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China y la Corte Suprema brasileña estarían complotando para inhabilitar a Bolsonaro, según reveló el periodista Allan dos Santos

El periodista Allan dos Santos publicó evidencia que revela escuchas ilegales y un plan entre China, Corea del Norte, el PT y dos jueces de la Corte Suprema para lograr la renuncia y la inhabilitación del presidente Bolsonaro.

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El periodista Allan dos Santos presentó pruebas de un complot entre el PT de Lula, China, Corea del Norte y dos jueces de la Corte Suprema que buscan incriminar al presidente Bolsonaro con una causa falsa y forzar su renuncia y posterior inhabilitación para presentarse a cargos públicos.

El mismo Allan Dos Santos es perseguido por una investigación ilegal de la Corte Suprema a cargo de Alexandre de Moraes por “divulgación de noticias falsas“, por la cual el juez ha ordenado que Facebook y Twitter suspendan sus cuentas en redes sociales, junto con la de otros casi 100 periodistas, empresarios y políticos pro-Bolsonaro.

En una entrevista junto a la diputada Bia Kicis el pasado jueves, Allan anunció que tenía esta información y aclaró que ya no se encuentra viviendo en Brasil, para evitar que punteros del PT tomen represalias físicas contra él o contra su familia por revelar esto.

La única forma en que podía dar esta información era desde fuera del país. Hoy estoy fuera del país, a salvo, y estoy aquí para traerte esta noticia“, dijo el periodista y agregó: “si algo me pasa a mí o a mi familia, solo vino de estas personas y grupos: la embajada china en Brasilia, la embajada de Corea del Norte en Brasilia, Kakay, que es del Partido de los Trabajadores, Barroso o Alexandre [jueces de extrema izquierda de la Corte Suprema]”.


La denuncia y el plan para bajar a Bolsonaro

Según el periodista, un empleado del Tribunal Superior Electoral de nombre Igor Tobias, habría contratado a la empresa alemana Rohde & Schwarz para localizar escuchas telefónicas que se estén haciendo de manera ilegal en Brasilia. 

La evidencia presentada por Allan revela que la empresa encontró que la Embajada china, la Embajada norcoreana y un servidor en la casa del abogado del PT, Antônio Carlos de Almeida Castro, apodado Kakay, estaban monitoreando las conversaciones del presidente Bolsonaro.

Sin embargo, ni el Tribunal Supremo Electoral ni los jueces Moraes y Barroso de la Corte Suprema, quienes fueron notificados de este suceso, reportaron estos hallazgos a la Policía Federal o al Gobierno. Ocultando esta información, cometieron un grave delito y un complot en contra de Bolsonaro es casi una certeza.

El Tribunal Supremo Electoral está investigando a la campaña presidencial de Bolsonaro del 2018 por presuntos grupos de tarea enfocados en divulgar noticias falsas para levantar la imagen del entonces candidato. Expertos aseguran que de encontrarse pruebas fehacientes, Bolsonaro podría quedar inhabilitado de por vida para presentarse a próximas elecciones.

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Estamos viviendo en una dictadura del Poder Judicial, donde los jueces de la Corte piensan que son dioses, investigan, juzgan y condenan a todos aquellos que los critican y piensan de manera diferente, con el pretexto de salvaguardar la democracia, pero son los primeros en violar la constitución“, aseguran las organizaciones populares que defienden al Presidente Bolsonaro.

La investigación ilegal de noticias falsas por parte del Tribunal Supremo tiene el único propósito de censurar a los conservadores y es inconstitucional.

Múltiples activistas conservadores han denunciado la arbitrariedad de la Corte Suprema en tribunales internacionales.

Según denuncia Allan dos Santos, el hecho de que estas Embajadas estén realizando escuchas ilegales sobre el presidente, en complot con el PT y la Corte Suprema, indica un plan entre todos ellos para sesgar la decisión del TSE y lograr inhabilitar a Bolsonaro, quien no tendría más remedio que renunciar.

