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Primeros 10 días de Guillermo Lasso al frente de Ecuador: restauración de la libertad de expresión, nuevo código de ética y apertura económica

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En su primera semana como Jefe de Estado el mandatario ecuatoriano promulgó númerosas leyes como la restauración de la libertad de expresión, un mejor uso de los bienes públicos y una reestructuración financiera en un intento de reparar el país de los 14 años de correísmo.

El pasado 24 de mayo, Guillermo Lasso asumía la presidencia de Ecuador, bajo la promesa de recuperar la libertad de expresión y la libertad de mercado en el país latinoamericano que hace 15 años que estaba dominado por la extrema izquierda castrochavista.

En su primer semana de gobierno, Lasso envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación

Este proyecto de ley busca cerrar los organismos de control de la prensa que creó Rafael Correa, además de garantizar como un derecho humano la libertad de expresión esté plenamente garantizado.

Durante el gobierno correísta, la libertad de expresión y de prensa fueron puestas como una problemática a resolver por el régimen revolucionario. Multas, arrestos arbitrarios y censuras a los medios por hablar en contra del gobierno fueron la norma en la última década. Ahora, Lasso busca volver a las bases de una democracia liberal.

Según Cedatos, el presidente Lasso alcanzó un 70% de aprobación en sus primeros 10 días al frente del gobierno, justificado en su gran mayoría por el impulso de esta ley.

Con relación a los primeros decretos firmados por Guillermo Lasso, el Presidente lanzó las “Normas de Comportamiento Ético Gubernamental“, que involucran a todos los funcionarios del Ejecutivo, a sus familiares y a sus clientes, e indican una serie de pautas de transparencia para evitar la corrupción.

Eliminar el nepotismo. Los familiares del presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios y directores de empresas públicas, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o aquellos con quienes existan relación por uniones de hecho, no podrán ser contratados. Además, los cónyuges del presidente y del vicepresidente no recibirán sueldo.

Uso responsable de la flota presidencial. Las aeronaves presidenciales serán usadas única y exclusivamente para asuntos de carácter oficial del Estado y se deberá difundir en todo viaje la lista de pasajeros, descripción de la carga, ruta de vuelo y el destino.

Uso responsable de los vehículos presidenciales. Los vehículos del ejecutivo deberán usarse solo para actividades institucionales, y siempre tener placas, símbolos o signos de la institución.

Uso responsable de los edificios gubernamentales. Se prohíbe el uso de las instalaciones públicas para reuniones, fiestas y celebraciones privadas.

Despersonalización de la Presidencia. En las oficinas y despachos gubernamentales no habrá retrato del Presidente de la República.

Transparencia. Los funcionarios no podrán mantener reuniones con jueces, asambleístas y miembros de otras funciones del Estado. Además se prohibirán los regalos a los funcionarios públicos. Tampoco se podrá pedir a funcionarios, cuotas o colectas para regalos a beneficio de otros servidores públicos.  

Rafael Correa brindó un almuerzo en Carondelet, celebró y cantó con el popular artista Miguel Bosé. Esto fue visto como un desagradable acto de corrupción y aprovechamiento de los recursos del Estado.

En temas económicos, Lasso dispuso que las instituciones de referencias crediticias eliminen de sus registros las deudas menores a US$ 1.000, con esto pretendió lograr que los ciudadanos con pequeñas deudas puedan volver a acceder a créditos, sin eliminar el derecho al cobro.

Esta medida beneficiará a 1,7 millones de ecuatorianos, pero no implicará que las deudas queden saldadas, si no que simplemente no serán un impedimento para la toma de créditos.

En el tema sanitario, lanzó el “vacunómetro”, un conteo permanente de los ecuatorianos que han sido vacunados y que estará a disposición de la ciudadanía en tiempo real a través de su sitio web oficial.

A diferencia del anterior gobierno donde las personas necesitaban sacar citas para vacunarse, Lasso ordenó la alianza del Ministerio de Salud con el Consejo Nacional Electoral para que todas las personas puedan vacunarse en sus recintos electorales respectivos sin tener que registrarse previamente, teniendo como prioridad para la vacunación a los adultos mayores.

Además, decretó que su vicepresidente Alfredo Borrero, tendrá un rol ejecutivo y activo dentro de la gestión estatal de salud, a la par del Ministro de Salud. 

El segundo mandatario es un médico con 40 años de trayectoria, que se disparó a la popularidad por haber dirigido el fondo “Salvar Vidas” junto a Lasso en los primeros meses de la pandemia, que recaudó 8 millones de dólares para ayudar desde la iniciativa privada a los pacientes de Covid, especialmente en ciudades como Guayaquil.

