Bosnia: la colonia que Occidente ya no puede sostener

Cuando Javier Milei denuncia ante la ONU un ''modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales'' que se arroga el derecho de imponerles a los pueblos un modo de vida, muchos progresistas ponen los ojos en blanco y lo tratan de exagerado.

Bosnia y Herzegovina es la prueba de que no exagera nada. Ese pequeño país balcánico, partido tras la sangrienta guerra de los años noventa entre serbios, croatas y bosníacos (los musulmanes locales), se convirtió en el laboratorio donde esa lógica se llevó hasta el extremo: un país entero de Europa administrado por decreto, con su soberanía confiscada ''por su propio bien'', durante 30 años.

Los argentinos, que sabemos lo que es que organismos extranjeros pretendan tutelar nuestras decisiones y que llevamos casi dos siglos reclamando Malvinas contra la misma prepotencia de las potencias que reparten mapas ajenos, tenemos motivos de sobra para mirar de cerca lo que acaba de ocurrir allí.

Ese engendro acaba de agrietarse. Durante casi cinco años, un burócrata alemán al que nadie eligió gobernó Bosnia con poderes que ninguna democracia del planeta toleraría. Christian Schmidt, el hombre que llegó a Sarajevo prometiendo ser el último Alto Representante y que se marchó defendiendo con uñas y dientes el mismísimo cargo que había jurado desmantelar, presentó su renuncia el 11 de mayo de 2026, acorralado por una presión que él mismo describió como ''enorme e inesperada'' y que venía, sin eufemismos, de Washington. El 1 de julio su dimisión se hizo efectiva. Desde entonces el puesto lo ocupa, de forma interina, el diplomático estadounidense Louis J. Crishock.

En las cancillerías del progresismo occidental tratarán esto como un simple relevo administrativo. Es muchísimo más que eso. Es el derrumbe de credibilidad más profundo que ha sufrido el aparato de tutela internacional impuesto sobre Bosnia tras los Acuerdos de Dayton (el pacto que puso fin a la guerra en 1995 bajo mediación estadounidense), y obliga a formular la pregunta que la clase dirigente occidental lleva casi tres décadas escondiendo bajo la alfombra: si el modelo entero no habrá agotado por completo su legitimidad.

Digámoslo sin vueltas. Bosnia es el único Estado de Europa donde un funcionario extranjero, designado por potencias foráneas, tiene la autoridad legal para dictar leyes, destituir gobiernos electos, reescribir constituciones y expulsar a políticos de sus cargos. Durante 30 años nos vendieron este dispositivo como una necesidad para preservar la paz. La verdad salta a la vista: nunca fue otra cosa que imperialismo disfrazado con la palabrería de los derechos humanos.

Que nadie crea que se trata de una potestad teórica. Los Altos Representantes han removido a decenas de funcionarios electos, jueces y diputados a lo largo de los años, de un plumazo y sin apelación posible. Cuando los políticos bosnios no lograron ponerse de acuerdo sobre la bandera y el himno de su propio país, fue la Oficina la que los eligió por ellos. Hasta las patentes de los automóviles y la moneda común fueron fijadas por decreto extranjero. Es difícil imaginar una imagen más nítida de lo que significa un pueblo al que se le retira, uno por uno, cada atributo de la soberanía "para su propio bien".

Quienes edificaron el orden de posguerra en Bosnia creyeron, con la arrogancia típica de los ingenieros sociales de los años noventa, que las instituciones "correctas" impuestas desde arriba podían convertir un país destrozado en una democracia funcional. Se equivocaron de cabo a rabo. No produjeron democracia: produjeron dependencia. Un país congelado en una adolescencia tutelada perpetua, incapaz de desarrollar los músculos políticos que exige el autogobierno, porque toda disputa seria podía resolverla siempre una autoridad externa.

Dayton detuvo la matanza. Pero engendró un sistema de reparto étnico del poder de una complejidad delirante: tres presidentes, catorce parlamentos, estructuras de veto superpuestas. Todo pensado para impedir la dominación de un grupo sobre otro. Lo que produjo, en cambio, fue parálisis pura. Los gobiernos tardan meses en formarse, las reformas se pudren en un cajón y cada disputa importante termina resolviéndose por intervención extranjera.

