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China y la Corte Suprema brasileña estarían complotando para inhabilitar a Bolsonaro, según reveló el periodista Allan dos Santos

El periodista Allan dos Santos publicó evidencia que revela escuchas ilegales y un plan entre China, Corea del Norte, el PT y dos jueces de la Corte Suprema para lograr la renuncia y la inhabilitación del presidente Bolsonaro.

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El periodista Allan dos Santos presentó pruebas de un complot entre el PT de Lula, China, Corea del Norte y dos jueces de la Corte Suprema que buscan incriminar al presidente Bolsonaro con una causa falsa y forzar su renuncia y posterior inhabilitación para presentarse a cargos públicos.

El mismo Allan Dos Santos es perseguido por una investigación ilegal de la Corte Suprema a cargo de Alexandre de Moraes por “divulgación de noticias falsas“, por la cual el juez ha ordenado que Facebook y Twitter suspendan sus cuentas en redes sociales, junto con la de otros casi 100 periodistas, empresarios y políticos pro-Bolsonaro.

En una entrevista junto a la diputada Bia Kicis el pasado jueves, Allan anunció que tenía esta información y aclaró que ya no se encuentra viviendo en Brasil, para evitar que punteros del PT tomen represalias físicas contra él o contra su familia por revelar esto.

La única forma en que podía dar esta información era desde fuera del país. Hoy estoy fuera del país, a salvo, y estoy aquí para traerte esta noticia“, dijo el periodista y agregó: “si algo me pasa a mí o a mi familia, solo vino de estas personas y grupos: la embajada china en Brasilia, la embajada de Corea del Norte en Brasilia, Kakay, que es del Partido de los Trabajadores, Barroso o Alexandre [jueces de extrema izquierda de la Corte Suprema]”.


La denuncia y el plan para bajar a Bolsonaro

Según el periodista, un empleado del Tribunal Superior Electoral de nombre Igor Tobias, habría contratado a la empresa alemana Rohde & Schwarz para localizar escuchas telefónicas que se estén haciendo de manera ilegal en Brasilia. 

La evidencia presentada por Allan revela que la empresa encontró que la Embajada china, la Embajada norcoreana y un servidor en la casa del abogado del PT, Antônio Carlos de Almeida Castro, apodado Kakay, estaban monitoreando las conversaciones del presidente Bolsonaro.

Sin embargo, ni el Tribunal Supremo Electoral ni los jueces Moraes y Barroso de la Corte Suprema, quienes fueron notificados de este suceso, reportaron estos hallazgos a la Policía Federal o al Gobierno. Ocultando esta información, cometieron un grave delito y un complot en contra de Bolsonaro es casi una certeza.

El Tribunal Supremo Electoral está investigando a la campaña presidencial de Bolsonaro del 2018 por presuntos grupos de tarea enfocados en divulgar noticias falsas para levantar la imagen del entonces candidato. Expertos aseguran que de encontrarse pruebas fehacientes, Bolsonaro podría quedar inhabilitado de por vida para presentarse a próximas elecciones.

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Estamos viviendo en una dictadura del Poder Judicial, donde los jueces de la Corte piensan que son dioses, investigan, juzgan y condenan a todos aquellos que los critican y piensan de manera diferente, con el pretexto de salvaguardar la democracia, pero son los primeros en violar la constitución“, aseguran las organizaciones populares que defienden al Presidente Bolsonaro.

La investigación ilegal de noticias falsas por parte del Tribunal Supremo tiene el único propósito de censurar a los conservadores y es inconstitucional.

Múltiples activistas conservadores han denunciado la arbitrariedad de la Corte Suprema en tribunales internacionales.

Según denuncia Allan dos Santos, el hecho de que estas Embajadas estén realizando escuchas ilegales sobre el presidente, en complot con el PT y la Corte Suprema, indica un plan entre todos ellos para sesgar la decisión del TSE y lograr inhabilitar a Bolsonaro, quien no tendría más remedio que renunciar.

