22 países de la UE reclamaron una reunión urgente para analizar el colapso fronterizo y exigir medidas que eviten una nueva ola migratoria.
Este respaldo de la Unión Europea no es una palmada en la espalda para la gestión socialista, sino un cordón de seguridad frente al desastre.
De hecho, la desconfianza hacia el palacio de la Moncloa es total: un bloque de 22 países de la UE ha firmado una durísima misiva en la que vinculan directamente la crisis migratoria con las políticas del Gobierno español.
Estos socios europeos han exigido una videoconferencia de urgencia de los ministros de Interior para el próximo martes, con el objetivo de impedir que se repita la situación y fiscalizar las lecciones de un fracaso que España ha intentado minimizar tildando de "insolidarios" a sus críticos.
El contexto de esta intervención europea es el de una nación en estado de emergencia por la desidia gubernamental. Entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio, la ciudad autónoma de Ceuta sufrió una invasión de entre 50.000 y 60.000 personas en menos de 24 horas.
En un acto de auxilio institucional ante el colapso de la nefasta gestión española, la Unión Europea, a menudo criticada por su deriva burocrática, ha tenido que salir al rescate del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez.
Ante la incapacidad de la Moncloa para garantizar la seguridad de sus propios límites territoriales, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha tenido que reafirmar el compromiso de Bruselas para evitar que la debilidad de España hunda al resto del continente.
"Estamos comprometidos con la protección de nuestras fronteras exteriores y con el apoyo a España. Cuando nuestras fronteras exteriores se ven amenazadas, la respuesta europea debe ser decidida, rápida y unida. La solidaridad es fundamental", sentenció Brunner tras el estallido de la crisis.
Esta cifra de pesadilla representa el 70% de la población de la ciudad, un volumen humano que, a escala peninsular, equivaldría a la entrada de 34 millones de personas en un solo día.
El balance de esta nefasta gestión es una tragedia humana sin paliativos: 67 muertos confirmados en el lado español, cifra que la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos eleva hasta los 130 fallecidos totales.
La crisis ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de un Estado que se deja doblegar por fenómenos virales en TikTok y WhatsApp, donde un bulo sobre un fallo del Tribunal Supremo del 8 de julio sirvió para activar un masivo "efecto llamada".
Mientras la soberanía nacional hacía aguas en la playa del Tarajal, el Gobierno de Sánchez seguía manteniendo una actitud de sumisión financiera ante Rabat, destinando 340 millones de euros de dinero público a proyectos como la desaladora de Casablanca, dinero que no parece traducirse en un control efectivo de las fronteras por parte de Marruecos. En definitiva, la intervención de la Unión Europea es la última línea de defensa para una España que, bajo el yugo socialista, ha demostrado ser incapaz de protegerse a sí misma.