Además, de concretarse este plan, el vicepresidente Hamilton Mourao también debería renunciar, ya que compartió el mismo equipo de campaña que el presidente en 2018, y por sucesión constitucional asumiría la presidencia Rodrigo Maia, el Presidente de la Cámara de Diputados, que es un anti-bolsonarista duro y se sospecha que también sea parte de este plan.

“Estoy acusando al juez Luís Roberto Barroso también. Él tiene información sobre escuchas telefónicas provenientes de dos Embajadas, lo que va en contra de cualquier ley de Seguridad Nacional, y no advirtió al Presidente de la República” remató Allan dos Santos.

Allan asegura tener todo el informe completo, que obtuvo a partir de una fuente que no pretende revelar. En redes, publicó las siguientes capturas, y aseguró que más información será publicada en los próximos días.

Carátula del informe pedido por Tobias, en nombre del Tribunal Supremo Electoral.

Descubrimientos de la empresa Rohde & Schwarz, que indican por lo menos tres focos en Brasilia desde donde se están realizando escuchas ilegales. Estas direcciones coinciden con las de la Embajada de China, de Corea del Norte, y de la casa de Kakay.

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Después de la gran repercusión de la acusación del periodista Allan dos Santos sobre las escuchas ilegales que involucran principalmente al régimen chino, el periodista Oswaldo Eustáquio asegura tener más información sobre este tema, y dice tener el nombre de un espía brasileño reclutado por el Partido Comunista chino, quien asegura ya está siendo investigado por la CIA, el FBI y el MI6.

La cuenta @oswaldojor es manejada por un asistente de Oswaldo Eustáquio, ya que él fue inhabilitado por la Corte Suprema de poder publicar en redes mientras la investigación ilegal de noticias falsas está en curso

Desde esta cuenta, se asegura que el periodista está en diálogo con la Policía Federal brasileña sobre este tema y que el lunes a primera hora de la mañana hará la denuncia formal ante el organismo para luego publicar en redes el nombre de este supuesto espía, quien habría sido el responsable de coordinar las escuchas ilegales en la Embajada china.

Este sujeto, además, habría estado presionando a diputados de Brasil para que cambien su postura frente a la empresa china Huawei, cuyo permiso para operar en territorio brasileño está siendo discutido por el Congreso.

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Brasil

El IPEA estima que el libre comercio con EEUU generaría un aumento del 90% en las exportaciones de Brasil

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Un nuevo estudio del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas de Brasil analizó el impacto de un acuerdo de libre comercio entre EE.UU y Brasil, el cuál se mantiene en negociación desde 2019. Los beneficios del libre comercio generarían un mayor crecimiento económico para ambas economías.

En julio de 2019 Brasil y Estados Unidos, bajo los liderazgos de Jair Bolsonaro y Donald Trump respectivamente, iniciaron una rueda de negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio entre ambos países. Las negociaciones siguen vigentes entre las partes pero ahora con el liderazgo de Joe Biden se han estancado.

A raíz de esto, un nuevo informe del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) de Brasil, analizó y estimó el impacto positivo de un futuro acuerdo de apertura de la economía brasileña, con resultados sorprendentes.

De concretarse el libre comercio, Brasil podría aspirar sin mayores dificultades a generar un crecimiento adicional del 0,41% en el PBI cada año (unos 7.500 millones de dólares adicionales al año), además de la variación positiva producida por el resto de los factores relevantes.

Un mayor crecimiento económico podría mitigar progresivamente los efectos negativos causados por la pandemia en el 2020 y, teniendo en cuenta que Brasil ya recuperó el nivel de actividad que tenía en febrero de ese año, un mayor dinamismo económico podría ayudar a sortear el efecto recesivo heredado de la última gran crisis del Gobierno del PT entre 2015 y 2016.

El estímulo para el PBI viene explicado por la expectativa de un importante aumento del 90% en las exportaciones, concretamente en seis sectores estratégicos: productos metálicos, equipos de transporte, alimentos y bebidas, servicios financieros e informáticos, y petróleo y gas natural. En todos estos sectores Brasil cuenta con una ventaja competitiva que podría explotar a través del comercio internacional.