Además, de concretarse este plan, el vicepresidente Hamilton Mourao también debería renunciar, ya que compartió el mismo equipo de campaña que el presidente en 2018, y por sucesión constitucional asumiría la presidencia Rodrigo Maia, el Presidente de la Cámara de Diputados, que es un anti-bolsonarista duro y se sospecha que también sea parte de este plan.

“Estoy acusando al juez Luís Roberto Barroso también. Él tiene información sobre escuchas telefónicas provenientes de dos Embajadas, lo que va en contra de cualquier ley de Seguridad Nacional, y no advirtió al Presidente de la República” remató Allan dos Santos.

Allan asegura tener todo el informe completo, que obtuvo a partir de una fuente que no pretende revelar. En redes, publicó las siguientes capturas, y aseguró que más información será publicada en los próximos días.

Carátula del informe pedido por Tobias, en nombre del Tribunal Supremo Electoral.

Descubrimientos de la empresa Rohde & Schwarz, que indican por lo menos tres focos en Brasilia desde donde se están realizando escuchas ilegales. Estas direcciones coinciden con las de la Embajada de China, de Corea del Norte, y de la casa de Kakay.

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Después de la gran repercusión de la acusación del periodista Allan dos Santos sobre las escuchas ilegales que involucran principalmente al régimen chino, el periodista Oswaldo Eustáquio asegura tener más información sobre este tema, y dice tener el nombre de un espía brasileño reclutado por el Partido Comunista chino, quien asegura ya está siendo investigado por la CIA, el FBI y el MI6.

La cuenta @oswaldojor es manejada por un asistente de Oswaldo Eustáquio, ya que él fue inhabilitado por la Corte Suprema de poder publicar en redes mientras la investigación ilegal de noticias falsas está en curso

Desde esta cuenta, se asegura que el periodista está en diálogo con la Policía Federal brasileña sobre este tema y que el lunes a primera hora de la mañana hará la denuncia formal ante el organismo para luego publicar en redes el nombre de este supuesto espía, quien habría sido el responsable de coordinar las escuchas ilegales en la Embajada china.

Este sujeto, además, habría estado presionando a diputados de Brasil para que cambien su postura frente a la empresa china Huawei, cuyo permiso para operar en territorio brasileño está siendo discutido por el Congreso.

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Brasil

Bolsonaro anuncia que va a privatizar Petrobras con el objetivo de bajar el precio del combustible

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El mandatario dijo que no quiere seguir siendo señalado por el aumento del precio del combustible cuando desde su llegada la empresa estatal opera con autonomía. “Quiero privatizar Petrobras. No puedo dirigir los precios de la gasolina, pero cuando sube es culpa mía”.

A pesar de las fuertes bajas a los impuestos a los combustibles que estuvo impulsando el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el precio de los hidrocarburos sigue subiendo debido a las fuertes ineficiencias de la petrolera estatal Petrobras.

En este contexto, Bolsonaro expresó que no quiere que el Estado se siga metiendo en el mercado de los combustibles, y que le parece absurdo que sea responsabilidad del presidente la suba de la nafta y gasolina cuando la petrolera es administrada de manera autónoma y su precio es determinado por las fuerzas del mercado.

“Quiero privatizar Petrobras. Realmente quiero hacerlo. Revisaré con el equipo económico lo que podemos hacer al respecto. Porque no puedo controlar la empresa, no puedo dirigir los precios de la gasolina, pero cuando sube es culpa mía”, dijo Bolsonaro en una entrevista con una radio de Pernambuco.

“¿Puedo interferir en Petrobras? Puedo, pero no debo. Si interfiero, seré responsable de un crimen de responsabilidad. ¿Puedo bajar la gasolina a 3 reales en el surtidor por decreto? Incluso puedo hacer eso, pero es un delito de responsabilidad“, señaló Bolsonaro profesando su clara postura liberal.

