Trata de menores, corrupción y acusaciones de desestabilización: las causas que acorralan a Evo Morales

El ex dictador boliviano Evo Morales atraviesa el momento judicial y político más complicado desde que dejó el poder en 2019. Mientras continúa refugiado en el Chapare rodeado de seguidores y organizaciones sindicales afines, el líder del MAS enfrenta múltiples causas judiciales que incluyen acusaciones de trata agravada de personas, corrupción, sedición y presunta instigación de protestas contra el actual gobierno constitucional de Rodrigo Paz.

La causa más grave contra Morales es la investigación por trata agravada de personas vinculada a una presunta relación con una menor de edad durante su etapa presidencial. Según la Fiscalía boliviana, el ex mandatario habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años con quien incluso habría tenido una hija. El caso fue reactivado en 2024 y actualmente ya se encuentra en etapa de juicio oral.

Pero las causas judiciales no terminan allí. El gobierno de Rodrigo Paz también acusa a Morales de promover activamente la ola de protestas, bloqueos y disturbios que paralizan distintas regiones del país desde comienzos de mayo. Las autoridades sostienen que el ex líder del MAS intenta generar una crisis institucional para forzar la caída del gobierno constitucional mediante presión callejera y desestabilización política.

El pasado 11 de mayo, la Justicia boliviana declaró a Morales en rebeldía luego de que no se presentara ante el tribunal de Tarija encargado del proceso. El juez ordenó su captura y ratificó restricciones migratorias y patrimoniales en su contra.

La Fiscalía boliviana incluso anticipó que solicitará una condena de hasta 20 años de prisión para el ex mandatario por el delito de trata agravada.

Durante los últimos días, Morales incluso llegó a darle “90 días” a Rodrigo Paz para abandonar el poder y llamó públicamente a profundizar el “cerco total” sobre La Paz. Mientras tanto, grupos afines al evismo protagonizaron enfrentamientos con la Policía, bloqueos de rutas y protestas violentas que dejaron muertos, heridos y graves problemas de abastecimiento en varias ciudades bolivianas.

El gobierno boliviano denunció además que algunas de las protestas podrían estar financiadas por redes vinculadas al narcotráfico y acusó directamente a Morales de intentar “romper el orden constitucional”.

Ademas, el deterioro de su situación judicial y el creciente aislamiento internacional complican cada vez más el futuro político del ex dictador, que durante casi dos décadas dominó la política boliviana y hoy enfrenta el riesgo real de terminar detenido y condenado.