El primer ministro de izquierda del Reino Unido, Keir Starmer, anunció que su Gobierno avanzará con la nacionalización de la siderúrgica British Steel, una de las compañías industriales más importantes que aún sobreviven en el país.
La decisión representa un nuevo giro intervencionista del Gobierno laborista y se produce en medio de una creciente presión política sobre Starmer tras los malos resultados electorales sufridos por su partido en los recientes comicios locales y regionales.
El laborismo vuelve a apostar por el control estatal
Durante un discurso en Londres, Starmer confirmó que esta semana presentará una ley para otorgar al Ejecutivo británico poderes especiales que permitan tomar el control total de British Steel.
“Puedo anunciar que esta semana se presentará una ley que otorgará al Gobierno poderes para adquirir la propiedad total de British Steel”, afirmó el líder laborista.
El Gobierno justificó la medida asegurando que no fue posible alcanzar un acuerdo privado viable para salvar a la empresa.
Una industria golpeada por los altos costos y la crisis energética
British Steel atraviesa desde hace años fuertes problemas financieros vinculados a:
Los elevados costos energéticos en Reino Unido
La competencia internacional
El exceso global de producción de acero
La pérdida de competitividad industrial británica
La empresa abastece sectores estratégicos como:
Construcción
Ferrocarriles
Industria automotriz
El cierre de la planta de Scunthorpe habría implicado la pérdida de 2.700 empleos directos y miles de puestos adicionales vinculados a proveedores y cadenas logísticas.
El fracaso del modelo laborista
La nacionalización marca además un fuerte contraste con décadas de apertura económica impulsadas desde la era de Margaret Thatcher, quien había privatizado British Steel en 1988.
Ahora, el Gobierno laborista vuelve a colocar al Estado como actor central en la economía, en una decisión que genera preocupación en sectores empresariales y financieros.
