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Resultados finales de las elecciones subnacionales en Bolivia: el MAS de Evo Morales se desplomó y la derecha ganó en las principales ciudades del país

El partido político de Evo Morales sufrió una de sus derrotas más humillantes de la historia, tan solo 6 meses después de imponerse a nivel nacional en primera vuelta. Consiguió apenas el 35% de los votos totales y obtuvo solamente 3 gobernaciones de las 9 del país.

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El pasado 7 de marzo, los bolivianos acudieron a las urnas para elegir a las autoridades departamentales, municipales y regionales, en medio de una verdadera crisis política y un claro devenir del gobierno de Luis Arce en una dictadura de Evo Morales.

Durante los días previos a la elección, la justicia controlada por el régimen masista lanzó ordenes de aprehensión de las principales figuras del gobierno de la ex presidente Jeanine Añez, entre ellos, muchas de las personas que resultarían electos a cargos públicos en las elecciones subnacionales.
Los resultados de estas elecciones, recién publicados esta semana, marcaron un importante triunfo para las agrupaciones de derecha en todo el país. Figuras muy destacadas como Luis Fernando Camacho o Manfred Reyes resultaron electas, poniéndole un freno a la persecución de Evo.
Sin embargo, otros no corrieron la misma suerte. La misma Añez, quien quedó en tercer lugar para la gobernación de Beni, terminó arrestada sin causa tras su derrota electoral.
El régimen asegura que Añez y las otras figuras del anterior gobierno propinaron un golpe de Estado contra Evo Morales, y por eso hoy deben pagar como presos políticos. Esto no cierra por ningún lado, Jeanine Añez asumió por sucesión constitucional luego de que el mismo Morales renunciara cuando se lo atrapó cometiendo fraude electoral para evitar un ballotage con Carlos Mesa en 2019.

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El principio de la jornada estuvo marcada por un ausentismo de jurados en casi todas las mesas del país, a tal punto que el mismo Presidente, Luis Arce Catacora, tuvo que esperar media hora para poder ejercer su voto en la ciudad de La Paz. 

Mientras tanto, en Santa Cruz, las mesas ubicadas en el Urubo no se encontraban armadas hasta las 10 de la mañana.
Los resultados siguen sin estar publicados al 100% al momento de la publicación de esta nota, debido a la ineficiencia del Tribunal Electoral que ha generado incertidumbre en toda la población.
Al punto de que Rafael “Tata” Quispe de la agrupación “Somos Pueblo”, Santos Quispe, hijo del extinto terrorista Felipe Quispe de “Jallalla La Paz”, Horacio Poppe de “República-2025”, Gary Añez de Comunidad Ciudadana y toda la agrupación “Unidos” en Tarija denuncian un estruendoso fraude electoral, que el régimen intenta esconder detrás de la persecución política de las ex autoridades de la gestión anterior.
A continuación la situación actual de las elecciones, que por bocas de urnas y conteo preliminares ya resultaron electos varios gobernadores e intendentes, pero otros están a la espera de saber si entran a segunda vuelta o no.
Las elecciones subnacionales han marcado un enorme declive del Movimiento Al Socialismo en menos de 6 meses, que además ha perdido la hegemonía de la izquierda que tenía contra partidos como Jallalla La Paz en el occidente y el Movimiento Tercer Sistema en el oriente boliviano.