Alfredo Borrero cumplirá además de su puesto como vicepresidente algunas funciones dentro del Ministerio de Salud.

Otras decisiones menores pero que también tomó Lasso en los últimos días:

Derogó un decreto de Rafael Correa en el que se impedía a las personas tomar bebidas alcohólicas los domingos en bares, restaurantes y hoteles con el supuesto fin de evitar problemas de seguridad.

Esto no tuvo injerencia en los índices de seguridad, pero perjudicó de gran manera a los comercios gastronómicos, que solían sacar sus mayores ganancias con la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana.

También vetó una parte de la Ley de Seguridad Social, para reformar quiénes deben conformar el Consejo Directivo del IESS, el instituto que se encarga de repartir los planes sociales y las jubilaciones en Ecuador.

Por último, vetó una ley en materia de transporte que establecía la prohibición de que plataformas como Uber Cabify compitan en el país.

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Ecuador

El Vicepresidente de Ecuador lidera una profunda reforma de la salud pública: se cerrarán las farmacias estatales

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El Dr. Borrero, quien llegó al poder de la mano de Guillermo Lasso prometiendo reformas en el corrupto sistema de salud pública ecuatoriano, ha recibido la aprobación del presidente para empezar los cambios propuestos.

El pasado lunes 12 de julio del 2021, el presidente Guillermo Lasso aprobó el plan Transformando la Salud en el Ecuador, que tiene como objetivo acabar con la ineficiencia del sector público en materia de salud.

Durante sus visitas sorpresa a más de 40 hospitales públicos, el vicepresidente Dr. Alfredo Borrero detectó que en todos faltaban insumos, equipos, medicamentos y personal, y en algunos casos hasta los propios pacientes, un testamento del deplorable gobierno correísta.

El presidente Guillermo Lasso ha considerado una urgencia nacional, el tema de la salud. Junto con el Servicio Nacional de Compras Públicas trabajaremos; por ahora estamos levantando la información del IESS (Insituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y del MSP (Ministerio de Salud Pública) para la compra de medicamentos”, aseguró el lunes 19 de julio.

Además, informó que “se intervendrán en los hospitales públicos para ver los equipos que no funcionan”. 

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Borrero inspeccionando hospitales públicos en todo el país.

También, indicó que en la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) se determinaron acciones para combatir la corrupción en las casas de salud estatales.

Tras varias visitas pudo constatar que los hospitales públicos estaban administrando de forma ineficiente los recursos, y se le daría un mayor impulso a la cooperación público-privada, especialmente en el caso de las farmacias del Estado.

Según explicó Borrero, “se eliminarán las farmacias de las instituciones públicas“.

Con ello, “el paciente podrá acudir con su receta a cualquier farmacia del sistema, incluidas las privadas.  Y dijo que los hospitales públicos, “son un centro de corrupción”, anticipando cambios profundos en la manera de administrar los recursos del sistema de salud.

Para lograr este cambio afirma que se está trabajando en un sistema electrónico, con la historia clínica y las recetas electrónicas de los pacientes, con el cuál se podrá contar a partir de septiembre, fecha para la cual los hospitales tendrán que renunciar a las farmacias del Estado.

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Ecuador

Los Armeros de Chimbo: cómo el capitalismo popular responde a una narrativa marxista

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El cantón de Chimbo, en la provincia ecuatoriana de Bolívar, fue durante muchos años conocido por sus artesanos que combinaban sus conocimientos mecánicos con la habilidad para forjar, y materializar esta unión en la fabricación de armas y municiones de muy bajo precio, creando una de las herramientas más importante para la Libertad: la tenencia de armas

San Jose De Chimbo Fotografías e imágenes de stock - Getty Images

San José de Chimbó es una ciudad de origen colonial, fundada por Sebastián de Benalcazar en 1535. Pero no tomó mayor relevancia hasta trescientos años después, cuando los talleres de armas de esta localidad, especialmente en el barrio Tambán, se convirtieron en los principales fabricantes de armas nacionales no provenientes del Estado, especialmente para los residentes de Guaranda en Bolívar, provincia ubicada en el centro del país. 

Napoleón Guillén (quien aparece en algunas de las fotos de este artículo), un ex armero de Chimbo, comenta que los orígenes de esta actividad responden a sucesos de hace siglos atrás, cuando en la Batalla de Camino Real (1820), los antepasados de estos artesanos reparaban los mosquetes y demás armas para los patriotas que luchaban por la independencia del país.

