A pesar de haber perdido la maniobrabilidad de la “política monetaria autónoma”, la economía ecuatoriana demostró una contundente capacidad de adaptación a los shocks externos, y el mercado laboral mantuvo una sólida posición. El desempleo sigue retrocediendo y el poder adquisitivo de los salarios es el más alto de la historia del país.

La dolarización de Ecuador permitió sentar las bases de un auténtico milagro económico, cuyos efectos más importantes siguen teniendo vigencia incluso al día de hoy, a pesar de la inestabilidad política y las experiencias socialistas que atravesó el país con el correísmo.

Una de las grandes críticas a la dolarización (la misma que cabría hacer para una caja de conversión) es que los shocks externos negativos se deben absorber por deflación de precios y corrección de cantidades (recesión), en lugar de optar por la vía devaluatoria de los salarios.

Los detractores de la dolarización, especialmente en Argentina, denuncian que esto podría tener, eventualmente, consecuencias muy severas para el mercado laboral de un país con un ciclo económico diferente al de Estados Unidos.

Si bien esto es cierto en papel, ya que la incapacidad de licuar salarios con una devaluación en medio de una crisis se transmite a que las empresas busquen reducir costos deshaciéndose de personal, el boom económico que genera recuperar los salarios lleva a un dinamismo del mercado laboral que sobrepasa completamente este efecto.

El ejemplo más claro de esto lo da Ecuador. Las estadísticas del Banco Central ecuatoriano son contundentes al demostrar la fortaleza que tuvo el mercado laboral a lo largo de los últimos 20 años, a pesar de que el país perdió la posibilidad de absorber el efecto de shocks externos mediante las fluctuaciones cambiarias.

La tasa de desocupación de Ecuador explotó y batió un récord de hasta el 14,2% de la población económicamente activa en la crisis de 1999, cuando el país tenía soberanía monetaria e imprimía el sucre a mansalva. La inflación en aquél año superó el 60% interanual en diciembre, y en el año 2000 registró un pico de 107%.

A fines de ese año comenzó la dolarización, y durante los primeros 5 años de la dolarización, desapareció la inflación y, contrario a todos los pronósticos, la tasa de desocupación cayó a un promedio del 10,4%. Desde el año 2007, este umbral rompió el piso de los dos dígitos por primera vez en décadas, algo que ni siquiera la crisis internacional del año 2008 logró revertir.

A partir de 2010, la tasa de desempleo recuperó su tendencia bajista, registró un mínimo del 4,54% en el cuarto trimestre de 2014, y posteriormente fluctuó entre el 5% y el 8%, en gran medida debido al impacto que provocó la pandemia en 2020. El desempleo volvió a bajar con la recuperación de post-pandemia, y la última medición arrojó un valor de solo el 3,8% de la población activa en junio de 2023.

Al día de la fecha, los datos de desempleo en Ecuador son los más bajos desde la década de 1980, pero muy a diferencia de aquel entonces, esta se vez se produce en un contexto de estabilidad de precios. La evolución del salario real también demuestra un desarrollo notablemente positivo. Según las estadísticas de la autoridad monetaria ecuatoriana, los salarios del sector privado acumularon un crecimiento real del 106% entre febrero de 2001 y agosto de 2023.

Ya no tan solo crecieron en términos de dólares nominales (algo que también afectó a la mayor parte de los precios de la economía por la apreciación), sino que aumentaron sistemáticamente por encima del costo de vida promedio, a pesar de los cambios de signo político y de la inestabilidad que esto generó.

Bajo el sistema de la dolarización, los salarios dejaron de ser la variable de ajuste en las crisis. No cayeron ni en la recesión internacional de 2008, ni tampoco en la recesión del año 2015, e incluso se mantuvieron inalterados durante la pandemia.

El Gobierno nacional eliminó el déficit desde julio del año pasado, y el superávit primario ya se acerca al 2% del PBI. En este contexto, Lasso se siente cómodo lanzando una nueva reducción del Impuesto a la Salida de Divisas.

El Gobierno de Guillermo Lasso llevó a cabo el ordenamiento fiscal más significativo de los últimos años en Ecuador. Los datos publicados por la autoridad monetaria del país confirman que el Sector Público Consolidado acumuló 10 meses con déficit cero entre julio de 2022 y abril de 2023, algo que no se veía desde hace 15 años.

El resultado primario del Gobierno, sin contabilizar los servicios por la deuda pública, alcanzó un superávit equivalente al 1,75% del PBI al cierre de abril, y promedió el 1,4% del producto durante los últimos 14 meses. Nuevamente, son las cifras más robustas observadas desde 2008.

Cabe destacar que cuando Lasso asumió la presidencia en mayo de 2021 el déficit primario del sector público alcanzaba el 3,8% del PBI, y el resultado financiero marcaba un rojo de hasta 6 puntos del producto. La reforma tributaria de 2022 disparó los niveles de la recaudación, al mismo tiempo en que el Gobierno administró con cautela el gasto público.

