El sexenio de López Obrador se encamina a ser el de más bajo crecimiento en los últimos 100 años. Aunque la actividad escaló un 1,1% en el primer trimestre de 2023, no logró crecer prácticamente nada desde 2018 y los ingresos registran una caída de casi el 3% en términos reales.

La economía mexicana abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo y enfrenta una tensa situación de estancamiento. El PBI trimestral registró un modesto crecimiento de hasta el 1,1% durante los primeros tres meses de 2023, pero aún con este rebote la actividad sigue en los mismos niveles que tenía en 2018. No se logró ningún avance significativo desde aquel entonces.

Se observó un rebote interanual del 3,7%, ligeramente superior al 3,6% del trimestre anterior pero muy por debajo del 4,4% observado al término de septiembre del año pasado. La recuperación mexicana en la pos-pandemia es una de las peores del mundo, comparable al desempeño de la economía española.

Aún así, para el mes de marzo la actividad observó una caída del 0,3% y el crecimiento interanual se moderó al 2,7% con respecto al mismo mes del año pasado. Las actividades primarias se desplomaron un 1,6% mensual, las secundarias cayeron un 0,9% y el sector de los servicios mostró una disminución del 0,1% en términos reales.

La economía solamente creció un 1% desde diciembre de 2018, la cifra más baja para cualquier sexenio registrado en los últimos 100 años. Ningún presidente mexicano independientemente de su signo político terminó su mandato con un crecimiento tan pobre como el que registrara Manuel López Obrador al final de su mandato.

Pero como la población sigue creciendo y el PBI se encuentra estancado, el ingreso real por habitante es cada vez menor y con ello el nivel de vida promedio de los mexicanos. Desde la llegada del socialismo al poder el PBI per cápita real retrocedió un 2,36%, y quebró la tendencia alcista de los últimos 30 años.

Al difícil contexto internacional por la revisión del acuerdo NAFTA y el alza de las tasas de interés se sumaron factores internos que torpedearon constantemente la inversión privada en el país. Las medidas de López Obrador espantan a los inversores y desplazan la iniciativa privada por un rol cada vez más aplastante del Estado.

El presidente socialista dispuso la expropiación de todas las explotaciones de litio, estableció un virtual monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los contratos energéticos del país, y anuló todas las Zonas Económicas Especiales de México (zonas francas con un régimen impositivo preferencial).

Por otra parte, la gestión sobre el frente fiscal fue aún peor. El déficit primario del Gobierno federal (sin contabilizar las partidas de los Estados locales) partió de una situación de equilibrio en diciembre de 2018 a un rojo de 1,13% del PBI para principios de 2023. El resultado financiero incluyendo la factura por intereses marcó un déficit superior al 3,5% del PBI en el acumulado anual de enero, el más grande desde 1989.

El presidente socialista sigue deteriorando las garantías para los derechos de propiedad en el país, mientras que la economía se estanca por falta de interés inversor. Las acciones de Grupo México se desplomaron hasta un 4,2% tras darse a conocer la noticia.

El Gobierno de Manuel López Obrador determinó la rápida expropiación de tres tramos de Ferrosur en Veracruz, pertenecientes al conglomerado industrial Grupo México. Las instalaciones pasaron a la administración directa de la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y con participación operativa de las Fuerzas Armadas.

“La sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores. La empresa continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, solo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir”, anunció Grupo México tras anunciarse la noticia. 

De esta forma, se pone fin a un contrato de concesión acordado en diciembre de 1998 y más tarde ratificado en noviembre de 2012 en favor de Ferrosur. El Gobierno justificó la iniciativa por “cuestiones de seguridad nacional” pero lo cierto es que continúa con una agenda marcadamente estatista y socialista, como ya lo demostró con la centralización de los proyectos de energía o la expropiación de las explotaciones de litio.

Los mercados reaccionaron negativamente al aplastante avance del Estado sobre la seguridad jurídica en el país. Las acciones del conglomerado industrial mexicano se desplomaron hasta un 4,2% tan solo unas pocas horas después de anunciarse la expropiación ferroviaria. Sin previo aviso y de un día para otro, se ven anuladas inversiones millonarias y una serie de proyectos de largo plazo previstos por la empresa.

La inestabilidad de las reglas de juego en la economía es actualmente el principal factor de desaliento para la inversión privada. Así lo constató el Consejo Coordinador Empresarial de México (CCE), asegurando que las medidas dispuestas por el Gobierno federal atentan directamente contra la confianza recreada en la economía mexicana desde la década de 1990. 

