La jueza aliada de Evo Morales, Rosmery Pabón, cortó la declaración de Camacho en la audiencia de apelación y el TDJ rechazó su pedido de libertad.

La dictadura en Bolivia continúa en todo su esplendor. Este jueves, se le negó la libertad condicional al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arrestado ilegalmente por el régimen de Luis Arce y Evo Morales el mes pasado.

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) rechazó el pedido de apelación luego de que Camacho se negara a jurar lealtad al régimen socialista. En la audiencia, aseguró que está preso “porque formó parte de la lucha histórica del pueblo contra el fraude cometido por Evo Morales en 2019”.

“Han utilizado en varias ocasiones el argumento que como gobernador yo pudiera usar influencias para lograr muchas cosas, esta denuncia fue sentada en 2020, cuando yo no era presidente del comité ni gobernador, pude haberme ido, pero no me fui, ese no soy yo”, dijo Camacho.

El gobernador cruceño expresó preocupación por su derecho a la defensa y enfatizó que en ninguna de las citaciones que le hicieron evadió la convocatoria, recalcando que jamás interfirió en las investigaciones, las dos causales que justificarían su arresto.

“En ningún momento intenté querer salirme del país, dos semanas antes de mi aprehensión muchos diputados denunciaron que ya venía este caso y tampoco huí, ese tampoco es mi ser. Aclarar en qué forma dicen que puedo influir como gobernador, en estos casi dos años que digan en qué influí”, agregó.

Cabe aclarar que además Camacho fue arrestado en plenas funciones como gobernador, tras ser electo en el Departamento de Santa Cruz por una amplia mayoría. El arresto de gobernadores va en contra de la ley, ya que cuentas con fueros políticos que impiden su detención mientras está en el cargo.

Fueron escasos minutos los que se le permitió hablar libremente al actual mandatario del Departamento cruceño, debido a que la jueza Rosmery Pabón le cortó la palabra y le pidió que sea “más concreto” en sus declaraciones.

“Estoy tratando de ser lo más objetivo, trataré de resumir para que usted no se moleste. Voy a esperar, no puedo expresarme como quisiera, pero espero que hoy su autoridad sea la excepción de la justicia, para que todos sepan que todavía hay autoridades que hacen justicia”, dijo Camacho con la preocupación reflejada en su rostro por el momento que está atravesando.

La administradora de justicia volvió a cortarlo, esta vez definitivamente, tras reafirmar que “únicamente se concedió la palabra en vía informativa, por eso se recomendó que sea concreto, su defensa argumentó los agravios”.

Camacho está imputado por haber organizado las protestas que llevaron a la renuncia de Evo Morales en 2019. Sin embargo, juristas aseguran que si bien es irrefutable el rol que tuvo el ahora gobernador incitando las protestas luego de que estallara el escándalo de fraude electoral, no existe ningún delito en Bolivia que prohíba liderar manifestaciones pacíficas.

Evo Morales renunció a su cargo luego de que el Tribunal Electoral admitiera que fue coercionado por el entonces presidente para cambiar los resultados de la elección general para evitar un ballotage con Carlos Mesa, y que las Fuerzas Armadas digan públicamente que no seguirían las órdenes de reprimir las protestas.

Tras el desastroso gobierno de Jeanine Añez, quien asumió de manera constitucional tras el cobarde exilio de Morales, los socialistas regresaron al poder en las elecciones de de 2020, y rápidamente instalaron un régimen vengativo para suprimir completamente la oposición, en una movida calcada a la de Daniel Ortega en Nicaragua, quien también regresó al poder de manera democrática pero aprovechó el Ejecutivo para instalar una dictadura.

Recién aterrizado en Madrid en un avión procedente del país andino, Víctor González contó cómo un par de agentes del régimen subieron al avión justo antes de despegar para informarle de su expulsión del país.

Los diputados extranjeros, Víctor González, del partido VOX de España, y Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano de Chile, fueron expulsados de Bolivia por orden directa de la dictadura que encabeza Luis Arce y dirige Evo Morales.

Estos diputados extranjeros estaban en Bolivia reuniéndose con fuerzas opositoras y abogando por la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arrestado arbitrariamente por las fuerzas del régimen de extrema izquierda.

Ambos llegaron primero a Santa Cruz de la Sierra donde se reunioneron con los líderes del Comité Cívico y algunas autoridades del gobierno que ha quedado acéfalo, y después intentaron visitar a la Camacho en la cárcel de Chonchocoro, pero antes de que despegue el vuelo fueron notificados por dos agentes policiales que se había emitido contra ellos una resolución de salida obligatoria del territorio nacional.