La Oficina del Alto Representante (OHR), concebida como algo temporal, mutó tras los Poderes de Bonn de 1997 (el paquete de atribuciones que le entregaron las potencias supervisoras) en otra cosa muy distinta: un gobierno en la sombra con capacidad de meter la mano directamente en la política de un país soberano. Un funcionario extranjero, que no le rinde cuentas a ningún votante bosnio, acumuló poderes que ningún gobierno democrático del mundo aceptaría ni por un segundo. Treinta años después, la supervisión foránea sigue clavada en su sitio. En algún punto, un arreglo transitorio se convierte, lisa y llanamente, en una administración colonial permanente.

Así es exactamente como se lo entiende en la República Srpska, la entidad de mayoría serbia que, junto a la Federación bosnio-croata, compone las dos mitades del Estado bosnio. Allí la OHR no es una institución de construcción de paz: es una potencia ocupante. El agravio tiene peso jurídico. Christian Schmidt jamás fue confirmado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia y China se negaron a avalar su nombramiento. Aun así, siguió dictando leyes vinculantes y reordenando el país por encima de las objeciones de buena parte de su población. En Banja Luka, la capital de esa entidad serbia, eso no se percibe como defensa de la democracia, sino como su negación pura y simple.

El caso Dodik desnuda la contradicción medular del sistema bosnio. Dodik, el líder serbobosnio aliado de Moscú, fue procesado e inhabilitado bajo una ley impuesta por Schmidt mediante decreto. Un funcionario extranjero escribió la ley. Un político electo fue perseguido por desafiarla. Que a los progresistas europeos esto les parezca ''Estado de derecho'' dice más de ellos que de Dodik. Que Washington levantara en 2025 las sanciones contra Dodik y sus asociados fue la primera señal del giro: del aislamiento hacia el diálogo con la República Srpska.

En la República Srpska el episodio no se lee como una defensa de la ley, sino como la prueba de que la OHR puede convertir el sistema legal en un arma contra los adversarios políticos. Confirmó una sospecha que nunca terminó de disiparse: que Bosnia no es un Estado nacido del consentimiento genuino de sus pueblos, sino una construcción impuesta desde afuera y sostenida por la fuerza. Esa sospecha incomoda a los arquitectos de Dayton. Pero, a la vista de los hechos, no es enteramente falsa.

Sería deshonesto ignorar la otra cara, y aquí no hacemos periodismo militante de una sola pierna. Desde la perspectiva bosníaca, la de la comunidad musulmana concentrada en torno a Sarajevo, la OHR no es una imposición imperial sino un salvavidas. Para muchos allí sigue siendo la garantía de seguridad frente a un nuevo secesionismo. La retórica que llega desde la República Srpska no es teórica, y la relación de Dodik con Moscú no es un detalle menor. Quienes temen que una retirada occidental prematura haga saltar por los aires lo poco que queda de estabilidad no son unos paranoicos: son personas que ya vieron a su país derrumbarse una vez. Aquí está el nudo de todo el asunto: estabilizar y resolver son dos cosas distintas. La OHR ha entregado lo primero durante 30 años mientras hacía lo segundo cada vez más improbable, y un miedo legítimo no basta para justificar lo segundo. El derecho de un pueblo a sentirse seguro no autoriza a mantener a tres pueblos bajo tutela indefinida.

El descontento con Dayton tampoco se limita a los serbios. Los croatas, la más pequeña de las tres comunidades del país, son quizá los grandes perdedores del sistema: el arreglo de posguerra les ha ido vaciando la voz política hasta dejarla en poco más que un adorno. El mecanismo es tan sencillo como escandaloso. Croatas y bosníacos votan en la misma circunscripción, de modo que el electorado bosníaco, mucho más numeroso, puede imponer y de hecho impone una y otra vez quién ocupa el asiento croata de la Presidencia. Dicho sin rodeos: el representante ''croata'' del Estado termina siendo elegido por votos que no son croatas. 