El precio del combustible no es alto ahora, siempre ha sido alto. Recuerdo mi época de niño. Ahora, Petrobras tiene la autonomía para hacer eso, es una empresa de economía abierta, está en las bolsas de valores de todo el mundo… si yo hago algo sería una interferencia, así que vamos a privatizarla“.

Ayer, el ministro de Economía Paulo Guedes sugirió que el gobierno podría vender parte de su participación en la empresa estatal para dejar de ser el socio mayoritario y controlar su administración.

Además, aseguró que esa enorme cantidad de dinero que se ganaría por la privatización de Petrobras iría destinada a financiar programas de bienestar a las familias más afectadas por las cuarentenas que impusieron los gobernadores de izquierda.

Las acciones preferentes de Petrobras subieron un 2% en la jornada tras los comentarios del mandatario, los cuales evidentemente generaron una fuerte expectativa en el mercado.

Todo esto ocurre a tan solo un año de las elecciones presidenciales en las que el mandatario buscará la reelección. Sin embargo, la privatización no será fácil. Si bien el mandatario logró pasar por el Congreso la privatización del gigante de generación y distribución eléctrica Eletrobras hace pocos meses, la situación en el Senado cada vez se complica más.

El Senado es dominado por partidos del “Centrao”, agrupaciones políticas de centro o centroizquierda que en el pasado apoyaron a Lula pero que luego impulsaron el impeachment de Dilma Rousseff y respaldaron la candidatura de Bolsonaro en 2018. Pero cuando llegó a Brasilia en 2019 todos estos partidos le soltaron la mano al mandatario y cada vez le cuesta más al ex congresista lograr su apoyo en las leyes claves que envía al Poder Legislativo.

El mandatario apuntó además contra el ICMS, una suerte de IVA que cobran los estados, que impacta sobre el precio del gas y exculpó al gobierno central: “¿Sabe cuál es el impuesto federal sobre el gas para cocinar? Cero”.

Aumentos del combustible

La semana pasada Petrobras aumentó la gasolina un 7,2%, que elevó a casi el 40% el incremento del combustible acumulado en los últimos doce meses.

El titular de Petrobras, el general Joaquim Silva e Luna, ratificó la “política de precios” de la empresa, que ajusta el costo de los combustibles tomando en cuenta el precio del dólar y del barril de petróleo a nivel internacional.

En los últimos meses, el petróleo ha experimentado un fuerte repunte en el mercado internacional, lo cual provocó un desajuste entre la oferta y la demanda del insumo, y también en medio de una mayor restricción de la producción por parte de los principales exportadores de la OPEP, que aglutina a los principales productores mundiales.

Esto viene como consecuencia de una pésima política energética del estadounidense Joe Biden, quien decidió cortar con la mega-producción de combustibles que había impulsado Trump, y le volvió a dar todo el poder a los países de Medio Oriente que producen y venden el combustible a altísimos precios.

Si bien Brasil es autosuficiente en petróleo, dado que extrae casi la misma cantidad del producto que consume, el país importa petróleo refinado y exporta el insumo crudo, que se calcula en dólares. Por tanto, el tipo de cambio impacta directamente en el precio en las estaciones de servicio.

Bolsonaro aseguró hoy haber tomado medidas para frenar el incremento de los precios. “Si no hubiéramos hecho nada la inflación ya se habría triplicado, basta con ver como está el resto del mundo en materia de inflación y de desabastecimiento”, comparó.

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Bolsonaro redujo en un 90% las nuevas contrataciones de empleados públicos

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En lo que va de gestión, el presidente Jair Bolsonaro ya redujo a la mitad el promedio de contratación de agentes en la administración pública con respecto a la administración de Temer, y en un 90% respecto a la de Dilma.

La gestión de Jair Bolsonaro impulsa un importante programa de restructuración del accionar del Estado en la economía, buscando que el sector privado sea el protagonista efectivo detrás de la reparación laboral.

