El tipo de cambio subió a niveles récord en las últimas semanas a medida que las reservas internacionales se redujeron en casi 13.000 millones de dólares desde 2015. La tensión cambiaria comienza a desestabilizar la situación financiera del país.

La economía de Bolivia se ve cada vez más afectada por la corrida contra la moneda doméstica, la falta de credibilidad del Gobierno y el desequilibrio sideral en las cuentas públicas. La relativa estabilidad percibida en los últimos años podría llegar a su fin, dando cuenta de un nuevo fracaso para el “socialismo del siglo XXI”.

Cientos de miles de personas se suman a las largas filas en bancos e instituciones financieras para canjear sus fondos de pesos a dólares. El país enfrenta la corrida más profunda de las últimas dos décadas, la mayor parte de la población anticipa que el sistema cambiario no podrá sostenerse indefinidamente y que se aproxima una caótica devaluación. 

El régimen cambiario que actualmente opera en Bolivia fue establecido en 2008, concebido como un esquema de tipo de cambio fijo y con una paridad de aproximadamente 6,93 pesos por dólar (ligeramente fluctuante entre 6,98 y 6,77). 

No se adoptó un plan de estabilización propiamente dicho, sino que se instruyó al Banco Central a comprometerse con la defensa de un tipo de cambio preestablecido para tratar de aminorar las expectativas inflacionarias a mediano y largo plazo.

El programa permitió atenuar la inflación del 14,5% en septiembre de 2008 a un promedio del 3,55% entre 2009 y 2022, pero en ausencia de responsabilidad fiscal y monetaria (se decidió monetizar una gran parte de los desequilibrios del sector público), la demanda de pesos patrocinada por el régimen cambiario no logró compensar la expansión de la oferta monetaria y la inflación remanente (incluso habiéndose atenuado) deterioró sistemáticamente el valor real del tipo de cambio.

El tipo de cambio real se apreció en un 62% entre 2008 y 2023, manteniéndose prácticamente fijo en términos nominales contra el dólar pero sufriendo el efecto de una inflación mensual que promedió el 0,3%, generando un efecto corrosivo que poco a poco incentivó el abaratamiento de las importaciones y el encarecimiento de las exportaciones. 

La apreciación cambiaria terminó por desequilibrar la oferta y la demanda en el mercado de divisas y esta brecha debió ser asumida por el propio Banco Central, que perdió hasta 13.000 millones de dólares de sus reservas para intervenir el mercado y mantener la paridad nominal estable.

A la fecha, la autoridad monetaria de Bolivia retiene menos de 400 millones de dólares en sus reservas, habiendo perdido hasta el 97% de las tenencias que tenía en 2015. Sin suficientes divisas para seguir interviniendo el tipo de cambio, el Gobierno se vería obligado a permitir una devaluación (con su debido impacto en expectativas y precios), o bien introducir controles cambiarios como los que se aplicaron en Argentina y Venezuela (dirigiendo la actividad económica hacia la recesión).

La tensión cambiaria y la posible devaluación sembró serias dudas acerca de la capacidad de pago del Estado boliviano con respecto a sus obligaciones externas (y en dólares). Los bonos soberanos del país se desplomaron hasta un 10,3% en el último mes y el índice de Riesgo País se duplicó, escalando por encima de los 1.000 puntos básicos. 

La calificadora de riesgo estadounidense Moody’s se refirió a la situación económica de Bolivia de la siguiente manera: “La decisión de rebajar la calificación refleja la evaluación de Moody’s de que una serie de factores relacionado con una gobernabilidad muy débil han contribuido a disminuir la disponibilidad de moneda fuerte, y elevaron las presiones de liquidez externa hasta un punto que amenaza la estabilidad macroeconómica”. 

Moody’s advirtió por la “defensa insostenible” del tipo de cambio, y las dramáticas implicaciones económicas para la estabilidad como resultado de años sin responsabilidad fiscal y monetaria. 

La semana que viene se debatirá en el Congreso un proyecto de ley que permitirá señalar como “terroristas” a cualquier persona que intente “subvertir el orden social”, con un cuarto de siglo de condena.

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) denunció esta semana que el proyecto de ley número 280, presentado por el gobierno socialista de Luis Arce y tiene el nombre de “Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, criminaliza y penaliza las protestas sociales.

“De la forma en que está redactado el tipo penal de terrorismo, se criminaliza la protesta social. Cualquier grupo de personas que estén haciendo una protesta social, puede ser acusado por fiscales y jueces que responden al MAS y por denuncias del Gobierno“, denunció el diputado opositor Carlos Alarcón.

“Así estarían intimidando a algún sector de la población con el objetivo de que no se realice un acto del Gobierno nacional y si esto se hace a través de una acción que restrinja libertades, eso sería considerado (un acto de) terrorismo con un castigo de 20 a 25 años de prisión y decomiso o confiscación de los bienes de las personas que sean condenadas sin siquiera tener sentencia condenatoria ejecutoriada”, remató.

Bolivia es hoy una dictadura. Desde la vuelta del MAS al poder de la mano de Luis Arce, esbirro de Evo Morales, la nación boliviana se ha tornado en una brutal dictadura donde los principales opositores políticos están detrás de las rejas.

Primero fue Jeanine Añez, la ex presidente y principal rival de Evo Morales. Después fueron varios líderes cívicos, y más recientemente, cayó el líder de la oposición y actual gobernador del departamento de Santa Cruz, el derechista Luis Camacho.

Sin posibilidad de apelación y sin cargos reales en su contra, Camacho, Añez, y tantos más se convirtieron en la población carcelaria de un país que cayó en el mismo camino que Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora, con esta ley, buscará trasladar la persecución política no solamente a los dirigentes, si no a cualquiera que busque protestar.

