La Comisión Europea respaldó este martes el retorno a Marruecos de los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta, incluidos los menores no acompañados siempre que se cumplan las garantías previstas por la legislación europea. La posición de Bruselas supone un respaldo a una política de control fronterizo más estricta, pero también deja bajo presión al gobierno comunista de Pedro Sánchez, cuestionado por su gestión de una crisis migratoria que desbordó a la ciudad autónoma.
Markus Lammert, portavoz de Asuntos Internos de la Comisión Europea, afirmó que la prioridad debe ser que las autoridades españolas y marroquíes mantengan el control de la situación y garanticen el retorno rápido de quienes permanezcan ilegalmente en Ceuta. Bruselas señaló que la legislación comunitaria contempla el retorno de personas en situación irregular, incluidos menores no acompañados, siempre que se determine que serán recibidos adecuadamente en el país de destino.
La declaración llega después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos que puso a prueba la capacidad de respuesta de España. Aunque muchos ya regresaron a Marruecos, miles de personas continúan en Ceuta y las instalaciones de acogida han quedado sometidas a una enorme presión. Las autoridades españolas han identificado 2.168 menores no acompañados desde el 30 de julio, todos puestos bajo tutela de la ciudad autónoma.
La Unión Europea aseguró que España debe devolver a todos los inmigrantes ilegales que permanecen en Ceuta a Marruecos, incluidos a los menores
El tamaño de la crisis ha provocado fuertes críticas al gobierno socialista de Sánchez. Sus detractores consideran que Madrid reaccionó tarde ante una situación que terminó sobrepasando a las autoridades locales y generando una enorme presión sobre los servicios públicos. La propia ciudad de Ceuta ha reclamado una respuesta más contundente y ha cuestionado la estrategia del ejecutivo central.
La magnitud del episodio resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta el tamaño de Ceuta, cuya población ronda los 85.000 habitantes. Las estimaciones sobre el número de personas que cruzaron durante la oleada de finales de julio llegaron a superar las 70.000, convirtiendo el episodio en una de las mayores crisis migratorias registradas en territorio español.
El número de invasores en Ceuta llegó a alcanzar máximos de hasta 70.000 personas que habían cruzado desde Marruecos
Sánchez, bajo presión por su política migratoria
El gobierno de Sánchez ha defendido su actuación y ha colaborado con Marruecos para acelerar los retornos, pero sus críticos sostienen que la respuesta evidencia las consecuencias de una política migratoria demasiado permisiva. El problema no se limita al número de personas que entraron irregularmente, sino también a la capacidad del estado para controlar sus fronteras y evitar que una llegada masiva genere un efecto llamada.
La situación ha obligado a Madrid y al gobierno de Ceuta a habilitar nuevos espacios para alojar temporalmente a alrededor de 1.500 personas, mientras miles continúan en condiciones precarias. La tensión política entre ambas administraciones se ha intensificado, con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acusando al gobierno central de no responder adecuadamente a la emergencia.
Además, la crisis ha provocado incidentes graves en los centros de acogida y sus alrededores. Varios medios informaron denuncias de acoso y agresiones sexuales contra mujeres migrantes, incluidas menores por parte de los inmigrantes ilegales, lo que demuestra las dificultades para garantizar condiciones de seguridad y protección en instalaciones que han quedado sobrecargadas.
El gobierno comunista de Pedro Sánchez se ha visto bajo fuertes críticas debido a sus laxas políticas migratorias
El gobierno español también enfrenta críticas por la manera en que ha gestionado la situación de los menores. Aunque Bruselas ha confirmado que la legislación europea permite su retorno bajo determinadas condiciones, las autoridades españolas deben realizar evaluaciones individuales y garantizar que cada menor sea entregado a familiares, tutores o instalaciones adecuadas en Marruecos.
Ese requisito impide una devolución automática y obliga al ejecutivo de Sánchez a afrontar una compleja tarea administrativa y legal. El Tribunal Supremo español ya declaró ilegal una devolución colectiva de menores realizada desde Ceuta en 2021 porque no se habían respetado los procedimientos individuales establecidos por la legislación española.
Bruselas marca una línea más dura en torno a la crisis en Ceuta
La posición de la Comisión Europea representa, no obstante, una señal clara: permanecer ilegalmente en territorio europeo no genera automáticamente un derecho a permanecer en España. Bruselas ha respaldado la cooperación entre Madrid y Rabat y ha destacado que Marruecos ha expresado su disposición a readmitir a sus ciudadanos.
Para la sociedad española, el episodio debería servir como una advertencia sobre los límites de una política migratoria basada principalmente en la acogida y la gestión posterior de las llegadas. La crisis demuestra que una frontera europea puede quedar sometida a una presión extraordinaria en cuestión de horas y que las autoridades locales son las primeras en soportar sus consecuencias.
La presión sobre el ejecutivo socialista aumenta ahora que Bruselas respalda explícitamente los retornos. El desafío para Sánchez será demostrar que España puede proteger a los menores y cumplir sus obligaciones legales sin renunciar al control efectivo de sus fronteras.
El presidente de Ceuta acusó al gobierno socialista de Sánchez de no proveer una respuesta adecuada a la invasión en la región
