La alternativa con la que los burócratas más ingresos planeas confiscar sería la tasa sobre operaciones. Según el propio documento, un impuesto del 0,1% sobre el valor de cada transacción permitiría recaudar entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales para el presupuesto de la Unión Europea.
El esquema contempla que los proveedores de servicios de criptoactivos, conocidos como CASP, funcionen como puntos de recaudación y reporte. Bruselas buscaría apoyarse en las plataformas reguladas para identificar operaciones, cobrar el tributo y trasladar la información a las autoridades.
La segunda alternativa, centrada en las ganancias de capital, tendría un potencial recaudatorio menor. De acuerdo con las estimaciones incluidas en el documento, podría generar entre 1.000 y 2.400 millones de euros al año para los Estados miembros, dependiendo de la evolución del mercado y de las condiciones de aplicación.
La Comisión Europea analiza la creación de un impuesto común sobre los criptoactivos en toda la Unión Europea, en una nueva señal del avance confiscatorio de Bruselas sobre el sector privado y las nuevas tecnologías financieras.
La posibilidad surge de un documento interno filtrado, elaborado en la previa de las discusiones sobre el próximo presupuesto comunitario de largo plazo. Allí, el Ejecutivo europeo estudia distintas alternativas para convertir al mercado cripto en una nueva fuente de financiamiento para el bloque.
Bruselas intenta avanzar con sus ambiciones regulatorias.
Entre las opciones bajo análisis figura un impuesto sobre las transacciones con criptoactivos, algo que actualmente no se aplica de manera generalizada en los países de la Unión Europea. También se contempla un gravamen sobre las ganancias de capital obtenidas por los inversores que operan con criptomonedas.
Uno de los puntos llamativos del borrador es que las stablecoins utilizadas como medio de pago quedarían excluidas de un eventual impuesto a las transacciones. Estos activos digitales mantienen su valor vinculado a una moneda tradicional u otro activo externo, como el dólar, el euro o incluso metales preciosos.
Sin embargo, el propio documento reconoce que la idea enfrenta obstáculos importantes. La Comisión admite que el mercado de criptomonedas sigue siendo difícil de cuantificar de manera confiable entre los distintos países miembros, lo que vuelve inciertas las proyecciones de recaudación.
Bruselas intenta avanzar con sus ambiciones regulatorias.
Además, Bruselas reconoce que los ingresos podrían ser altamente volátiles, debido a las fuertes variaciones de precios y volúmenes de operación propias del mercado cripto. A eso se suma otro riesgo evidente: que los usuarios y empresas trasladen su actividad hacia jurisdicciones fuera de la Unión Europea para evitar la nueva carga fiscal.
Por ahora, la iniciativa se encuentra en una etapa preliminar y no constituye una propuesta legislativa formal. Cualquier avance deberá superar obstáculos políticos y jurídicos, además de definir cómo se distribuiría la recaudación y si los Estados miembros actuarían como simples recaudadores de un impuesto europeo.
