El Tribunal Supremo de España rechazó el pedido de VOX e Iustitia Europa para extender la suspensión del derecho al voto a otros 189.678 ciudadanos nacionalizados mediante la denominada Ley de Nietos, una decisión que permitirá a ese colectivo participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La resolución supone un nuevo revés judicial para el reclamo de ambas formaciones, que buscan garantizar que el censo electoral de residentes ausentes (CERA) esté integrado por ciudadanos cuya nacionalidad y condiciones de inscripción puedan ser debidamente acreditadas.
El planteo de VOX apuntaba a que la revisión no se limitara a los descendientes que obtuvieron directamente la nacionalidad por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, sino que también alcanzara a sus hijos mayores de edad, incorporados posteriormente mediante otra vía contemplada en la misma normativa.
El argumento central era que, si existen cuestionamientos sobre la forma en que los progenitores accedieron a la nacionalidad española, también corresponde examinar las inscripciones de quienes adquirieron ese derecho a partir de ellos.
Sin embargo, los magistrados consideraron que iniciar una nueva revisión administrativa y judicial a pocos días de los comicios podría comprometer la organización electoral y la estabilidad del proceso.
VOX buscaba ampliar la revisión del censo electoral antes del 29N
La controversia tiene su origen en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 durante el Gobierno de Pedro Sánchez, que abrió distintas vías para que descendientes de españoles pudieran acceder a la nacionalidad.
La primera permitió nacionalizarse a personas nacidas fuera de España cuyos padres, abuelos o abuelas hubieran sido españoles originarios y perdido o renunciado a su nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas o vinculadas con la orientación e identidad sexual.
La segunda vía extendió esa posibilidad a los hijos mayores de edad de quienes habían conseguido la nacionalidad mediante esta disposición o a través de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