Y el problema no termina en la Presidencia. Los representantes croatas denuncian desde hace años que su pueblo también está sistemáticamente infrarrepresentado en las instituciones comunes del Estado. Según los datos presentados por la parte croata, en las seis misiones diplomáticas más importantes de Bosnia y Herzegovina los croatas apenas representan alrededor del diez por ciento del personal. En Washington y ante las Naciones Unidas, sostienen, no hay actualmente ni un solo diplomático croata. Desde esta perspectiva, la elección del miembro croata de la Presidencia no es una anomalía aislada, sino la manifestación más visible de un patrón más amplio de marginación política e institucional.

Es la negación misma de aquello que Dayton juró garantizar, la igualdad política entre los pueblos constituyentes, convertida en una farsa aritmética. No sorprende que buena parte de los croatas de Bosnia haya perdido la paciencia con los remiendos y reclame desde hace años una solución de fondo: una tercera entidad, propia, que los ponga por fin en pie de igualdad con serbios y bosníacos, cada uno con su territorio y su autogobierno. No es la única propuesta sobre la mesa, pero que se plantee con tanta insistencia dice todo sobre el grado de frustración acumulado.

El Parlamento croata acaba de dar un paso concreto en esa dirección, aunque por una vía distinta: no la de una tercera entidad, sino la de un rediseño federal del Estado existente. El 15 de julio de 2026, en el último día de su sesión de primavera, el Sabor aprobó una resolución para reforzar la posición política de los croatas en Bosnia, impulsada conjuntamente por el Movimiento Patriótico (Domovinski pokret, un partido de derecha que integra la coalición de gobierno) y el gobernante HDZ, el partido del primer ministro Andrej Plenković. El texto reclama, entre otras medidas, una circunscripción electoral propia para elegir al miembro croata de la Presidencia y consagra el principio del federalismo como marco adecuado para Bosnia. No fue un gesto aislado de una fracción, sino un acto de Estado en toda regla: la resolución se aprobó con 83 votos a favor, tres abstenciones y uno solo en contra, con un respaldo que atravesó el arco parlamentario de izquierda a derecha. 

Incluso Plenković, identificado desde hace años con la línea más proeuropea de Croacia, terminó respaldando la resolución. El dato es significativo: la defensa de la igualdad política de los croatas de Bosnia ya no es una reivindicación exclusiva de la derecha nacional, sino una posición asumida por una amplia mayoría del Parlamento croata.

Es revelador que las únicas críticas serias no vinieran de quienes la consideraban excesiva, sino de la derecha soberanista, que le reprochó quedarse corta por no mencionar la tercera entidad. Desde Sarajevo, en cambio, la reacción fue de indignación: los dirigentes bosníacos denunciaron una ''injerencia inaceptable'' en los asuntos internos del país, la prueba misma de hasta qué punto incomoda que alguien defienda la igualdad de los croatas. No se trata de una injerencia al estilo del Alto Representante, sino de lo contrario: un Estado que se ocupa de los suyos, un parlamento electo que sale en defensa de un pueblo cuya igualdad el propio Dayton prometió y que hoy se ve preterido. Croacia no gobierna Bosnia por decreto; alza la voz por los croatas de Bosnia dentro del marco acordado, que es justamente lo que ninguna Oficina impuesta desde afuera ha sabido garantizar.

Lo más incómodo para Bruselas es que serbios y croatas, enfrentados durante décadas e incluso durante la guerra, hoy coinciden en un diagnóstico fundamental: el sistema de Dayton ya no garantiza la igualdad prometida. Esa convergencia quedó de manifiesto apenas dos días antes de la aprobación de la resolución, cuando el líder de la HDZ BiH, Dragan Čović, y el presidente de la SNSD, Milorad Dodik, se reunieron en Mostar y reclamaron conjuntamente la revocación de todas las decisiones impuestas por los Altos Representantes y la devolución de las competencias a las instituciones de Bosnia y Herzegovina. Discrepan profundamente sobre el futuro del país, pero comparten la convicción de que el actual modelo internacional ha agotado su legitimidad.