La agenda socialista de López Obrador no es fortuita, acumula un costo sideral desde 2019. La inversión privada de México perdió completamente su dinamismo y abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo. Para el cuarto trimestre de 2022 la inversión privada de México perdió hasta el 23% de su tamaño potencial, acorde a la tendencia de crecimiento del sexenio del presidente Peña Nieto.

Esto condujo a un severo estancamiento del PBI, que solamente logró crecer un 0,41% desde enero de 2020. Por otra parte, el ingreso real por habitante del 3% desde que López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018, el estándar medio de vida se ve cada vez más rezagado.

Las políticas del Gobierno se encargaron de dinamitar uno de los principales motores que había mantenido la economía mexicana desde las reformas estructurales llevadas a cabo por Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid.

Por otra parte, las fatídicas renegociaciones sobre el acuerdo NAFTA contribuyeron a multiplicar los obstáculos para el comercio bilateral con Estados Unidos y esto deterioró la capacidad exportadora del país, otro de los pilares del modelo económico anterior. El crecimiento de la economía se queda sin motores, mientras que el estancamiento deteriora el nivel de vida a medida que crece la población.

Los desequilibrios del Gobierno federal superaron el 3,5% del PBI al término del primer mes del año, el resultado deficitario más importante desde abril de 1989. El presidente López Obrador desarticuló completamente el equilibrio fiscal primario heredado de la administración anterior.

Las finanzas públicas de México fueron abiertamente asaltadas con la llegada de la izquierda al poder. Bajo la administración del presidente López Obrador, no solamente se incrementó el peso regulatorio e interventor del Estado, sino también su propio tamaño en relación al conjunto de la economía.

De acuerdo a las estadísticas del Banco Central de México (BANXICO) el déficit primario del Gobierno federal llegó a representar el 1,13% del PBI en enero de 2023, siendo este el dieciochoavo mes en que el acumulado anual termina con un resultado deficitario. El presidente Obrador recibió el Gobierno con un déficit primario que no superaba el 0,2% del PBI en diciembre de 2018, y a pesar de haberse superado el shock por la pandemia continuó creciendo ininterrumpidamente desde el tercer trimestre de 2021.

El déficit financiero del Gobierno federal (excluyendo intereses de deuda pública y jurisdicciones locales) aumentó al 3,53% del PBI en el primer mes de 2023. De esta manera, el desequilibrio del Estado federal alcanzó el nivel más alto de los últimos 34 años, algo que no se veía desde abril de 1989.

Las erogaciones totales del sector público federal ascendieron al 17,8% del PBI en el mes de enero, sin contabilizar la carga por intereses de deuda. Los gastos primarios aumentaron en un punto del PBI desde la llegada de la izquierda al poder. Asimismo, los gastos federales totales representaron el 20,2% del producto de referencia en el mismo período.

El Gobierno incrementó el peso de los subsidios y las transferencias para las empresas estatales, pero evitó tomar cualquier tipo de medida compensatoria en ajustes presupuestarios sobre otras áreas o aumentos impositivos. En consecuencia, la nueva distribución de gastos se trasladó íntegramente en un mayor déficit sobre las cuentas públicas.

En segundo lugar, la negativa para avanzar hacia una reforma previsional integral también provoca una presión creciente sobre el déficit fiscal presente y de largo plazo. La edad mínima jubilatoria se mantuvo inalterada en los 65 años, y las fórmulas para el cálculo de los haberes mensuales tampoco fueron modificadas a pesar del envejecimiento poblacional.

El mayor desequilibrio de las finanzas públicas condiciona la reputación de la deuda pública mexicana en los mercados internacionales, y al mismo tiempo limita la efectividad de la política monetaria del Banco Central ya que se deterioran las expectativas sobre la evolución del déficit a mediano y largo plazo. Si bien la tasa de inflación interanual se moderó al 6,85% en marzo, todavía permanece en niveles muy alejados a las metas de la autoridad monetaria.

El sexenio de López Obrador ya no tiene casi ningún activo para mostrar políticamente. Las reformas de la izquierda penalizaron gravemente la inversión, y la economía mexicana abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo. La actividad económica solamente creció un 1% desde diciembre de 2018, y acumuló una caída de casi el 3% considerando el aumento de la población. La tasa de crecimiento por habitante es la más baja para cualquier sexenio registrado en los últimos 100 años.