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Gobernación de La Paz

El comienzo de la carrera electoral por la gobernación de La Paz comenzó con una clara proyección de una victoria del terrorista Felipe “Mallku” Quispe, quien gracias al voto rural desencantado con las prácticas dictatoriales del MAS, y finalmente se encontró más identificado con el indigenismo de Jallalla La Paz.
Sin embargo, el proyecto del líder terrorista se vio interrumpido con su fallecimiento el 19 de enero, presuntamente a causa de un paro cardiorrespiratorio, aunque se especula que la causa de muerte fue por COVID-19, lo que en tal caso sería paradójico puesto a que anteriormente, Felipe Quispe había asegurado que el virus chino era una enfermedad que solo se presentaba en K’aras“, un término despectivo que se suele usar comúnmente en el área rural de occidente para hacer referencia a la población blanca y mestiza, que representa más del 60% de la población boliviana.
Esto impulsó el surgimiento de una dinastía en La Paz, puesto que fue su hijo, Santos Quispe, quien se alzó como candidato en su lugar, y trajo consigo un “voto consuelo” para él. Sin embargo, no consiguió el mismo apoyo y popularidad que había logrado el difunto “Mallku”.
El resultado al 99% indica que el Departamento de La Paz decidirá en una segunda vuelta quien será su próximo gobernador.
El resultado final dejó:
  • Franklin Flores del MAS con 39,70%;
  • Santos Quispe de JP con 25,18%;
  • Rafael Quispe de MDS con 22,44%.
El “voto Quispe” resultó dividido en primera vuelta entre el centro-izquierdista Santos y el centro-derechista Rafael “Tata” Quispe, quien a causa de una guerra sucia terminó en el tercer lugar
Es probable que los votantes del “Tata” recurran al “voto útil” para evitar un triunfo del MAS, y terminen otorgándole la gobernación paceña al partido de izquierda “anti-evista” que podría recolectar más del 50% de los votos del departamento.
Curiosamente, el actual gobernador paceño Félix Patzi, del centro-izquierdista MTS, quien había conseguido imponerse en 2015 con el 50,09% de los votos, esta vez apenas pudo rozar el 4% y su partido hasta se quedó afuera de la Asamblea Departamental.
Santos Quispe, candidato a gobernador de La Paz por la agrupación Jallalla La Paz (“Viva La Paz” en aimara)

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Alcaldías de La Paz y de El Alto:

En la ciudad de La Paz, el ex-ministro de Obras Públicas de Jeanine Añez y compañero de alianza de “Tata” Quispe, el centro-derechista Ivan Arias, consiguió mantener en la ciudad de La Paz un bastión de la oposición al masismo dentro de uno de los departamentos más azules del país, al conseguir una cómoda victoria con cerca del 50% de los votos, frente a su contrincante, Cesar Dockweiler, quien obtuvo el peor resultado del MAS en la ciudad de La Paz en décadas, con nada más el 37% de los votos.

Como ocurrió a nivel departamental, Álvaro Blondel, quien iba en representación del actual alcalde, Luis Revilla, no pudo obtener ni 20 mil votos en el que alguna vez fue el bastión de la centro izquierda de Sol.bo, representando así un giro a la derecha de la ciudad de La Paz.

En la ciudad de El Alto, el masismo encarado por Zacarias Maquera no pudo alcanzar ni el 20% de los votos en lo que es su bastión más importante a nivel nacional, perdiendo con una diferencia de más de 300 mil votos frente a la ex-Presidente del Senado Eva Copa, quien se convirtió en un símbolo del anti-evismo en La Paz.

Ella asegura que Evo Morales se “imagina un golpe de Estado” en 2019, y ha llevado a la quiebra del MAS en muchos municipios y departamentos en todo el país. Eva Copa consiguió casi el 70% de los votos y estuvo cerca de limpiar el Consejo Municipal de El Alto de masistas.

Ivan Arias, alcalde electo de La Paz (izquierda); Eva Copa, alcaldesa electa de El Alto (derecha)

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Gobernación de Santa Cruz

En Santa Cruz, el ex líder cívico de derecha Luis Fernando Camacho consiguió ser el candidato más votado de todo el país al ganar con una diferencia de casi el 20% contra el candidato de Evo Morales, el ex alcalde de Mario Cronenbold, quien ni siquiera pudo ganar en su municipio
Debido a la división del voto conservador que ocasionó la agrupación “Unidos” de Germain Caballero en las provincias de German Busch, Guarayos y Warnes, en donde Creemos perdió 3 asambleístas territoriales por escasos votos frente al MAS y a la ASIP, Camacho no pudo conseguir una mayoría absoluta en el Legislativo departamental.
El ahora Gobernador-Electo se impuso con el 55,64% de los votos de un pueblo cruceño totalmente movilizado y preparado para enfrentarse a la tiranía del MAS. 
Camacho fue citado en dos ocasiones a declarar por el supuesto golpe de estado, pero sus declaraciones fueron suspendidas por el enorme apoyo que recibió al momento de presentarse a la Fiscalía.
El ex candidato a presidente representa a la derecha boliviana y con esta victoria se ha convertido en su líder indiscutido. Desde Santa Cruz, ha prometido frenar los avances de Arce y Evo, y impulsará un manejo mucho más autónomo del Departamento.
Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz

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Alcaldía de Santa Cruz:

La carrera por la silla edil de la ciudad más importante del país, se destacó por la escasa intención de votos del MAS. La principal disputa se dio entre los candidatos de centro Gary Añez y Jhonny Fernández.
Fernández, quien pertenece a la Unión Cívica Solidaridad, apoyó a Camacho en las elecciones presidenciales de 2020, pero su discurso terminó siendo mucho más moderado del ahora Gobernador-Electo del Departamento. De todos modos, fue el candidato “de la centro-derecha” en la elección y resultó el ganador.
Por su parte, el centro-izquierdista Gary Añez, de Comunidad Ciudadana, quien apoyó a Carlos Mesa el año pasado, terminó perdiendo por escasos votos. Al 99,98% del cómputo oficial, Jhonny resultó Alcalde-Electo con el 35,41% de los votos. Entre tanto Gary Añez quedó en segundo lugar con el 34,72%.
Según Añez, el MAS hizo fraude electoral para propinar una derrota suya, ya que se considera como la principal oposición al régimen socialista. “Nosotros en el tema de la elección vamos a hacer lo que tengamos que hacer, para mostrar que ha habido un fraude descomunal. Pero no solamente en Santa Cruz, quiero que la opinión pública nacional observe lo que está sucediendo en el resto del país; lo que está sucediendo en Sucre y en otros distritos“, manifestó.
El resultado final del MAS terminó siendo la recolecta más baja de votos que ha tenido el partido socialista en la historia de la región, alcanzando un vergonzoso 16,53%, por parte de Adriana Salvatierra, una fiel seguidora de Evo Morales quien debería haber asumido la presidencia interina tras su renuncia pero decidió acompañarlo con su renuncia y dejarle el gobierno a Jeanine Añez.
El MAS bajó 8 puntos a lo logrado en 2015 por Reymi Ferreira y consiguiendo solamente 2 concejales por voto cruzado, ya que el MAS obtuvo más votos para concejales que para la candidata a la alcaldía.
Jhonny Fernández, alcalde electo de Santa Cruz por UCS (izquierda) y Gary Añez de Comunidad Ciudadana (derecha)

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Gobernación de Cochabamba:

Cochabamba resultó uno de los pocos lugares donde el masismo se mantuvo fuerte. Gracias a la invencible influencia que tiene el Chapare y el sindicalismo sobre este Departamento, el socialista Humberto Sánchez se impuso en primera vuelta con el 57,44% de los votos, un excelente resultado pero 5 puntos menos que el 62% alcanzado en 2015.
El candidato de derecha Henry Paredes, de la agrupación Súmate, quedó en segundo lugar con un magro 32%.
Esta elección dejó a Cochabamba como el único Departamento del eje central del país con un gobernador de Evo morales.
Humberto Sánchez, gobernador electo de Cochabamba

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Alcaldía de Cochabamba

A pesar de que Cochabamba es el Departamento más socialista del país, la principal ciudad, también de nombre Cochabamba, dio el giro a la derecha más pronunciado de toda la nación.

En la que alguna vez obtuvo el reconocimiento de “ciudad jardín” y llegó a ser la ciudad con el índice de desarrollo humano más alto del país, vio el retorno de su ex alcalde durante los años de gloria.

El derechista Manfred Reyes Villa, después de un exilio del que pudo volver recién en 2020 después de más de 10 años afuera de Bolivia, consiguió una arrolladora victoria en la ciudad cochabambina, obteniendo más de 20 puntos que su contrincante, Nelson Cox del MAS, quien no pudo llegar al 33,4% que consiguió el MAS en el pasado, y cerró en 23 puntos.

Manfred Reyes Villa estuvo a punto de no poder participar en las elecciones, debido a que fue inhabilitado 3 veces por el TED de Cochabamba por motivos de su residencia y de una deuda que había cancelado el mismo día que se lo quería inhabilitar.

Manfred pagó 2 millones de bolivianos que según el TED regional, este le debía al Estado por la compra de autos gubernamentales realizado hace más de 15 años. A pesar de esto, desde el oficialismo siguen lanzando amenazas de inhabilitarlo por no cumplir con el requisito de residencia de dos años e incluso de arrestarlo por el supuesto Golpe de Estado de 2019, aunque ese año ni siquiera estaba en el país.

El candidato consiguió renovar su imagen y aparecer como una nueva alternativa conservadora, de derecha, y como el principal disidente del gobierno masista en Cochabamba.

Manfred Reyes Villa, alcalde electo de Cochabamba

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En el interior del país, el Movimiento Al Socialismo no pudo mantener la alcaldía de Potosí y sufre el riesgo de perder la alcaldía de Sucre ante el derechista Horacio Poppe de República-2025, quien podría ser electo alcalde gracias a que anularon las actas de 4 mesas, de las cuales 3 se encuentran en el área urbana, en donde la oposición tiene más fuerza, y sólo una se ubica en el área rural del municipio, donde tampoco tiene una victoria segura, ya que solo hay una diferencia de 344 votos entre Poppe y el candidato del MAS, Enrique Leaño. 

