En una movida que ya se repite en toda la región, y que recientemente afectó a Bolsonaro en Brasil y a Maria Corina Machado en Venezuela, el gobierno de Panamá quiere impedir que Martinelli sea candidato a presidente.

La Corte Suprema de Panamá confirmó este viernes una condena a 10 años de prisión por corrupción contra el candidato a presidente de la derecha Ricardo Martinelli, por su supuesto papel en el uso de fondos públicos para comprar un conglomerado de medios y recibir participación mayoritaria.

Esto, le impediría postularse a la próxima elección, que tendrá lugar el próximo 5 de mayo y lo vería enfrentando a José Gabriel Carrizo, el candidato de la izquierda que busca suceder al actual presidente, Laurentino Cortizo.

Debido a los factores que ocasionaron las Protestas en Panamá de 2023, el actual gobierno alcanzó los niveles más bajos de popularidad en la historia reciente de Panamá. Cortizo es considerado por la mayoría de panameños como uno de los peores presidentes de la historia del país.

Hoy es el candidato presidencial con mayor respaldo popular para las elecciones, y es el principal enemigo del actual gobierno de izquierda, que busca derribar su candidatura a toda costa. Las últimas encuestas lo ubicaban con un apoyo del 40%, mientras que Carrizo no llega a los 30 puntos.

Entre los demás candidatos, se encuentra Rómulo Roux, del centrista Cambio Democrático, José Isabel Blandón, del histórico centroderechista Partido Panameño; y Martín Torrijos Espino, el expresidente panameño, que solía pertenecer al mismo partido que Cortizo. Los tres sondean alrededor de 10% en intención de voto.

Por su parte, Ricardo Martinelli, que se presenta con el partido de derecha que fundó en 2021, Realizando Metas (RM), es un magnate megamillonario del rubro del retail, que ya fue presidente de Panamá durante los años 2009 a 2014, en alianza con el ya arcaico Partido Panameño.

Producto de rivalidades políticas, luego de concluir su mandato, Martinelli ha sido objeto de múltiples procesos espurios, con los cuales ha sido detenido de manera ilegal y arbitraria, según fue declarado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en el dictamen No.47/2019, en el marco del juicio Ricardo Martinelli vs Panamá.

El gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, su sucesor directo en 2014, empeñó su gobierno en destruir su imagen y abrió más de 20 causas contra Martinelli, todas ellas manipuladas desde el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, el servicio de inteligencia de Panamá.

Uno de sus abogados, Sidney Sittón, dijo al canal de televisión local TVN que el fallo del alto tribunal no debería impedir su postulación. Todo indica que se trata de un proceso fabricado políticamente que busca inhabilitar a Martinelli, que tiene la victoria servida en bandeja.

En la actualidad, se encuentra pendiente de decisión ante el Comité de Derechos Humanos la comunicación que se sometió por proceso que motivó su detención ilegal bajo el caso No.138-15, el cual fue utilizado para extraditarlo desde Estados Unidos a Panamá, bajo la regla o principio de especialidad.

Dentro de dicho proceso fue declarado no culpable en dos ocasiones por seis jueces distintos, debiendo enfrentar durante todo ese proceso 2 años en detención ilegal y arbitraría donde se puso en peligro su vida.

Una vez que Martinelli fue ratificado definitivamente como no culpable, sus adversarios, entre esta la exprocuradora Kenia Porcell, abusando de su cargo, inicia gestiones para desconocer de forma arbitraria e ilegal la especialidad concedida a Martinelli, y que impedía ser enjuiciado o juzgado por hechos anteriores a su extradición.

Así, logra de forma espuria que se desconozca el principio de especialidad de Martinelli y se le relaciona a investigaciones controladas por la conocida Procuraduría Paralela, investigaciones que utilizan los adversarios de Martinelli para perseguirlo políticamente, lo cual tiene como única finalidad inhabilitarlo.

A la fecha, dos de estos procesos manipulados son utilizados por sus rivales políticos para continuar la persecución en su contra, pero el objetivo final es impedir que se presente a la próxima contienda electoral como candidato a presidente.