La robusta posición fiscal permite, ahora sí, emprender un sendero de reducciones impositivas sin descuidar el equilibrio de las finanzas públicas. El Presidente comenzó las rebajas tributarias a través del Decreto °741, que lo dota de funciones especiales hasta tanto se lleve a cabo el nuevo proceso electoral.

El Gobierno lanzó un masivo paquete de nuevas deducciones aplicables a casi todos los tramos del Impuesto sobre la Renta (IR), con un impacto casi inmediato en el bolsillo de los contribuyentes. Estas rebajas alcanzaron al 99% de las personas sujetas al pago del impuesto.

Se estableció un régimen impositivo especial para pequeñas empresas, formalmente el Régimen para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), a través del cual se sustituyen otros impuestos directos y se establece una tasa fija y reducida de solo 60 dólares para comercios con ventas anuales que no superen los US$ 20.000.

A partir del 1° de julio, en Ecuador entró en vigencia la nueva tasa impositiva aplicada por el Impuesto a la Salida de Divisas que cayó del 3,75% al 3,5%. Se trata de un impuesto increíblemente distorsivo, que afecta principalmente los pagos de los ecuatorianos al exterior (como por ejemplo las compras a través de tarjetas de débito y crédito), pero también las transferencias bancarias o remesas vinculadas con cuentas en el extranjero.

El impuesto había sido establecido durante los mandatos del correísmo, y cuando Lasso asumió la presidencia mantenía una alícuota del 4%. El cronograma de reducciones trazado por el Gobierno prevé una tasa reducida del 2% aplicable para diciembre de este año.

El impuesto terminaría por desaparecer para principios del año 2025, la fecha en que se estimaba el fin del mandato original de Lasso. Sin embargo, tras la inestabilidad política desatada y la firma del decreto de Muerte Cruzada, la continuidad del oficialismo es puesta en duda y con ello la continuidad del cronograma de rebajas.

Las medidas incluyen la liberación de la mayor parte de los impuestos sobre las zonas especiales conformadas. Se trata del segundo decreto emitido luego de la “Muerte Cruzada”, lo cual le permite gobernar por decreto por tres meses hasta haberse consumado el proceso electoral.

El presidente Guillermo Lasso presentó formalmente un decreto que liberaliza la carga impositiva en el país para establecer zonas francas. Apunta directamente a motorizar la inversión y garantizar reglas de juego estables, especialmente tras el shock de expectativas provocado por la oposición al intentar sustituirlo del cargo.

Lasso se vale del decreto de “Muerte Cruzada”, una normativa avalada por la Constitución que le permite gobernar por decreto y sin pasar por el Congreso por un período de 3 meses hasta que se llamen a nuevas elecciones legislativas y presidenciales para elegir nuevas autoridades.

Formalmente se estableció la “Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo”, que incorpora un régimen de zonas francas convencional similar al que existe en muchos otros países de la región. Se conformarán auténticas zonas de libre comercio para fomentar la libre iniciativa privada.

Incentivos tributarios

La ley fija la exoneración del Impuesto a las Ganancias por un período de 10 años a partir del ejercicio fiscal en el que se inicien las actividades. Por otra parte, se fija un plazo más amplio de hasta 15 años para sectores fronterizos.

Una vez pasado este período de tiempo, las zonas francas aplicarán una tasa reducida y simplificada del Impuesto a las Ganancias con una alícuota de solo el 10%, cuando la tasa marginal máxima de este tributo alcanza el 37% en condiciones normales.

Las zonas francas quedan completamente exentas del pago de todos los impuestos al comercio exterior, incluyendo los aranceles de importación, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y la tasa especial FODINFA para importaciones. Los productos de importación podrán entrar sin ningún tipo de restricción y competir libremente con la producción local bajo la jurisdicción de la zona franca.

También se establece la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya tasa general alcanza el 12% en el resto del país. Esto se aplicará para insumos, materias primas y bienes de capital. Si bien se alienta la competencia, al mismo tiempo se alienta la competitividad impositiva frente a la producción extranjera.

Quedará suprimido el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) por rendimientos financieros, ganancias de capital, y capital para inversiones extranjeras. De esta forma, los capitales internacionales no tendrán mayores trabas para asentarse en estas zonas especiales que establece Ecuador y desde allí generar empleo y dinamizar la transferencia de tecnología.

El Gobierno se compromete a seguir reduciendo las tasas del ISD para el resto del país, hasta su virtual eliminación en los próximos años. Esta promesa fue pautada formalmente como parte de la reforma impositiva aprobada por el Congreso en 2021, pero una eventual destitución de Lasso podría poner en peligro el programa.