De todos modos, aunque el derechista Poppe, no obtenga los votos que necesita, el Consejo Municipal estaría en manos de la oposición por primera vez en años, lo que les permitiría realizar un proceso revocatorio y convocar a nuevas elecciones en el municipio.

En el resto de departamentos, el MAS tiene el riesgo de perder en una segunda vuelta frente a todos sus contrincantes, entre los que se encuentran Damián Condori de CST en Chuquisaca, Oscar Montes de UPT en Tarija y Regis Richter que se encuentra en una situación similar a la de Eva Copa en Pando, habiendo sido rechazado por el establishment masista para ser candidato, y consiguió la sigla del MTS para postularse, al igual que Ana Lucia Reis, candidatos rechazados por el MAS y que ahora levantan las banderas del socialismo anti-evista.

Fuente: @ElectoPanorama – La Paz, Pando, Chuquisaca y Tarija irán a segunda vuelta el 11 de abril, en donde el masismo podría enfrentarse a su peor resultado histórico, permaneciendo solo en 3 departamentos.


Por Max Pérez y Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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Bolivia

Endeudamiento insostenible: La deuda pública de Bolivia llegará al 80% del PBI este año

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El endeudamiento del Estado boliviano comienza a mostrar signos de insostenibilidad. El déficit fiscal creció de manera casi ininterrumpida desde el año 2014, y en 2020 alcanzó el nivel más alto desde 1985.

El desequilibrio de las finanzas públicas de Bolivia se sigue profundizando, y la manera para cerrar la brecha entre ingresos y gastos fue el endeudamiento interno y externo. Un reciente informe del Banco Mundial estima que la deuda pública consolidada de Bolivia llegará al 80% del PBI en 2022. La cifra incluye a todos los niveles del Estado, incluso el Banco Central y las empresas estatales.

Si bien el endeudamiento entre 2020 y 2021 responde a un programa de asistencia financiera similar al que se dio en todas partes del mundo a causa de la pandemia, Bolivia arrastra una herencia de fuertes desequilibrios fiscales desde 2014.

El déficit financiero del sector público consolidado marcó un rojo del 2,54% del PBI en 2014, aumentó al 6% en 2015, 6,7% en 2016, 7,4% en 2017, 8,3% en 2018, 7,2% en 2019 y llegó al 9,7% del PBI en 2020. Esta última cifra fue la más alta desde 1985, cuando el país atravesaba una profunda reforma estructural en la economía.

El tamaño del gasto público de Bolivia está en los niveles más altos desde las reformas en la década del 80, como herencia de la administración socialista de Evo Morales. El tamaño del Estado superó el 44% del PBI en 2015 (una cifra similar a Alemania y Noruega), y cerró el año 2020 en el 38% del PBI. Pese al ajuste fiscal, el tamaño del Estado sigue siendo imposible de financiar.

La economía de Bolivia mantiene una elevada dependencia de los movimientos en el precio de los bienes transables exportables. Con el fin del boom de las materias primas, el sistema tributario no pudo seguir sosteniendo los abultados excedentes que había retenido entre 2005 y 2012. Pero a diferencia de la inestabilidad en la recaudación fiscal, el gasto público se mostró mucho más inflexible a la baja.

En reemplazo del uso de la política monetaria (que siguió siendo mayormente independiente), el Gobierno de Bolivia hizo uso del endeudamiento. El Banco Central de Bolivia estima que la deuda pública total alcanzaba el 36,1% del PBI en 2013, y trepó al 56,5% en el año 2019 (antes de la pandemia), para luego volver a aumentar brutalmente hasta el 67,3% del producto en 2020 y casi 80% en la proyección para 2022.

Ante la falta de un mercado de capitales capaz de proveer el crédito suficiente, el Estado boliviano debió hacer mayormente uso del ahorro externo para cerrar sus brechas fiscales. La deuda pública externa trepó de los US$ 2.505 millones en 2008 hasta los US$ 12.589 millones en julio de 2021, prácticamente se quintuplicó medida en dólares.

La deuda interna se mantuvo en niveles relativamente constantes hasta 2017, pero comenzó a aumentar de manera exponencial a partir de 2018 debido al empeoramiento de la calificación crediticia externa. Este hecho limitó la cantidad de bonos que pudieron ser colocados en el exterior.

