El índice de actividad económica no crece desde 2018 y está lejos de recuperarse del shock por la pandemia. El Banco Central recortó las perspectivas de crecimiento para los próximos dos años. 

La evolución de la economía mexicana demuestra un comportamiento anémico desde hace cinco años, y la totalidad del sexenio del presidente López Obrador podría culminar con la tasa de crecimiento per cápita más baja de los últimos 100 años, mientras el mandatario socialista lanza una reforma electoral para perpetuarse en el poder.

El Banco Central de México confirmó que el índice de actividad económica mensual (el IGAE) creció un 0,35% en diciembre de 2022, después de haber disminuido un 0,41% en el mes precedente. La economía no logra recuperarse del impacto producido por la pandemia, y aún arrastra una caída del 0,2% con respecto al nivel que tenía en enero de 2020.

Asimismo, el IGAE creció solamente un 0,48% en lo que va de la presidencia de López Obrador, una cifra irrisoria y anémica en comparación al crecimiento del 13,55% observado en el mismo período de tiempo pero durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Se perdió completamente la tendencia de crecimiento de largo plazo, a pesar de los fuertes estímulos fiscales desplegados entre 2020 y 2021 por el Gobierno socialista.

Probablemente el dato más preocupante para la trayectoria de la economía mexicana sea la dimensión del ingreso real por habitante. El índice IGAE ajustado por población acumuló una fuerte caída del 3% entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022, un indicador que denota un deterioro generalizado en la calidad de vida de los mexicanos desde la llegada de la izquierda al poder.

Se observó una caída del 2,51% en la renta per cápita en comparación con el último mes antes de la pandemia, y México se convierte en uno de los pocos países que aún no logran recuperarse del impacto luego de 3 años. De hecho, el ingreso real por habitante es el más bajo observado desde octubre de 2014 según la serie del IGAE ajustada poblacionalmente.

Las reformas estatistas y dirigistas de López Obrador consumieron el crecimiento potencial, desalentaron la entrada de capitales para la inversión en el país, y descapitalizaron sectores estratégicos para la economía como la energía. La más reciente apuesta del oficialismo fue la estatización de la explotación de litio en todo el país, avanzando cada vez más hacia la socialización. 

Los pésimos resultados cosechados hasta ahora llevaron al Banco Central de México a recortar las estimaciones de crecimiento para los próximos dos años. Su más reciente diagnóstico sugiere que la actividad crecerá un 1,6% en 2023 (con un máximo del 2,4% y un mínimo del 0,8%), y para el año 2024 la variación aumentaría ligeramente al 1,8% en un escenario relativamente optimista. 

Las anteriores estimaciones de crecimiento estimaban un aumento del 1,8% para 2023 y un 2,1% para 2024 respectivamente. La mejoría para 2024 no se debe a factores estructurales internos, sino simplemente a una mejora del intercambio comercial por la esperada reactivación de la economía estadounidense en ese año.

“En congruencia con la reactivación esperada de la economía estadounidense hacia 2024, se espera una gradual mejoría en el ritmo de crecimiento de la economía mexicana en dicho año”, señala el informe del Banco Central de México. 

El Estado concentrará el monopolio de la exploración y explotación del mineral, anulando completamente el apetito inversor en el sector. La inversión real del país perdió el 20% de su potencial desde que el socialismo llegó al poder. 

El presidente socialista de México, Andrés López Obrador, decretó oficialmente la estatización de todas las explotaciones de litio en el país, el pasado 18 de febrero. El Congreso ratificó la decisión del Presidente, y se complementa con la reforma ya aprobada en abril del año pasado que declaraba al litio como “propiedad de la Nación”.

A partir de las nuevas normativas, ninguna empresa privada ni extranjera ni nacional podrá explorar y explotar litio, esta potestad queda a limitada al celoso monopolio del Estado mexicano, de la empresa estatal Litiomx.

Esta medida es un paso más en la socialización de la economía, y su consecuente descapitalización, lo cual los socialistas mexicanos tienen como un objetivo.

Gracias a esta medida, fueron anuladas todas las inversiones que estaban previstas por la empresa británica Bacanora Lithum, que recibió una concesión durante el gobierno de Peña Nieto para el desarrollo de las exportaciones de litio. Se trata de un mineral estratégico para el desarrollo de celulares y baterías de automóviles eléctricos, y esta medida sin lugar a duda llevará a una suba del precio.

El Estado mexicano pondrá en marcha el denominado “Plan Sonora”, un proyecto que pretende iniciar la explotación del mineral sobre los mayores yacimientos dentro del país. Las empresas privadas podrán participar en el uso y la transformación del litio, pero no así en su extracción y explotación.