En un reportaje para el programa televiso llamado La Televisión, realizado por Gustavo Yánez, Ángel Sánchez, un habitante del mencionado barrio, y armero desde hace muchos años, cuenta una historia más reciente.

La reparación de armas en estos talleres comenzó en la década de 1920, y poco a poco el trabajo se fue diversificando hasta que tiempo después empezó la fabricación propia de imitaciones de armamento extranjero.

Para 1930 aproximadamente, se fabricaría la primera escopeta por encargo en Chimbo, libre de cualquier regulación del Estado.

Para la fabricación de armas, estos ingeniosos artesanos empezaban por conseguir una pieza de hierro, que sería fundida, y luego se cortaban las piezas conforme a los moldes. Finalmente, las partes resultantes se unían con suelda y se realizaban los acabados finales para su uso y venta. En la composición de armas como la escopeta de cartucho interviene también la carpintería para la culata y el mango. 

Se estima que la producción de estos talleres artesanales era de unas 10 a 24 armas por taller al mes, los precios podrían ir desde los más bajos que eran inferiores a 30 dólares, hasta algunos ejemplares de 300 dólares.

Principalmente se elaboraban escopetas y revólveres, con toda la variedad de calibres, así como de acabados y cantidad producida, variaría mucho de acuerdo a las capacidades de los distintos talleres. 

Guillermo Rodríguez, otro ex armero de Chimbo entrevistado por este medio, cuenta que entre las primeras imitaciones del barrio Tambán, estaría la escopeta de chimenea; conforme esta actividad tomó mayor importancia para los artesanos de la zona, se abrieron nuevos talleres y las técnicas de producción siguieron evolucionando, para llegar a la producción de escopetas de perdigón. 

Los principales compradores de las fabricaciones artesanales eran las empresas de seguridad, que, por su muy bajo costo, preferían mandarlas a hacer en Chimbo antes que importarlas, pues el precio, llegaría a ser tres veces menor de esta forma, especialmente porque no se debía pagar por toda la burocracia estatal.

En un determinado momento, en el Ecuador empezaron a proliferar este tipo de empresas ante la creciente inseguridad, por ello, la demanda de armas incrementó significativamente, y así muchos artesanos vieron en su fabricación la posibilidad de generar buenos ingresos.

En el año 2002, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador abrió en Chimbo la “Sección Militar de Control de Armas” con el objetivo de tener dar un sustento legal a esta fabricación de armas, donde el fabricante debería justificar el por qué y a quién de su producción, y así tener un control sobre ello. Esta entidad llegaría a registrar un total 35 talleres asociados y no asociados en Chimbo.

En otro reportaje del programa La Televisión, grabado entre los años 2009 y 2010, el capitán Enrique Gómez, jefe de control de armas en Chimbo, afirmó que la ley facultaba a los fabricantes a disponer de un stock de 25 armas de cada calibre.

Así, con la Ley de Armas de 1979 vigente, y la supervisión de una entidad de las Fuerzas Armadas, los artesanos de Chimbo produjeron armas para el país por muchos años, brindando armamento a las empresas de seguridad que requerían de ellas para brindar un servicio, y para aquellas personas, sobre todo en el área rural del país, que necesiten de una para su propia protección y cuidado de la propiedad privada.

Exarmeros viven del 'bono' y de iniciativas propias | Economía | Noticias |  El Universo

Esto cambiaría cuando el 29 de junio del 2009 el gobierno de izquierda de Rafael Correa, a través del Acuerdo Interministerial 101 a escala nacional impedía a los civiles el porte de armas con o sin permiso, y también regulaba su venta.

Poco tiempo después empezarían los allanamientos y decomisos en los talleres de Chimbo, generando un ambiente de caos para la hasta entonces tranquila ciudad, y un descontento en los artesanos que no comprendían las acusaciones por parte del gobierno correísta de ser fabricantes a gran escala y tratar de competir contra el Estado

Para este momento, el lector recordará que el Comando Conjunto registró 35 talleres con una media de 3 personas por taller que se dedicaba a la fabricación de armas, con un procedimiento rudimentario de fundición de piezas de hierro, con acabados y carpintería manual, por lo que es poco creíble aquello de lo que se les acusaba a los armeros.

