Suiza rechazó limitar su población a 10 millones y crece la preocupación por la inmigración masiva

El punto más sensible era la relación con la Unión Europea. Si la población superaba los 10 millones durante dos años consecutivos, Suiza debía poner fin al acuerdo de libre circulación de personas con el bloque europeo, una decisión que podía derivar en un fuerte conflicto diplomático y comercial con Bruselas.

Ese escenario fue utilizado por el Gobierno federal, el Parlamento y buena parte del sector empresarial junto a la izquierda para oponerse a la medida. Los detractores de la iniciativa advirtieron que un quiebre con la Unión Europea podía afectar el mercado laboral, el comercio y sectores que dependen de trabajadores extranjeros, como la salud y los servicios.

Sin embargo, el Partido Popular Suizo defendió la propuesta con el argumento de que el país ya enfrenta una presión creciente sobre la vivienda, el transporte, los programas sociales, los recursos naturales y el modo de vida local. Desde 2002, cuando Suiza y la Unión Europea flexibilizaron la circulación de trabajadores, la población suiza creció con fuerza y llegó a unos 9,1 millones de habitantes.

Aunque el referéndum fue rechazado, el 45% obtenido por el “sí” confirma que la discusión está lejos de cerrarse. Suiza no aprobó el límite demográfico, pero el malestar por la inmigración y la presión sobre los servicios públicos quedó instalado como uno de los grandes temas de la agenda política europea.

La propuesta, conocida como “iniciativa de sostenibilidad”, establecía que la población del país no debía superar los 10 millones de habitantes antes de 2050. En caso de que Suiza alcanzara los 9,5 millones antes de esa fecha, el Gobierno quedaría obligado a aplicar restricciones sobre el asilo, la reunificación familiar y los permisos de residencia.