La estatización del litio supone la segunda gran expropiación llevada a cabo por López Obrador. El primer avance importante en este sentido se produjo con la reforma energética de 2021, que centralizó todos los proyectos de energía bajo la supervisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Si bien el Gobierno anterior del PRI aprobó una reforma constitucional que abrió el mercado energético a la inversión privada nacional y extranjera, la contrarreforma de 2021 exige que todas las inversiones deberán celebrar contratos en asociación con la CFE y la petrolera estatal PEMEX.

También se decretó el fin de las Zonas Económicas Especiales (análogas a las zonas francas en Argentina), diseñadas para atraer grandes flujos de inversión en áreas con dificultades socioeconómicamente y con más necesidad de desarrollo. La decisión supuso el fin de una inversión potencial por 42.287 millones de dólares y la creación de 367.000 puestos de trabajo formales.

El resultado de las medidas fue demoledor para la inversión privada y el crecimiento. El gasto en inversión dejó de ser el motor del crecimiento de la demanda interna de México, y perdió el 19,8% de su valor potencial desde el año 2019.

La tendencia de crecimiento del país fue completamente abandonada. En lo que va de la administración socialista, el ingreso real por habitante solamente creció un 0,68% en 5 años. El sexenio de López Obrador acabará, casi con certeza, ostentando la menor tasa de crecimiento per cápita de los últimos 100 años.

El Gobierno socialista profundizó el intervencionismo estatal en la economía y generalizó las distorsiones. México abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo, y aún no logra recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia. 

El Banco Central de México informó que la actividad económica sufrió una nueva caída del 0,45% en noviembre del año pasado, y de esta manera se profundiza el escenario de estancamiento que se observa el país desde mediados de 2018.

La economía mexicana se perfila como una de las contadas excepciones en el mundo que aún no logra recuperarse del shock provocado por la pandemia en 2020, la actividad acumula una caída del 0,68% entre enero de 2020 y noviembre del año pasado, y un ligero repunte del 0,7% si se compara contra febrero de 2020.

En lo que va de la administración del presidente Andrés López Obrador la actividad económica solamente creció un magro 0,68% en 5 años, una situación de evidente estancamiento. Con esta tendencia tan negativa, se estima que el sexenio de López Obrador tendrá el menor crecimiento per cápita de los últimos 100 años.

México perdió su tendencia de crecimiento de largo plazo. Se estima una brecha superior al 11% entre el crecimiento efectivamente observado y el que habría ocurrido de continuar con la tendencia de la década anterior. El diferencial es aún mayor en el nivel de la inversión privada, un 19,8% hasta el tercer trimestre del año pasado.

El PBI ajustado por habitante acumuló una caída del 3,2% desde la llegada del socialismo al poder, en un claro contraste en comparación con el crecimiento sostenido de las dos administraciones precedentes. 

La tasa de inflación permanece en niveles elevados en comparación al promedio de los últimos 15 años, y escaló al 7,82% interanual al término de diciembre del año pasado. La economía de México sufre un escenario de estanflación, mientras que la tasa de política monetaria aumentó al 10,5% anual a partir de diciembre de 2022.

La política económica de López Obrador

El estancamiento responde a las políticas económicas poco convencionales llevadas a cabo por el Gobierno socialista, todas ellas apuntando contra la oferta agregada y su potencial para el crecimiento de largo plazo.

La reforma energética del socialismo centralizó todos los proyectos de energía bajo la supervisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Establece que todas las inversiones privadas en el país deben celebrar contratos en asociación con la CFE y la petrolera estatal PEMEX.

Asimismo, a partir de 2018 el Congreso mexicano aprobó una reforma laboral que endureció las regulaciones para la subcontratación y tercerización de tareas, incrementando dramáticamente el costo laboral para el empleo. Más tarde, el Presidente Obrador decretó una nueva reforma con vigencia a partir de este año, que amplió los plazos mínimos para vacaciones pagas y sin criterios de productividad. 

El Gobierno también dispuso la cancelación de todas las Zonas Económicas Especiales (análogas a las zonas francas en Argentina), diseñadas para atraer grandes flujos de inversión en áreas con dificultades o socioeconómicamente menos desarrolladas. La decisión supuso el fin de una inversión potencial por 42.287 millones de dólares y la creación de 367.000 puestos de trabajo formales. 

Se impulsó la renovación de las autoridades del Banco Central, y una frontal negativa para reformar el sistema previsional o cuanto menos ajustar la edad mínima jubilatoria (actualmente fijada en los 65 años). Estas decisiones limitaron la credibilidad de la política monetaria, y provocaron pesimismo en la sostenibilidad de las finanzas públicas para los próximos años.