La conclusión de fondo es demoledora para el globalismo y su internacionalismo liberal, esa religión de las élites que confunde sus buenas intenciones con la realidad. La democracia no se impone desde afuera. Los sistemas administrados a perpetuidad por burócratas internacionales jamás aprenden a gobernarse solos. La administración Clinton levantó Dayton sobre la premisa de que el poder estadounidense, aplicado con suficiente voluntad y ''creatividad institucional'', podía reprogramar la cultura política de un país en ruinas. La administración de George W. Bush hizo la misma apuesta en Irak y Afganistán. Bosnia no ha sido más que una versión más lenta y silenciosa del mismo fracaso.

Y los hechos recientes parecen confirmar precisamente ese diagnóstico. Aquí está el dato que cambia el tablero respecto de hace apenas unos meses: los propios estadounidenses ya dejaron de fingir. Estados Unidos sostiene que el cargo debe mantenerse, pero exige que el próximo Alto Representante devuelva las riendas del poder a las instituciones bosnias. Que sea precisamente un diplomático norteamericano, Louis Crishock, quien ocupe ahora el puesto de forma interina, tras el fracaso repetido del Consejo de Implementación de la Paz (el organismo que designa a los Altos Representantes), para consensuar un sucesor permanente antes de su propia fecha límite del 14 de julio, lo dice todo.

Conviene no engañarse con la coreografía. Al nombrar a Crishock, el Consejo dejó por escrito que todas las decisiones de los Altos Representantes anteriores siguen en pie, y que cualquier intento de sortearlas será bloqueado. El hombre cambia; los Poderes de Bonn, ni se tocan. Es la misma lógica del establishment de siempre, la del ''más de lo mismo'', la que ha condenado a Bosnia durante tres décadas.

Mientras tanto, tres relojes marcan horas distintas: Washington quiere adelgazar la tutela, Rusia pidió abiertamente en mayo, ante el Consejo de Seguridad, el cierre inmediato de la oficina, y Bruselas y Berlín siguen aferrados al modelo como el náufrago al mástil. El consenso que sostuvo la OHR durante 30 años ya no existe. Se rompió desde dentro.

Europa no reevalúa nada. Alemania en particular sigue abrazada al modelo de la OHR y trata la oficina como garante indispensable de la estabilidad balcánica. Los alemanes no se equivocan al pensar que alguien tiene que ocuparse de la estabilidad del sudeste europeo. Se equivocan de medio a medio al concluir que este arreglo la produce en algún sentido duradero. Lo que produce es un estancamiento administrado: se previene la catástrofe pero no se resuelve nada, y la solución de los conflictos de fondo se pospone eternamente porque siempre hay un funcionario extranjero a mano para taparlos con parches.

La contradicción es escandalosa: hasta hace apenas unas semanas, el rostro de la tutela occidental sobre Bosnia era un político alemán. Alemania exigió durante décadas, tras la Segunda Guerra Mundial, su propia soberanía y su derecho a construir instituciones democráticas sin niñeras externas. Hoy es la principal defensora europea de un arreglo que le niega esos mismísimos derechos a Bosnia. Berlín sostiene un modelo que Washington abandona en silencio. Esa posición no es sostenible, y no se sostendrá.

La Unión Europea, por su parte, mantiene la misión militar EUFOR Althea (las tropas europeas de mantenimiento de la paz) y sigue respaldando políticamente la autoridad del Alto Representante. Los burócratas de Bruselas incluso clasificaron a Bosnia como país candidato oficial a la adhesión. Un acto de optimismo que roza el ridículo. La combinación es un chiste que se cuenta solo: un Estado supuestamente en camino de integrarse en una unión de democracias soberanas está, al mismo tiempo, siendo administrado por un funcionario con potestad para anular a voluntad las decisiones de su gobierno electo. Un país gobernado por decreto extranjero está siendo preparado para ingresar en un club de democracias soberanas. Que nadie en Bruselas vea la contradicción es, precisamente, el problema.

Wolfgang Petritsch, el diplomático austríaco que fue uno de los predecesores de Schmidt, ya sacó la conclusión lógica: las reformas pendientes podrían gestionarse dentro del propio proceso de adhesión a la UE. Más de tres décadas después del fin de la guerra, ya no queda justificación política para mantener la OHR. No es la postura de un exaltado: es la de un hombre que ocupó el cargo y sabe exactamente qué puede y qué no puede producir.

