Monark confirma que se fue a vivir a Estados Unidos para evitar ser arrestado por la dictadura de la Corte Suprema: “Brasil se ha convertido en una dictadura del Poder Judicial”.

Este miércoles, el influencer Bruno Monteiro Aiub, conocido como Monark, ampliamente considerado como el “Joe Rogan de Brasil” y el entrevistador más famoso de Brasil, anunció esta semana que tuvo que exiliarse de Brasil y se encuentra actualmente radicado en Estados Unidos.

Un arduo defensor de la libertad de expresión, Monark estaba siendo perseguido judicialmente por la Corte Suprema de extrema izquierda, que lo quiere meter preso por haber hablado sobre las denuncias de fraude electoral contra Bolsonaro en su programa.

“Brasil se ha convertido en una dictadura judicial, ya no hay ley. Soy perseguido políticamente y lamentablemente temiendo por mi seguridad y también por continuar con mi trabajo, me vi obligado a venir a Estados Unidos, que es un país que tiene libertad de expresión. Continuaré con mi podcast hablando de la situación brasileña”, dijo Monark al medio Gazeta do Povo.

En los últimos meses, Monark se ha convertido en blanco del poder judicial por criticar medidas consideradas abusivas impuestas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) durante el período electoral del año pasado. Gran parte de las críticas se dirigieron al presidente del Tribunal, el juez lulista Alexandre de Moraes.

Todas las cuentas de las redes sociales de Monark fueron suspendidas por una orden judicial en junio de este año, luego de una entrevista con el diputado bolsonarista Filipe Barros en la que el congresista advirtió que las máquinas de votación electrónica son inseguras, citando una investigación del propio TSE en el que se confirmó que habían sido hackeadas en las elecciones de 2014.

En la orden judicial contra el conductor, el juez Moraes admitió que Monark está siendo monitoreado por empleados del TSE para identificar críticas al Tribunal Electoral, y que sus teléfonos fueron pinchados por la Policía Federal para analizar si tiene contactos con la campaña de Bolsonaro.

La última instancia judicial de Monark había ocurrido a principios de este mes, cuando Monark se convirtió en el blanco del ministro de Justicia, Flávio Dino, luego de que lo llamara “gordo” en su programa.

Dino dijo que estaba “socavando al Poder Judicial” por “difamarlo” con dicho “insulto“. Recientemente, Monark y Dino participaron en una audiencia de conciliación, pero no llegaron a un acuerdo.

Dino exigió una retractación pública del influencer a través de un video en sus redes sociales para terminar con la causa, pero Monark tiene prohibido publicar en las redes sociales, así que el pedido es imposible de ejecutar.

Según el abogado del entrevistador, Jorge Salomão, la no publicación del vídeo podría interpretarse como una desobediencia y derivar en la detención de Monark, por lo que el influencer estaba “a punto de ser arrestado”.

Días antes de la audiencia de conciliación con Dino, Monark estuvo en Estados Unidos para reunirse con el presidente de la plataforma Rumble, Chris Pavlovski, la única plataforma de los videos que mantiene activo el canal del influencer en Brasil.

En dicha reunión, Monark le habría deslizado al empresario canadiense-estadounidense que depende de lo que pasaría en dicha audiencia, quizás debería exiliarse y radicarse en Estados Unidos, “donde la libertad de expresión es real y cuidada”.

Luego de las reformas de Temer en 2017 y de Bolsonaro en 2019, la recaudación de los sindicatos cayó un 98% en los últimos 6 años. La izquierda brasileña que se financia a partir de los fondos gremiales está en crisis.

El Gobierno de Lula da Silva volvió a arremeter contra la legislación laboral reformulada en los últimos años, y envió un proyecto al Congreso para restaurar el impuesto sindical obligatorio. Se trata de un tributo que aplica para la totalidad de los trabajadores registrados, sin importar si éstos adhieren o no a un sindicato correspondiente a su actividad.

Se abre así una nueva caja clientelar del Gobierno para los sindicatos, con el fin de afianzar la dependencia política y partidaria de estos últimos con el oficialismo. Se propone aplicar una tasa máxima del 1% sobre el salario bruto de cada trabajador, llegando a triplicar el monto que se cobraba antes de la reforma laboral de Michel Temer en 2017, que convalidó Jair Bolsonaro en 2019.

La reforma de Temer legalizó la libre elección de los aportes sindicales, y luego en sus primeros meses de gobierno, Bolsonaro aprobó la eliminación del impuesto sindical obligatorio.

Esto llevó a una caída significativa de afiliación sindical en Brasil, lo cual otorgó mayor dinamismo al mercado laboral brasileño y permitió que la tasa de desocupación del país retrocediera a sus niveles más bajos desde 2012, incluso a pesar de la pandemia y las cuarentenas que impusieron algunos estados.

