El exdirector del NIAID fue declarado en desacato al Congreso tras negarse a responder más de un centenar de preguntas sobre su gestión durante la pandemia y Trump reclamó que el Departamento de Justicia avance con una acusación penal.
En una contundente declaración desde el Despacho Oval, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió el procesamiento penal del Dr. Anthony Fauci. Esta enérgica demanda se produce inmediatamente después de que el exdirector del NIAID fuera declarado en desacato al Congreso por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado tras negarse sistemáticamente a rendir cuentas sobre su implicación en la pandemia de COVID-19.
Durante su comparecencia ante la prensa, Trump contrastó la escandalosa impunidad de la que goza el burócrata de la salud con la implacable persecución judicial sufrida por los exasesores de su gobierno, Steve Bannon y Peter Navarro, quienes cumplieron condenas de cuatro meses de prisión por cargos de desacato bajo la administración de Joe Biden.
Con profunda indignación, el mandatario estadounidense sentenció: "Lo que él hizo fue mucho más serio que muchos crímenes de otras personas que fueron procesadas, nunca antes había sucedido algo así". Asimismo, comparando la flagrante desigualdad ante la ley, Donald Trump remarcó ante los periodistas:
“Ya sabe que procesaron a Peter Navarro y a Steve Bannon, dos personas muy decentes, por algo que, en esencia, nunca antes había sido objeto de procesamiento; hay ciertos indicios claros de similitud, y fueron a la cárcel durante varios meses”.
El histórico dictamen legislativo que acorrala al cuestionado científico fue emitido por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.
En una votación que reflejó una división estricta entre partidos —con todos los republicanos a favor de la justicia y los demócratas votando en contra del castigo—, la comisión declaró en desacato al Congreso a Anthony Fauci, de 85 años de edad, remitiendo su caso directamente al Departamento de Justicia (DOJ) para una posible acusación penal.
Bajo el artículo 2 U.S.C. § 192, este delito califica como un delito menor (misdemeanor) que penaliza a quien se niegue de forma deliberada a responder preguntas pertinentes a una investigación legislativa.
Si el fiscal del Distrito de Columbia decide presentar la acusación ante un gran jurado y se obtiene una condena, el otrora intocable funcionario federal podría enfrentar una pena máxima de 12 meses de prisión y una multa de hasta USD 100.000.
El senador republicano Rand Paul, presidente de la comisión, anunció que enviará la recomendación directamente al Departamento de Justicia (DOJ), saltándose la votación en el pleno de la Cámara Alta debido a que los republicanos no cuentan con los 60 votos requeridos para sortear la obstrucción demócrata en ese espacio.
Dr. Anthony Fauci
De esta manera, será el vicepresidente JD Vance, en su rol de presidente del Senado, quien tenga la responsabilidad de aprobar formalmente esta remisión directa de la medida.
Este proceso se desencadenó tras la vergonzosa comparecencia de Anthony Fauci el pasado 29 de julio de 2026. En una exhibición de cobardía y obstrucción sin precedentes en el Capitolio, el exasesor de salud se acogió sistemáticamente a la Quinta Enmienda de la Constitución para evitar responder más de 100 preguntas formuladas por los legisladores sobre su desastroso manejo de la crisis sanitaria y los oscuros orígenes del virus.
La evasiva de Fauci consistió en una única y ensayada declaración de 24 palabras dictada por sus abogados para acogerse a su derecho de no autoincriminarse.
No obstante, el incansable senador Rand Paul desmontó de inmediato esta maniobra legal, argumentando que la Quinta Enmienda no aplica en absoluto en este caso debido a que el expresidente demócrata Joe Biden ya le había concedido a Fauci un blindaje judicial federal.
“Todo lo que tenía que hacer era decir la verdad”, fustigó Rand Paul, evidenciando que la desesperada apelación al silencio del exfuncionario busca impedir que salga a la luz toda la conspiración de la tiranía sanitaria.
El propio Fauci calificó el interrogatorio como una “trampa judicial” y una “cruzada pública” en su contra, justificando su mutismo aludiendo a un supuesto temor a sufrir cargos criminales por el empeño público del senador republicano de enviarlo "tras las rejas".
Dr. Anthony Fauci
En contraste, aliados demócratas como la senadora Maggie Hassan salieron en su defensa afirmando que la audiencia solo pretendía forzarlo a cometer un error que permitiera imputarle cargos no cubiertos por el perdón presidencial.
Para comprender la magnitud de la impunidad y la urgencia de su procesamiento penal, los detalles apuntan milimétricamente al sospechoso indulto preventivo que firmó Joseph R. Biden Jr. el 19 de enero de 2025.
A través de una controvertida Concesión Ejecutiva de Clemencia amparada en el Artículo II, Sección 2, Cláusula 1 de la Constitución, el saliente mandatario otorgó a Anthony Fauci un indulto pleno e incondicional que le confiere inmunidad federal por cualquier delito no violento que hubiera cometido entre el 1 de enero de 2014 y el 19 de enero de 2025.
La precisión temporal de este perdón presidencial de última hora es la prueba definitiva de una colusión para sepultar la verdad sobre el financiamiento sucio de experimentos letales en China.
El inicio de este indulto coincide de manera exacta con el momento en que los NIH, bajo la dirección de Fauci, adjudicaron el 27 de mayo de 2014 la subvención R01AI110964, titulada "Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence".
Mediante esta vía, la cuestionada organización EcoHealth Alliance, dirigida por Peter Daszak, desvió aproximadamente 600.000 dólares del dinero de los contribuyentes americanos directamente al Instituto de Virología de Wuhan (WIV).
Donald Trump
En el laboratorio de Wuhan, bajo la estrecha supervisión de la Dra. Shi Zhengli, se llevaron a cabo investigaciones de altísimo riesgo que la comunidad científica y agencias de inteligencia como el FBI y la CIA vinculan hoy con la hipótesis del escape de laboratorio. Específicamente, se crearon coronavirus quiméricos recombinantes utilizando esqueletos genéticos de virus de murciélago como el WIV1 o el SHC014, y se modificó deliberadamente la proteína de espícula (spike) para evaluar la infección directa en células humanas a través del receptor ACE2.
Pese a que el gobierno federal decretó una moratoria federal el 17 de octubre de 2014 prohibiendo taxativamente la peligrosa investigación de ganancia de función (GoF), el NIAID de Fauci emitió una exención administrativa en julio de 2016 para esquivar el veto y continuar financiando estos peligrosos experimentos.
Los resultados de estas manipulaciones biológicas fueron aterradores: las cepas artificiales creadas registraron aumentos exponenciales de la carga viral de entre 1.000 y 10.000 veces (hasta 3 logaritmos) superiores al virus natural.
El exfuncionario de salud negó de forma reiterada este hecho ante el Congreso afirmando bajo juramento que los NIH“categóricamente no financiaron investigaciones de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan”. Esta falsa afirmación lo expone directamente a cargos por perjurio y falso testimonio, delitos de los cuales el indulto cómplice de Joe Biden intenta protegerlo de forma retroactiva.
Sin embargo, dado que la amnistía presidencial no cubre el falso testimonio posterior a su emisión, el exdirector se vio acorralado y obligado a callar en la audiencia del 29 de julio para evitar nuevas acusaciones de perjurio o desacato. El cerco sobre su gestión se estrecha aún más con la revelación de su diario de 1.141 páginas, el cual confirma que su círculo íntimo gestionaba maniobras de comunicación para sostener su narrativa oficial mientras el pueblo estadounidense padecía una férrea tiranía sanitaria