El propio Schmidt llegó al puesto soñando, según sus palabras, con ser el último Alto Representante, cerrar la oficina y devolverle a Bosnia su plena soberanía. No fue así. El país no había implementado las reformas necesarias, declaró, y por tanto la oficina seguía siendo esencial. Se marcha repitiendo el mismo argumento de siempre: indispensable, inacabada, necesaria. El hombre que quería enterrar la OHR se despidió como su sepulturero arrepentido. Las instituciones casi nunca declaran cumplida su propia misión: prefieren volverse eternas.

No nos engañemos: la función estabilizadora de corto plazo de la OHR es real. Retirar la autoridad externa de golpe podría desatar el caos. La dirigencia de la República Srpska ha dado señales de sobra de que explotaría con avidez cualquier vacío. Los temores de Sarajevo no son un invento, e incluso los críticos de la OHR aceptan que la presencia militar de EUFOR sigue siendo un disuasivo importante contra la escalada.

Pero un país cuyos conflictos políticos son gestionados a perpetuidad por una autoridad externa jamás desarrolla los mecanismos para gestionarlos por sí mismo. El músculo se atrofia por falta de uso. Es la ley de hierro de todo paternalismo: infantiliza a quien dice proteger.

Dayton frenó la matanza. Ese mérito es innegable. Pero el sistema político que surgió de él no creó, al final, las condiciones para una comunidad política capaz de gobernarse sola. Creó un país en quiebra tutelada permanente, con las divisiones étnicas institucionalizadas en lugar de superadas y con una política incapaz de madurar, porque la madurez exige la posibilidad del fracaso genuino y de la rendición de cuentas genuina. La tragedia es que quienes construyeron Dayton y sostuvieron la OHR a lo largo de sus mutaciones jamás contemplaron en serio la posibilidad de estar equivocados. Ajustaban el modelo una y otra vez, un poder más aquí, un mandato prorrogado allá, un decreto nuevo, otra advertencia solemne, y cuando nada de eso producía un Estado democrático autosuficiente, concluían que la solución era más de lo mismo. Es el reflejo eterno del planificador: si el plan falla, el problema nunca es el plan; es que hizo falta más plan.

La renuncia de Schmidt no cierra esa historia. No disuelve la OHR ni restaura la soberanía bosnia. No resuelve ninguna de las disputas de fondo que han hecho a Bosnia ingobernable durante tres décadas. Que su reemplazo interino sea, otra vez, un funcionario internacional lo confirma. Pero hace algo importante: señala, por primera vez desde dentro del propio sistema, que el modelo ha agotado su credibilidad incluso entre quienes lo manejan.

Si Bosnia ha de convertirse alguna vez en un país genuinamente soberano, la OHR tendrá que cerrar. No mañana, y no sin un ajuste de cuentas serio sobre lo que viene después. Pero los argumentos para clausurarla son hoy más fuertes que nunca, y los que piden prolongarla, más débiles que nunca. Durante 30 años se repitió que la supervisión externa era indispensable. En algún punto lo indispensable se vuelve indefinido, lo indefinido se vuelve permanente, y una administración colonial permanente, llámese como se la llame, es sencillamente incompatible con la democracia autogobernada que Occidente dice querer construir.

La paz, como enseña la historia de Bosnia, puede imponerse desde afuera. Los hábitos del autogobierno, la voluntad de negociar en vez de esperar a que un funcionario extranjero desate el nudo, la aceptación de la derrota política como algo distinto de una amenaza existencial, no. Esos hábitos se cultivan desde adentro, a través del conflicto, del compromiso y de la experiencia acumulada de una vida en común. Ninguna tutela internacional los ha producido jamás, y no hay una sola razón para pensar que lo hará. Un orden político que, después de 30 años, todavía necesita niñera extranjera podrá haber preservado la paz. Pero llamarlo un éxito democrático es mentir, así de simple. Esa es la lección que un argentino no debería dejar pasar: ningún burócrata extranjero, por buenas que jure tener sus intenciones, gobierna mejor un país que su propia gente. La soberanía no se delega. Se ejerce.