Actualmente y dada la estructura económica de Brasil, China se convirtió en su principal socio comercial, según las estadísticas correspondientes al primer semestre de 2021, seguido por la Unión Europea y recién en tercer lugar los Estados Unidos.

Un nuevo acuerdo comercial podría profundizar las relaciones entre ambos países, generando que Estados Unidos vuelva a tener una posición más relevante en la economía más grande del Sudamérica, una idea proyectada por Donald Trump en 2019, y que a su vez lastimaría a China beneficiando a los brasileños en el medio.

La economía norteamericana también se vería ampliamente beneficiada por la afluencia de competencia a nivel local, pero también por un mayor estímulo para sus exportaciones. Concretamente, las exportaciones norteamericanas podrían colocarse fácilmente en el mercado brasileño en rubros como dispositivos electrónicos, maquinaria, vehículos y productos minerales.

Pero pese a los numerosos beneficios y a la impronta comercial aperturista de Donald Trump, la gestión del presidente Biden se muestra mucho más escéptica del tratado y podría adoptar incluso una posición más proteccionista.

En palabras del propio representante asistente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Daniel Watson, la administración de Biden no buscará hacer nuevos acuerdos comerciales en el corto plazo, y no será una mayor prioridad en la agenda de los demócratas.

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Brasil

Histórica desregulación del mercado laboral en Brasil: Bolsonaro impulsa nuevas modalidades de empleo

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El Congreso le dio media sanción a un ambicioso paquete de medidas que crearán nuevos programas para incentivar la creación de trabajo en el sector privado formal, especialmente para jóvenes, que fue enviado por Jair Bolsonaro.

Después de un primer intento por flexibilizar las regulaciones laborales en Brasil durante el 2017, el Gobierno de Bolsonaro cumple con lo prometido y se prepara para lanzar un ambicioso paquete de medidas para desregular el mercado y generar trabajo formal.

El día de hoy, la Cámara de Diputados brasileña dio media sanción para la reforma laboral que impulsó Bolsonaro, en la cual se incluyen una serie de programas ampliamente ambiciosos para permitir nuevas modalidades de empleo sin ataduras por las regulaciones anteriores.

La iniciativa de Bolsonaro se propone lanzar el REQUIP (Régimen Especial de Calificación e Inclusión Productiva) y el PRIORE (Programa Primera Oportunidad y de Reinserción en el Empleo), que garantizarán la apertura de nuevas modalidades flexibles que ayudarán a reducir el desempleo, especialmente entre los jovenes.

El programa REQUIP crea una nueva modalidad de trabajo en la cual el Estado no regulará el período de vacaciones pagas remuneradas, se elimina la obligatoriedad del aguinaldo y el aporte obligatorio al seguro de desempleo. Los contratos bajo esta modalidad se verán libres de estas regulaciones y tendrán una duración máxima de 18 meses, pensada para jóvenes de entre 18 y 29 años.

REQUIP solamente mantendrá ciertas restricciones sobre el pago de salarios, pues se mantiene vigente la exigencia de un salario mínimo, pero el alivio regulatorio apunta a combatir el alto nivel de desocupación en el segmento etario más joven de la población.

Los empleadores bajo esta modalidad no deberán cargar con impuestos al trabajo (aportes patronales), con lo cual el incentivo para la creación de empleo formal es contundente. El llamado “costo laboral” se ve virtualmente reducido a su mínima expresión, sin afectar en absoluto los salarios y en beneficio de los trabadores.

Bolsonaro junto a Paulo Guedes, el ministro de Economía que ideó esta reforma laboral.

Por otra parte, el programa PRIORE enfatiza la situación del primer empleo para jóvenes y las personas mayores de 55 años que durante un año no hayan podido encontrar trabajo. Para estas situaciones problemáticas, la reforma laboral crea una nueva modalidad legal en la cual el empleador estará eximido de realizar aportes patronales, y si bien se realiza el pago por el seguro de desempleo, la carga que esto supone queda reducida para estos contratos.

Los nuevos contratos flexibles estarán disponibles para cubrir hasta el 25% de la dotación de una empresa promedio. Para el caso de las empresas de hasta 10 empleados, la dotación máxima aumenta hasta el 30%.