Desde 2019, el nivel promedio anual de contrataciones en el sector público brasileño fue prácticamente frenado en seco, pasando de las 14.530 nuevas contrataciones en 2018 a un mínimo histórico de solo 1.379 en lo que va del 2021, un 90% menos en casi tres años de gobierno.

Bolsonaro consolidó el nivel de empleo estatal más bajo desde la llegada del PT al poder en 2003, y promovió las contrataciones de personal sumamente calificado y necesario para el funcionamiento del gobierno.

La mayor parte de las nuevas contrataciones efectivamente realizadas bajo el actual Gobierno se concentraron en el rubro educativo, y no en la ampliación de una planta burocrática como ocurría en gestiones anteriores. Esto incluye universidades, fundaciones e institutos de investigación.

En comparación con la administración de su predecesor, Michel Temer, la gestión Bolsonaro supuso un recorte del 50% en el nivel de contratación estatal, y de esta forma terminando con una impronta gradualista para así poder avanzar más rápidamente.

A diferencia de lo que ocurría bajo el gobierno de Dilma Rousseff, el Estado dejó de entender a las contrataciones públicas como un medio para alivianar la desocupación, y se buscará una mayor desregulación del mercado laboral para dar lugar a la iniciativa privada.

La tasa de desocupación en Brasil cayó del 15,1% al 13,7% entre marzo y junio de este año, acorde a un reciente informe del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas de Brasil (IPEA). Estas cifras demuestran que la recuperación laboral está siendo llevada a cabo por el sector privado de la economía, y la reforma laboral de Bolsonaro buscará profundizar la formalización de una gran parte del empleo.

En línea con el sendero reformista de Bolsonaro y su equipo económico, se buscará también la aprobación de una ambiciosa reforma administrativa para mejorar la eficiencia del sector público y modernizarlo a las circunstancias actuales.

Se buscará ampliar la digitalización de la estructura estatal para facilitar la provisión de los servicios públicos y aminorar el impacto de los costos burocráticos sobre las cuentas fiscales.

Evolución del número de contrataciones en el Estado por año entre 2011 y 2021.

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Reconocido jurista desmiente a la CPI y confirma que Bolsonaro no cometió ningún delito en la gestión de la pandemia

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En respuesta a una carta enviada por el líder de gobierno al Senado, el jurista junto con otros renombrados abogados desmantelaron la narrativa de la cumbre de la comisión.

El jurista y abogado Ives Gandra Martins dijo en un dictamen que no considera que el presidente Jair Bolsonaro haya cometido delitos en el manejo de la pandemia Covid-19.

El documento se formuló luego de que el jurista recibiera una carta oficial del líder del gobierno en el Senado, Fernando Bezerra Coelho, en apoyo a los miembros oficialistas que integran la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Covid-19 (CPI), que será incluido en la elaboración de un informe paralelo que se presentará por separado del informe final del grupo opositor que pertenecen a la cumbre de la comisión.

En el dictamen, el reconocido juez Ives Gandra refutó la CPI y afirmó que Bolsonaro no cometió ningún delito. “En su rol en la epidemia de Covid-19, el presidente Jair Bolsonaro no cometió los delitos de práctica ilegal de la medicina (artículo 282 del Código Penal) y de peligro para la vida o la salud de los demás (artículo 132 del Código Penal)“, dijo.

Además, asegura que “no cometió un crimen de lesa humanidad, ni ningún acto de improbidad administrativa, malversación, corrupción pasiva, ni se atrasó en comprar la vacuna de Pfizer”.

No hubo prueba de que ninguna empresa haya recibido ninguna ventaja indebida por parte del Presidente de la República. No hay prueba de autoría o materialidad del crimen en relación con la conducta del Presidente de la República”, escribió el jurista.

