La destitución de Karim Khan como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional marca uno de los episodios más trascendentes en la historia reciente del tribunal de La Haya. Los 125 Estados miembros de la institución votaron por amplia mayoría su remoción tras concluir que incurrió en una grave conducta indebida y en un serio incumplimiento de sus funciones. Khan niega las acusaciones y anunció que apelará la decisión, pero el daño a su credibilidad —y a la de la propia Corte— ya parece irreversible.
Para Israel, la noticia tiene un significado que trasciende el escándalo personal del fiscal británico. Fue precisamente bajo su conducción que la Corte emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, en una decisión que Jerusalén denunció como un proceso profundamente politizado y carente de fundamentos sólidos.
Desde el comienzo de la guerra contra Hamas, Israel sostuvo que la CPI había abandonado el principio de imparcialidad al colocar en el mismo plano a un Estado democrático que ejerce su derecho a defenderse y a una organización terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre. Las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes fueron interpretadas por numerosos gobiernos y juristas como una peligrosa equiparación que debilitó la credibilidad de la justicia internacional.
El PM israelí, Benjamín Netanyahu, y quien por entonces era el Ministro de Defensa, Yoav Gallant
El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, fue aún más lejos al afirmar que Khan intentó convertir a Israel en un chivo expiatorio para desviar la atención de las graves denuncias que pesaban sobre él. Según Danon, el fiscal creyó que una ofensiva judicial contra el Estado judío fortalecería su posición internacional, pero terminó perdiendo el respaldo de la propia comunidad que debía sostenerlo.
Si bien las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant continúan vigentes —ya que únicamente los jueces de la Corte tienen autoridad para revocarlas—, la salida de Khan inevitablemente reabre el debate sobre la legitimidad del proceso que las originó. Cuando el principal impulsor de una causa pierde su cargo por graves faltas éticas, resulta inevitable que también se examine con mayor rigor la confianza depositada en sus decisiones.
La crisis también profundizó el enfrentamiento entre la Corte y Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que Washington considera a la CPI una amenaza para su soberanía y confirmó que continuará impulsando una campaña diplomática para limitar su influencia. El Departamento de Estado celebró la destitución de Khan, aunque sostuvo que el problema excede a un solo funcionario y describió a la institución como profundamente desacreditada.
La salida de Karim Khan no invalida automáticamente las decisiones adoptadas durante su gestión. Sin embargo, sí representa un fuerte revés para quienes presentaron las acusaciones contra los líderes israelíes como el producto de una autoridad moral incuestionable. La Corte Penal Internacional enfrenta ahora el desafío de recuperar una credibilidad erosionada por años de decisiones controvertidas y, especialmente, por un liderazgo que terminó derrumbándose bajo el peso de sus propios escándalos.