Los ingresos de los sindicatos de Brasil se derrumbaron en un 98% entre 2017 y 2023, según el Departamento Intersindical de Estadísticas (Dieese). Estos cayeron del umbral de los R$ 3.600 millones a solo R$ 98 millones en lo que va de este año.

Esto ha causado severos problemas financieros para el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, que se financia en su mayoría por aportes de los distintos sindicatos que forman parte de sus mesas directivas. De hecho, analistas brasileños aseguran que esta fue una de las principales razones por las que Lula intentó volver al poder, para reestablecer el impuesto sindical y salvar financieramente a los gremios.

Las reformas de Temer y Bolsonaro dejaron en evidencia que la principal fuente de ingresos que hasta ahora mantenían los sindicatos era meramente coercitiva, y no por la propia voluntad de los trabajadores supuestamente representados.

Bajo los estándares regulacionistas de la izquierda brasileña, la rigidez del mercado laboral provocó un importante ajuste vía desempleo durante la crisis económica que azotó al país entre 2014 y 2016, crisis que le costó la presidencia a Dilma Rousseff, junto con los escándalos de corrupción vinculados a su figura.

El proyecto del socialismo despertó un profundo malestar en el sector bolsonarista del Congreso, que ya anticipó su más frontal rechazo a cualquier tipo de reforma socialista que vuelva a quitarle poder de elección a los trabajadores formales. 

La iniciativa socialista viola lisa y llanamente el principio de “irreductibilidad” de los salarios, algo garantizado por la Constitución de Brasil. La postura oficial del Gobierno es que los mayores ingresos sindicales fomentarán activamente la representatividad de los sindicatos, pero lo cierto es que los incentivos sugieren lo contrario.

Si los ingresos de los sindicatos se explicaran por aportes obligatorios y no por ganarse el favor de los afiliados que dicen representar, muy lejos de incentivar la representatividad, el régimen precisamente desalentaría este comportamiento (como ya lo hizo en el pasado) porque los recursos estarían asegurados independientemente de las acciones que se lleven a cabo y la evaluación de los afiliados al respecto.

Lula también se manifestó públicamente en contra de la reforma laboral de Bolsonaro y de los nuevos contratos flexibles que fueron creados en 2021, aunque hasta ahora no consiguió los apoyos parlamentarios requeridos para presentar una reforma alternativa.

Se vació completamente el superávit primario que había dejado la gestión del presidente Bolsonaro, solamente en los primeros siete meses de gestión de Lula da Silva en el poder. El Gobierno apuesta a financiar los crecientes desequilibrios con más deuda externa.

La política fiscal del Gobierno socialista presidido por Lula da Silva demostró una dosis extraordinaria de irresponsabilidad: en solo siete meses de gestión Brasil perdió la totalidad del superávit primario que había dejado la gestión Bolsonaro.

Las estadísticas del Banco Central de Brasil confirmaron que el resultado primario del Gobierno federal (excluyendo a los Estados locales y la propia autoridad monetaria) marcó un déficit equivalente al 0,9% del PBI en julio de 2023. Cuando Lula asumió la presidencia en enero se registraba un superávit primario en torno al 0,6% del producto.

Por otra parte, el resultado financiero del Gobierno federal registró un déficit del 5,7% del PBI al cierre de julio, el valor más desequilibrado desde septiembre del año 2021. El presidente Lula emprende una política fiscal aún más extremista que la que llevó a cabo durante sus primeras gestiones entre 2003 y 2010, cuando en todo momento se procuró mantener un cierto superávit entre los gastos operativos y la recaudación.

La mayor parte del desbarajuste de las finanzas públicas se condicen con el fuerte aumento del gasto público, sin contraprestación de ingresos tributarios genuinos pese a los aumentos que ya decretó el Gobierno (retenciones, impuestos digitales, renta financiera y combustibles).

El socialismo brasileño eliminó el techo fiscal de gastos previsto para el año 2023 como su primera medida de Gobierno, avalando un aumento de hasta 145.000 millones de reales para el gasto público anual.

Por otra parte, se anunció la vuelta del llamado “Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)” con un gasto asociado de hasta 371.000 millones de reales a desembolsar en los próximos años, un esquema de corte keynesiano que pretende reactivar la economía mediante la inyección de obra pública.

La reforma tributaria que pretende aprobar el oficialismo solo tendría efecto a partir de enero del año próximo, y entre otros cambios se propone aplicar un IVA de hasta el 25% (la tasa más alta del continente, y entre las más elevadas del mundo).

Por otra parte, la nueva regla fiscal que logró aprobar el Gobierno de Lula también entrará vigencia sólo a partir del año próximo. Hasta entonces, las finanzas públicas seguirán sufriendo un proceso de deterioro paulatino.

Los cambios normativos sobre las reglas fiscales del país le permiten al Gobierno gastar a discreción sin límites, siempre y cuando consiga aumentar la recaudación en una relación más que proporcional. Esto se dio a conocer públicamente como el “calabozo fiscal”.