“Ya sentado dentro del avión dos agentes muy correctamente me han informado que estoy expulsado de Bolivia. #Cuba, #Nicaragua y ahora #Bolivia son los países que me niegan la entrada“, publicó en Twitter el diputado español, mostrando la orden de expulsión. “Si sirve para que Luis Arce tenga misericordia de Luis Fernando Camacho, bienvenido sea”, posteó.

El vicecanciller de Arce, Freddy Mamani, dijo que se permitió su ingreso en un principio porque ambos ingresaron al país en calidad de “turistas“, pero que una vez adentro se atribuyeron la representación de una comisión especial para realizar un “trabajo político” en defensa de un “criminal“, en referencia al inocente Camacho.

Las fuerzas del régimen arrestaron al gobernador de Santa Cruz antes de Año Nuevo, lo frenaron a punta de pistola mientras viajaba con su familia a la casa de gobierno y se lo llevaron en helicóptero encañonado a La Paz.

Su arresto fue completamente ilegal. Si bien un juez socio del régimen de izquierda emitió una orden de arresto, Camacho cuenta con fueros por su cargo de gobernador, y además, no hay causal para ordenar su arresto preventivo: no hay razón para pensar que podría abandonar el país ni influir en la causa.

Históricamente, la OEA enviaba estas comisiones investigativas que velan por el respeto de la democracia en los países latinoamericanos. Sin embargo, desde la llegada de Biden, este organismo ha cambiado su enfoque y ha dejado de presionar a las dictaduras de izquierda en la región.

Es por eso que el Foro de Madrid, encabezado por el partido VOX, ha tomado cartas en el asunto para encargarse de esta difícil tarea. Víctor González publicó tras salir de Bolivia que pudo recaudar documentos que demuestran las violaciones de derechos humanos del gobierno de Arce y presentarán una demanda en la Corte Internacional.

“Vamos a dar la batalla hasta el final. Me he traído todo tipo de documentación y de informes para tratar de acreditar que el Gobierno de Arce está cometiendo crímenes de lesa humanidad tal y como denuncian las fuerzas de la oposición“, escribió.

“Vamos a ir a por todas. Mi expulsión es la prueba de que deben acudir muchos políticos más, también eurodiputados. Deben ir a Bolivia a conocer de primera mano lo que está pasando porque se va a convertir en la próxima Nicaragua“, advierte el diputado por Salamanca de VOX.

Recién aterrizado en Madrid en un avión procedente del país andino, contó al medio español Vozpópuli que así como ya le ha pasado en Cuba y Nicaragua, no podrá pisar suelo boliviano en los próximos tres años.

Lamentablemente, aunque se mostró optimista con el futuro de Bolivia, no dio buenas noticias sobre Camacho. González reconoció que está convencido de que no volveremos a ver con vida al gobernador Luis Fernando Camacho.

“Tiene una enfermedad y una necesidad urgente de tratamiento. En cualquier momento puede tener un ataque múltiple y desestabilizarse. Se encuentra en una cárcel a 4.200 metros de altura y ya ha sufrido dos convulsiones”, cuenta González, y remató: “Tengo la impresión de de que quieren dejarle morir a sabiendas del estallido que esto va a suponer en las calles y así pasar a la represión por parte de las autoridades“.

Jeanine Añez, Marco Pumari, Rómulo Calvo y ahora Luis Fernando Camacho. Uno y cada uno de los principales líderes de la oposición al MAS fueron arrestados arbitrariamente en el último año.

Por muchos años, Bolivia fue un ejemplo de democracia en Latinoamérica, o al menos eso le hizo creer Evo Morales a la comunidad internacional mientras instauraba una “dictadura en las sombras” que finalmente quedó blanqueada en estos últimos meses.

Evo Morales gobernó el país con puño de hierro por más de una década. Pero todo cambió en 2019, cuando la oposición finalmente se armó de valentía para enfrentarlo. Con el apoyo de Trump desde Estados Unidos y de una OEA alineada en contra del presidente izquierdista, el Tribunal Electoral del país admitió que había sido presionado por Morales para manipular los resultados y evitar así un balotaje entre el mandatario y el líder opositor Carlos Mesa.

Millones de personas salieron a las calles para reclamar el fraude electoral, y cuando las Fuerzas Armadas rechazaron un pedido de represión del mandatario, que aseguraba haber sido reelecto por cuarta vez consecutiva, Evo renunció a su cargo y se escapó a la Argentina.

Sin embargo, no colgó la toalla. La derrota de Donald Trump en Estados Unidos provocó un realineamiento internacional que lo benefició, y tras instalar a Luis Arce como su delfín político, finalmente regresó a Bolivia como dictador consagrado.