La Ley Número 280, es una respuesta a la denominada “ley maldita 218”, que entre octubre y noviembre de 2021 generó rechazo y una ola de protestas de sectores productivos y organizaciones sociales en todo el país contra el Gobierno. Las medidas de presión obligaron al oficialismo a dejar sin efecto la normativa.

“Éste es el que está reemplazando al famoso proyecto de Ley 218, que fracasó hace un año atrás. ¿Cuál es el problema? El problema es que con cuatro figuras penales se quiere implantar la dictadura en el país”, sostuvo Alarcón.

Este proyecto modifica las figuras penales del Código de Procedimiento Penal de terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes, para abarcar a las personas que son detenidas protestando en contra del Gobierno.

El artículo dos que modifica esos tipos penales, en su punto II se refiere al terrorismo y a las sanciones de este tipo penal bajo la siguiente redacción: “Será sancionada con privación de libertad de 20 a 25 años y decomiso de los bienes que sean producto o instrumento del delito, la persona que intimide, coloque o mantenga en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, con el fin de subvertir el orden constitucional, deponer el gobierno elegido constitucionalmente o obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar algún acto, por medio de una o varias de las siguientes conductas”, se lee en el proyecto de Ley 280.

Son siete incisos que detallan esas conductas penales, que incluye un artículo que interpreta a las protestas como la “ejecución de acciones con el fin de provocar muerte, lesiones o restricción de la libertad de las personas“, elevando su respectiva condena a los 20 a 25 años de prisión.

También eleva las penas para cualquier acción, individual o colectiva, que incluya “detonar artefactos explosivos contra bienes públicos o privados; apoderarse de una aeronave, medio de transporte terrestre o buque mediante violencia o amenaza; detener a otra persona en condición de rehén y amenazar con su vida; ejecutar un acto de violencia contra una o más personas en un aeropuerto, que cause daños o muerte, que destruya o cause graves daños a la instalación de un aeropuerto o de una nave“.

El proyecto de ley será tratado en la Comisión de Constitución el próximo 4 de abril, y se esperan protestas masivas en el país a medida que dicha legislación vaya avanzando en el Congreso. Cabe destacar que Santa Cruz sigue en protesta hace meses por la detención de su gobernador de manera arbitraria.

El “socialismo del siglo XXI” decidió nacionalizar y apropiarse de los fondos para el futuro de millones de personas, a fin de obtener recursos frescos con los cuales financiar el abultado déficit fiscal. Al mismo tiempo se recrudece la corrida contra el peso y la escasez de divisas.

La relativa estabilidad macroeconómica que Bolivia mantuvo en las últimas décadas parece poco a poco llegar a su fin. Completamente colmado por problemas de índole fiscal, el Gobierno del presidente Luis Arce anunció la expropiación de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema de capitalización que le permitió a los bolivianos acceder al derecho a una jubilación garantizada tras la quiebra del régimen de reparto en 1996.

El Gobierno boliviano llevó adelante una política fiscal extremadamente irresponsable en los últimos años: el déficit fiscal se mantiene por encima del 7% del PBI desde el año 2016, y alcanzó un récord histórico de hasta el 12,7% del producto durante la pandemia. La mayor parte del financiamiento fue la deuda pública (interna y externa), aunque una parte significativa logró monetizarse exitosamente debido a la sólida demanda de dinero que se mantuvo gracias al sistema cambiario del país.

La violenta corrida contra el peso llevó a miles de personas a acudir a los bancos para convertir sus ahorros en dólares, temiendo una posible devaluación y un cambio de régimen en el sistema monetario del país. En esta situación, la monetización del déficit se vuelve inflacionaria (no hay demanda contra la cual contrarrestar la emisión), y el socialismo apuesta a utilizar los fondos acumulados en las cajas previsionales. 

El presidente Arce dispuso la emisión de Bonos soberanos a 20, 30 y hasta 50 años con tasas de interés que fluctúan entre el 4,8% y el 5,1% anual, los cuales serán usados para consumar progresivamente la estatización del sistema previsional hacia mayo del año 2024. 

Bolivia reanudará nuevamente el sistema de reparto estatal, con lo cual los aportes a la seguridad social dejarán de acumularse en cajas de previsión para pasar a respaldar las jubilaciones actuales de acuerdo a los estándares que disponga el Estado. 

Del mismo modo en que lo hizo el kirchnerismo en Argentina durante el año 2008, el Gobierno de Arce se vale de una importante caja de recursos con la cual podrá seguir manteniendo el financiamiento del déficit, a costa de resignar el futuro y el esfuerzo de años de aportes para millones de personas.

Sin embargo, y a pesar de las medidas, el frente cambiario todavía permanece a la deriva. Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia cayeron en 11.585 millones de dólares desde el año 2015. La autoridad monetaria mantiene un tipo de cambio fijo y libre de mayores restricciones desde el año 2009, en torno a los 6,9 pesos bolivianos por dólar.

La paridad estable permitió anclar las expectativas inflacionarias, y crear una suerte de contracara en demanda de pesos por cada vez que el Gobierno debió monetizar grandes cantidades de déficit fiscal. Sin embargo, la falta de disciplina monetaria y fiscal se cubrió con reservas, y estas cayeron al nivel más bajo de los últimos 16 años.

Cada vez más ahorristas deciden dolarizarse en temor por las posibles represalias del Gobierno, entre otras operaciones temiendo una posible devaluación del tipo de cambio oficial (hasta negado por el oficialismo) o la introducción de restricciones a la compra de divisas (una respuesta similar a la que dio Argentina en 2011).