El capitán Enrique Gómez, en el reportaje mencionado, denunció que los talleres tenían el debido permiso, y que los allanamientos no correspondían, además de que se estaban irrespetando las facultades y competencias del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Señaló también las incongruencias existentes al no haber detenidos en los decomisos, dado que la entidad de control había desarrollado una codificación para poder identificar las armas legales, y en teoría, se allanó lugares que las producían fuera de la ley, por lo que debería haber habido arrestos.

El ministro de Gobierno de Correa de ese entonces, Gustavo Jalkh, defendió los allanamientos y dijo que si había un fabricante que contara con los permisos requeridos, los objetos decomisados le serían devueltos, pero esto nunca ocurrió.

Poco a poco, el gobierno de Correa fue dificultando la compra y venta de armas, al punto de que los armeros de Chimbo se vieron en la obligación de dejar de producirlas.

Correa prometió incorporar a los ex armeros a otras actividades como la producción de sillas y mesas (pupitres) para las escuelas del país, y aunque si hubo intentos por hacerlo, los artesanos denunciaron el incumplimiento de la palabra de Correa, y que esas actividades no daban sustento a las familias de Chimbo de forma permanente.

En los últimos años de gobierno correísta, los ex armeros decían vivir de los bonos de gobierno y actividades adicionales que cada uno de ellos hacía por su parte. El lector notará, que Correa quiso y logró prohibir las armas de forma legal, y dejó a los artesanos de Chimbo a la merced de su gobierno, para que inevitablemente vivan de la limosna estatal.

Independientemente del fin de su actividad, los armeros de Chimbo, por mucho tiempo, respondieron con su trabajo a esa narrativa marxista de que la venta legal de armas busca equipar sólo a las personas ricas, para así dejar a los pobres indefensos ante los abusos de los poderosos. Esta idea es usualmente aceptada por las alas más radicalizadas de la izquierda, como una forma de dividir a la sociedad. 

Sin embargo, lejos de eso los artesanos de Chimbo mostraron que el capitalismo popular genera respuestas para brindar un medio de defensa económico para los ecuatorianos, fabricando armas que a pesar de ser de imitación de forma rudimentaria y a un bajo costo, funcionaban perfectamente, facilitando su acceso para aquellos que necesitan defenderse.


Por Edgar Israel Vega Lema, para La Derecha Diario.

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El alcalde correísta de la ciudad de Quito fue removido de su cargo por corrupción

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Después de dos años como alcalde de Quito, Jorge Yunda fue removido del cargo por incumplimiento de funciones pese a que el bloque de concejales correístas quisieron evitar su destitución.

Jorge Yunda, médico, músico y aliado de la “revolución ciudadana” (movimiento político correísta) fungía como alcalde de la ciudad de Quito desde el año 2019, pero hace pocos días, fue removido de su cargo.

Dueño de varias estaciones radiales, tuvo en el gobierno de Correa a su mejor aliado para incrementar las frecuencias de radio y aumentar su patrimonio en este sector de las telecomunicaciones.

Llegó a la alcaldía de la capital con un margen muy dividido con respecto a los otros candidatos, demostrando una vez más el doble filo de la democracia para las libertades individuales.

Pero a diferencia de otras situaciones similares, por medio de la participación de varios movimientos de personas, se realizó la petición de destitución al Concejo Metropolitano por incumplir con varias normas administrativas como el no transparentar las finanzas públicas y obstaculizar la fiscalización en el municipio.

Más allá de las cuestiones legales, la prensa de Quito había revelado severos casos de corrupción en la compra de vacunas y medicinas. También expusieron chats filtrados sobre los negocios ilícitos en los que participaba su hijo con diferentes proveedores y empleados del municipio.

Todo esto desató la indignación de muchos ciudadanos. El Concejo Metropolitano aceptó estas denuncias y votaron a favor de la destitución del alcalde Yunda, excepto los concejales correístas, aunque esto no les alcanzó para “salvarlo”.

Hace pocos días el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y en sesión extraordinaria, ratificó con todos los votos a favor lo actuado hace un mes por los concejales de la alcaldía de Quito.

A Yunda le quedan prácticamente nulas esperanzas de revertirlo mediante los pocos mecanismos legales existentes; curiosamente pese a declarar semanas antes que acataría la resolución del TCE, hoy ha dicho lo contrario y se niega a entregar la alcaldía al vice-alcalde Santiago Guarderas quien perteneció al PSC, un partido tradicional ecuatoriano de centro-derecha. 

Todo es cuestión de horas para que el TCE ejecute el fallo y notifique formalmente a Jorge Yunda que su tiempo como alcalde de Quito ha concluido.

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