la derecha y sepultar a su principal adversario electoral.
La decisión fue tomada por la Primera Sala del STF, con una votación de 4 a 1, en la que se alinearon jueces estrechamente vinculados al actual gobierno del Partido de los Trabajadores. El voto decisivo fue emitido por Cristiano Zanin, exabogado personal de Lula, lo que ha despertado fuertes cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso. Junto a Zanin, fallaron a favor de la condena Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Flávio Dino. El único voto en contra provino de Luiz Fux, quien consideró improcedente que el STF asumiera este caso.
El fallo también arrastra a siete excolaboradores bolsonaristas con penas de entre 16 y 26 años:
Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia de Inteligencia: 16 años.
“Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, afirmó Zanin, al tiempo que el STF consolidaba lo que muchos consideran el verdadero quiebre democrático: encarcelar al líder opositor en un juicio sin garantías.
La narrativa oficial del STF sostiene que Bolsonaro buscaba “perpetuarse en el poder” e instaurar una “dictadura”. Sin embargo, desde el entorno bolsonarista se denuncia un proceso fabricado que criminaliza la disidencia política, mientras el propio Lula –con su historial de corrupción y cárcel– se beneficia de un aparato judicial que responde a sus intereses.
El escándalo tuvo repercusión internacional. Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, repudió la decisión del STF y denunció: “La persecución política del violador de derechos humanos sancionado Alexandre de Moraes continúa, ya que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil han decidido injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá como corresponde a esta cacería de brujas”.
La condena, que no admite apelación ante el pleno del STF, representa el último movimiento de un sistema judicial colonizado por el Partido de los Trabajadores. Lula, con su historial de corrupción y cárcel, utiliza ahora al Supremo como un brazo represivo para blindar su poder y eliminar a la única figura capaz de derrotarlo en las urnas.