La deuda interna aumentó de US$ 4.474 millones en 2017 a US$ 13.685 millones en 2021. Esta vez, se añade un efecto recesivo como resultado de la falta de crédito para el desarrollo del sector privado. Así como en Argentina, el Estado boliviano absorbe una porción cada vez más grande del crédito local. 

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Bolivia

Gobierno de Bolivia estanca la economía y prohíbe el uso de criptomonedas en el país

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En un nuevo comunicado emitido por el Banco Central de Bolivia se decretó la nueva prohibición, sustentada en que se busca proteger a la población de fraudes y estafas. La medida llega tras numerosos intentos de regular y eliminar la venta y negociación en criptoactivos que se dio en el país en los últimos 5 años.

Así lo anunció el Banco Central de Bolivia junto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Desde esta semana, todas las negociaciones, transacciones y el uso de criptomonedas quedan prohibidas en el país.

Mediante un comunicado administrativo, ambas instituciones, las encargadas de dirigir la política económica y monetaria de la nación, eliminaron del mercado las transacciones con este tipo de activos, argumentando que no están dotadas de seguridad y respaldo, pudiendo dar lugar a estafas. En resumen, han ilegalizado su curso en el país.

El mismo comunicado, recuerda también que las transacciones reconocidas y avaladas por el sistema financiero son aquellas que el mismo banco central autoriza, o en su defecto, las que provengan y tengan aval de un estado, zona económica o grupo de países, previa autorización del banco central.

El uso de medios alternativos para transacciones, y sus formas regulatorias, viene siendo obstaculizadas desde la llegada de Evo Morales y su cambio de constitución en el año 2009. En este texto legal, se le otorgó al estado poderes especiales para regular el sistema económico del país. Entre las disposiciones están la posibilidad de congelar los tipos cambiarios, emitir moneda con la venia del Banco Central, y la creación de monopolios estatales sobre rubros productivos y en torno al uso de una moneda específica.

Artículo 328. I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación

con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas

por la ley:

1. Determinar y ejecutar la política monetaria.

2. Ejecutar la política cambiaria.

3. Regular el sistema de pagos.

4. Autorizar la emisión de la moneda.

5. Administrar las reservas internacionales.

Paradójicamente, la prohibición de las criptomonedas viola uno de los objetivos que se traza el estado boliviano en su constitución, como lo es el fomento al desarrollo de empresas, micro, pequeñas y medianas, puesto que existen algunos startups cuyos capitales están basados precisamente en estos activos, los cuales se verán en aprietos para cambiar y adaptarse a la nueva disposición.

El gobierno de Arce parece intentar criminalizar la tenencia o el comercio de criptomonedas y está dispuesto a cerrar la puerta a todas las empresas y corredores que pretendan prestar servicios relacionados.

Analistas económicos observan que el fin del gobierno gira en torno a los intereses fiscales que pueda representar la readaptación de los emprendimientos con activos digitales. Pues el mudar sus capitales a monedas reconocidas y reguladas por el banco central, implica un sometimiento a las cargas de impuestos del sistema financiero boliviano, que no deja de ser uno de los más pesados en la región.

“La economía tiene que entrar a este nuevo sistema de avance digital. (..) Se debe cambiar la percepción y tomar en cuenta que el actual sistema financiero va quedando obsoleto. El problema se trata de un tema de regulación en donde el Estado, al que le preocupa la parte fiscal, debe proponer diferentes normas que no tengan una postura cerrada.” Señala César Salamanca, economista boliviano.

Sin embargo, se prevé que el efecto de esta nueva norma sea el contrario al que espera el gobierno de Bolivia. Muchas empresas, principalmente de pagos de servicios en línea utilizan y prevén utilizar criptomonedas para facilitar las transacciones con sus usuarios. Los que implica una falta de formalización de las inversiones en el país, dejando inutilizables las órdenes que vengan del gobierno.

En lugar de abrirse a las nuevas formas ó nuevos métodos para generar riqueza, y adaptarse a los cambios de la economía global, el gobierno comunista de Arce pretende cerrar, aún más, la frágil e informal economía de su país. Esto lejos de dar seguridad a los trabajadores, uno de los objetivos de su gobierno, fomenta el crecimiento de inversiones en el mercado ilegal. Mientras otros países adaptan criptomonedas a sus sistemas económicos, Bolivia las aleja y se vuelve a aislar del mundo.