La carga por seguros de desempleo quedará reducida para sectores específicos. La contribución actual para cualquier empleador al Fondo de Desempleo es del 8% del salario, pero la reforma laboral permitirá que las microempresas abonen un 2%, las pequeñas empresas pagarán un 4%, y todas las demás sin excepción pagarán hasta un 6%.

Bajo los lineamientos del programa PRIORE, todas las empresas gozarán de una rebaja tributaria en la carga de aportes patronales en torno al 15% con respecto a lo que abonan actualmente. Esto constituye un fuerte incentivo para expandir la contratación formal.

La reforma laboral contempla, además, nuevos cambios en las regulaciones sobre la cantidad de horas máximas para los distintos contratos. Para el caso de la minería, y en una clara señal para impulsar el dinamismo del sector, se resuelve una extensión de la jornada laboral desde las 6 horas actuales hasta un máximo de 12 horas, con un límite de 36 horas semanales. Esto se traducirá a mejoras productivas y salarios más altos.

Bolsonaro en el pleno de la Cámara.

El proyecto con media sanción en el Congreso de Brasil además propone recortar las regulaciones para el pago de horas extras. Este será el caso para los contratos en categorías profesionales como el sector bancario y el periodismo, entre otros. Legalmente las remuneraciones “adicionales” bajarán del 50% al 20% en relación a las horas remuneradas ordinarias.

Para afianzar los derechos de propiedad y fomentar la inversión en capital humano, la reforma plantea la prohibición para anular cualquier tipo de acuerdo extrajudicial, libre y voluntario, entre los trabajadores y las empresas. La justicia de Brasil ya no tendrá la potestad para intervenir en las negociaciones libres entre partes, una reforma muy parecida a la que está impulsando el liberal Guillermo Lasso en Ecuador.

Este último punto busca garantizar mayores acuerdos y evitar conflictos innecesarios que obstaculicen el normal funcionamiento del proceso productivo en Brasil.

Las regulaciones anteriores suponían una gran injusticia, pues independientemente de la voluntad de las partes, el Estado estaba habilitado para imponer una solución no querida ni buscada por trabajadores y empresarios.

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Carlos Bolsonaro demanda ante el Ministerio Público el pasaporte de vacunación en Río de Janeiro

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El hijo del presidente y concejal fluminense demandó al gobierno de Río por la inconstitucionalidad de su medida para implementar un pasaporte de vacunación.

El concejal Carlos Bolsonaro, afiliado al partido centroderechista Republicanos y miembro de la Asamblea de Rio de Janeiro (Alerj), informó el martes pasado que presentaría una demanda ante el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) para frenar el “pasaporte de vacunación” que se quiere introducir en la capital fluminense.

La medida fue anunciada por el Ayuntamiento de Río de Janeiro, tras un decreto del alcalde centroizquierdista Eduardo Paes (PSD), y prevé la exigencia de presentar una prueba de vacunación contra el Covid-19 para entrar a cualquier establecimiento cerrado.

El pasaporte de vacunación iba a comenzar a implementarse el miércoles 1ro de septiembre, pero la administración municipal lo pospuso para el día 15 de septiembre, supuestamente porque la aplicación móvil del Sistema Único de Salud “ConecetSUS”, según el organismo, presenta inestabilidad para el retiro de los certificados de inmunización.

Pero muchos creen que gracias a la demanda que presentó el hijo de Jair Bolsonaro el pasaporte podría ser bajado por la justicia, por una clara inconstitucionalidad, ya que viola el artículo r de la Constitución Nacional, ya que exige estar vacunado para ejercer con plenitud los derechos garantizados.

Bolsonaro comentó la carta en la red social. “En una reunión con el MPERJ, presenté con mi abogado, Antônio Carlos Fonseca, carta que demuestra las irregularidades de la exigencia del pasaporte vacunal, para que el órgano competente pueda adoptar las medidas adecuadas preservando los derechos y garantías previstos en la Constitución”, dijo.


Por Guilherme Ramos, para La Derecha Diario.

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