La Unión Europea volvió a quedar en el centro de la polémica tras avanzar con una nueva estrategia de género que, bajo el argumento de combatir la “violencia online”, amplía de forma significativa su capacidad para intervenir en el debate público digital. La medida se articula con el entramado regulatorio ya vigente, en particular la Digital Services Act (DSA), consolidando un esquema cada vez más restrictivo sobre los contenidos en redes sociales.
El punto más controvertido radica en la definición de “riesgos sistémicos” que deben abordar las grandes plataformas. Dentro de esa categoría, Bruselas incluyó la denominada “violencia de género”, un concepto que en la práctica se expande más allá de agresiones concretas para abarcar expresiones que podrían generar daño psicológico o incomodidad. Esta ambigüedad abre la puerta a interpretaciones amplias que pueden derivar en la censura de opiniones legítimas.