“Además, las acusaciones de posibles irregularidades dentro del Ministerio de Salud, fueron rechazadas con vehemencia por el Presidente de la República, quien siempre manifestó que debían ser investigadas, tanto que el día 30/06/21 abrió una investigación policial frente a los testimonios de los hermanos Miranda”, concluyó Ives Gandra, refiriéndose a las acusaciones del diputado federal Luis Miranda y su hermano sobre supuestas irregularidades en las negociaciones del gobierno para la adquisición de vacunas. La Policía no encontró ningún delito.

Está exento de responsabilidad

Según la opinión de Ives Gandra, Bolsonaro tampoco cometió ningún delito de responsabilidad en su rol frente a la crisis de salud en el país, especialmente en lo que respecta al colapso que enfrentó el estado de Amazonas al inicio de la pandemia.

“No es posible imputar al Presidente de la República responsabilidad alguna relacionada con el colapso de la salud en Manaus, en el estado de Amazonas. El Gobierno Federal ha realizado esfuerzos, dentro de la competencia de la Unión, para contener la pandemia del Covid-19”, dice el jurista.

Papel restringido de la Unión

En su dictamen, el jurista destaca que, según determinó el Tribunal Supremo (STF), el ámbito de actuación del gobierno federal durante la pandemia fue limitado, teniendo los Estados y Municipios plena autonomía para definir políticas públicas de combate al coronavirus.

Bolsonaro fue atado de manos por la Corte Suprema y no tuvo en ningún momento de la pandemia la potestad de imponer o no imponer una cuarentena, ni de cerrar o abrir las fronteras, o decretar aislamiento.

El papel de la Unión en el combate de la epidemia se redujo considerablemente, ya que se afirmó que la competencia sería concurrente y que los estados y municipios podrían adoptar la forma que quisieran para combatirla”, recordó Ives Gandra.

“La responsabilidad directa de combatir esas unidades federativas se traspasó del gobierno federal a los estados y municipios, y el combate por parte de la Unión pasó a ser complementario, ya no formulando la ‘planificación’ y ‘promoción’ de la defensa contra la calamidad pública, sino cooperando en las políticas que cada unidad federativa haría adoptar en la lucha contra el virus”.

Tratamiento precoz y autonomía médica

En el dictamen, Ives Gandra también refuta la acusación de que Bolsonaro habría cometido el delito de “práctica ilegal de la medicina” al defender, por ejemplo, el tratamiento temprano contra el Covid-19 con medicamentos como Hidroxicloroquina o Ivermectina.

“Por el contrario, todas las manifestaciones y actitudes del Presidente de la República se basaron en estudios científicos, en el Dictamen No. 04/2020 del Consejo Federal de Medicina y en el principio de autonomía del médico, en este caso, para prescribir la medicina que consideren más eficaz, siempre que cuente con el consentimiento del paciente”, dice el jurista.

Negligencia

Otra acusación hecha por miembros de la CPI al gobierno es la de negligencia al supuestamente tomarse mucho tiempo para comprar las vacunas de Pfizer, pero tampoco se sostiene legalmente, según Ives Gandra Martins.

Según el jurista, “no hubo negligencia, sino el cuidado necesario dado la legislación de licitación y contratación entonces vigente“. Y recordó que la Ley de Introducción a las Reglas de la Ley Brasileña, la LINDB, en su redacción actual, aprobada por los gobiernos de izquierda, determina que las consecuencias prácticas de la decisión sean tomadas en cuenta y especial cuidado con las peculiaridades del caso.

De hecho, el sustento legal para la contratación llegó solo con la promulgación de la Ley N° 14.125, de 10/03/21, que estableció medidas excepcionales para la adquisición de vacunas, incluyendo el pago anticipado y la no imposición de sanciones al proveedor”, concluye el jurista.

Además de Ives Gandra, el informe está firmado por los juristas Adilson Abreu Dallari, Samantha Meyer Marques y Dirceo Torrecillas Ramos, que se suman a desmantelar la narrativa de la oposición que intenta acusar al presidente Bolsonaro de posibles delitos durante la pandemia de Covid.


Por Luan Côrtes, para La Derecha Diario.

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