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Retrocede la dictadura sanitaria en Bolivia: el régimen socialista aplaza el pase sanitario hasta el 26 de enero

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Así lo anunció el ministro de salud. El documento, altamente cuestionado por un sector del mismo oficialismo y por la oposición, no será obligatorio por 3 semanas más, y dejará de estar vigente como lo venía siendo desde el 1ro de enero.

Con la firma de los decretos supremos 4640 y 4641, el gobierno de Bolivia implementó la vigencia de un documento que comprueba la calidad de vacunados a todos los que hayan recibido dos dosis contra el Covid-19.

Al poco tiempo, este documento se convertiría en el requisito indispensable para realizar todo tipo de actividades, públicas o privadas, en todo el territorio nacional, y en caso de no tenerlo, se debía presentar una prueba PCR negativa cada 48 horas. De esta manera, el régimen de Evo Morales implementaba su propia versión del pase sanitario.

Dicha medida fue anunciada en los primeros días del 2022, en el periodo en el cual Bolivia registraba, en promedio, 7.000 casos diarios de coronavirus. La nueva exigencia, como era de esperarse, puesto que la gestión de Arce no ha conseguido inmunizar completamente ni al 50% de la población, causó revuelo en todo el país.

Cientos de ciudadanos se volcaron a los puestos de vacunación para recibir las dosis y obtener el documento, ya que sin él no podrían acudir a su trabajo. Esta avalancha de personas buscando vacunarse colapsó la demanda de vacunas en las principales capitales del país.

El régimen socialista no logró fortalecer el abastecimiento de la vacuna mientras busca discriminar a los bolivianos por su estatus de vacunación. Ante este problema, a pesar de que inicialmente se quiso hacer obligatorio desde el 1ro de enero, posteriormente la fecha de cambió al 5, y finalmente se aplazó hasta el 26 de enero.

Un sector dentro del MAS, especialmente los indigenistas, rechazaron la nueva exigencia. A su vez, reclamaron que la determinación no fue consensuada e inclusive llegaron a exigir la validación del uso de hierbas medicinales como sustitutos de la vacuna anti-COVID.

Esta reacción era previsible. Dentro de la cúpula del MAS existen individuos promotores de este tipo de prácticas, como lo es el vicepresidente David Choquehuanca. El segundo mandatario del país no había recibido ninguna dosis si no hasta hace unos días, fruto de la presión social que exigía coherencia al gobierno.

El vicepresidente declaró que “ya había pasado varias veces la enfermedad” y que se había curado “con medicina tradicional”, incluso había comido pasto para tratar la enfermedad.

También, como se puede constatar en los registros del ministerio de salud, se observa que Andrónico Rodríguez, mano derecha de Evo Morales y presidente del senado tampoco ha recibido ninguna dosis de la vacuna. Esta misma persona fue quien, en 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, había dicho que el virus era un “invento de la derecha” y organizó los bloqueos de las rutas que impidieron el paso del oxígeno, que reslutó en la muerte de 40 personas durante agosto de ese año. 

Desde la oposición, especialmente los diputados Caleb Villarroel (CREEMOS) y María José Salazar (CC), ambos de Santa Cruz, han declarado su rechazo a la exigencia del documento. Consideran, acertadamente, que se violan derechos constitucionales y los tratados de derechos humanos, que en Bolivia tienen rango constitucional. 

Por ese motivo, se trasladaron a la ciudad de Sucre, sede del órgano judicial del país, para presentar recursos de inconstitucionalidad contra los decretos supremos, a fin de que sean expulsados del ordenamiento jurídico del país.

La medida parece estar destinada al fracaso. No solo por el fracaso del plan de vacunación, sino porque no da certeza a los ciudadanos que fueron inmunizados en el exterior, alrededor del 1% de la población según estimaciones, quienes debían hacer un trámite administrativo altamente burocrático para convalidar en el país sus certificaciones los países en donde fueron inmunizados

Bolivia registra sus peores datos desde que inició la pandemia en el gobierno de Añez en 2020. El 6 de enero registró más de 10 mil casos en 24 horas, un caso de Flurona, la confirmación de la variante Ómicron en el país y un lento proceso de vacunación, que en casi un año desde la primera dosis aplicada, no llega a equipararse con los procesos de otros países de la región.

También, es una dura batalla por la preservación de los derechos fundamentales. La mezcla de todos estos factores, donde juega un rol importante la incapacidad de la clase política de contrarrestar a la enfermedad sin afectar a las libertades, marca un sombrío inicio de año no solo para Bolivia, sino para toda la región y el mundo.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

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