Si bien existe una grieta en el MAS, que se divide entre los “radicales” que responden directamente a Evo, y los “arcistas“, que responden a quien es formalmente el presidente, Luis Arce, el régimen es uno solo, y ya no esconde más sus métodos.

En el último año, desde que recuperaron el poder, Arce y Evo han ordenado el arresto ilegal de todos los líderes de la oposición, una práctica que se copiaron del nicaragüense Daniel Ortega, quien también convirtió una presidencia democrática en una dictadura socialista.

Primero empezaron con Jeanine Añez, la presidente constitucional que tomó el control del gobierno cuando Evo ordenó la retirada de todo su gabinete. Evo, su vice, y los presidentes del Congreso renunciaron. Añez, como vicepresidente del Senado, asumió por sucesión constitucional la presidencia de la Nación.

Pero a pesar de que la Constitución siempre fue respetada, y la misma Añez, extremadamente ingenua, nunca obstaculizó al MAS de participar en las elecciones, fue imputada por liderar un supuesto golpe de Estado contra Evo Morales y encarcelada en los primeros meses del gobierno arcista.

Añez fue arrestada en su casa, sin una orden de aprehensión previa. No se le dio la posibilidad de entregarse con su abogado. En la cárcel, se le impidió acceder a sus medicamentos (sufre de hipertensión) y ha sido brutalmente golpeada en múltiples ocasiones, según denunció su hija.

Poco después de su detención, los ex ministros Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía) fueron arrestados, junto a Gonzalo Terceros, ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, y Yuri Calderón, ex comandante general de la policía.

Poco después de estos arrestos, detuvieron a Marco Pumari, líder del Comité Cívico de Potosí y ex candidato a vicepresidente. Rómulo Calvo, sucesor de Camacho en el Comité pro Santa Cruz, fue detenido y luego colocado bajo arresto domiciliario. Lo mismo ocurrió luego con Yassir Molina, uno de los líderes del grupo paraestatal Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que combate la persecución política del régimen masista.

Casi otros 100 líderes de la oposición han sido arrestados arbitrariamente desde entonces, pero el caso de Luis Fernando Camacho es el más alarmante hasta el momento. No solo cuenta con fueros por ser actualmente el gobernador del departamento de Santa Cruz de la Sierra, la región más importante de Bolivia, si no que es el principal líder de la oposición en contra del MAS.

Abogado de profesión y empresario, Camacho empezó su carrera política en la organización Unión Juvenil Cruceñista y unos años después pasó a liderar el Comité Cívico pro Santa Cruz, un movimiento civil con muchísimo poder en el bastión histórico de la derecha en Bolivia.

Los comités cívicos tienen una enorme importancia en Bolivia, ya que reúnen a diferentes sectores de la sociedad y funcionan como mesas de enlace entre comunidades barriales, el sector empresarial, y los gremios. El bloque de Santa Cruz fue uno de los mayores dolores de cabeza para Morales en sus más de 13 años de mandato, con Camacho siempre a la cabeza.

En 2020, fue candidato a presidente y quedó en tercer lugar, lamentablemente dividiendo el voto con Carlos Mesa, un opositor moderado al socialismo de Evo Morales. En 2021, encabezó una exitosa campaña para instalarse como gobernador de Santa Cruz, desde donde prometió liderar la oposición contra el MAS.

Así lo hizo decretando 36 días de paro durante un conflicto que mantuvo con el régimen socialista por el censo. Hace casi dos décadas que no se realiza un censo en Bolivia, ya que el enorme crecimiento poblacional y económico de Santa Cruz le valdría mayor representación en el Congreso y en la distribución de la coparticipación, algo que Evo Morales no quiere que se materialice.

Su arresto, completamente ilegal, pone a Bolivia en el mismo grupo de países socialistas que han devenido en dictaduras, junto a Venezuela y Nicaragua. Por el momento, la OEA y otros organismos internacionales no se han referido sobre la situación, y tanto Arce como Evo Morales gozan de un blindaje político de parte de Biden gracias a su apoyo en distintos temas regionales.

Hoy la izquierda globalista alineada con los intereses del Partido Demócrata estadounidense, que hace tan solo dos años estaba cerca de la extinción en el continente americano, controla toda la región, de punta a punta.

Desde Argentina y Chile con Sergio Massa y Gabriel Boric, pasando por Brasil, donde ahora vuelve Lula, y Colombia, donde recientemente fue instalado Gustavo Petro, hasta Venezuela donde Nicolás Maduro está activamente en negociaciones con el Departamento de Estado de Washington D.C. para que les levanten las sanciones que hace poco había puesto Trump, la izquierda mantiene el control total de América.