En un giro histórico, la Asamblea Nacional de la dictadura de Venezuela aprobó una nueva ley de minas que abre el sector a la inversión privada y extranjera, principalmente estadounidense, en un intento por reactivar una economía devastada y aprovechar sus vastos recursos naturales, especialmente el oro.
La normativa, impulsada bajo el régimen interino de Delcy Rodríguez, permite la participación de empresas nacionales e internacionales en la explotación de minerales estratégicos como oro, diamantes y tierras raras. Además, extiende las concesiones hasta 30 años, con posibilidad de prórroga, y establece mecanismos de arbitraje internacional para dar mayor seguridad jurídica a los inversores.












