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Perú

La izquierda está intentando una revolución comunista en Perú tras el arresto de Pedro Castillo

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El Parlamento presiona a la presidente provisional, Dina Boluarte, para que autorice a las Fuerzas Armadas a combatir la insurgencia terrorista.

Como viene cubriendo La Derecha Diario hace varias semanas, Perú atraviesa lo que otros medios llaman un "estallido social" pero que no es otra cosa que una revolución comunista financiada por entidades extranjeras.

Los llamados "ronderos", pueblos indígenas y grupos de izquierda están levantándose en protesta en todo el país, con foco en la región del Puno y en Lima, donde recientemente se intentó efectuar un golpe de Estado quemando los principales edificios del Estado, afortunadamente sin éxito.

La justificación de estos manifestantes es que Pedro Castillo, el ex presidente que intentó dar un golpe de Estado cerrando el Congreso y la Corte Suprema pero fue detenido por la Policía Nacional tras ser destituido por el Parlamento en flagrancia, está injustamente arrestado y debe ser liberado.

Además, piden un llamado a elecciones y una reforma constitucional, un calco a la agenda de los grupos del Apruebo en Chile que tras meses de protestas lograron sacar a Piñera, colocar un presidente comunista y escribir una nueva Constitución de izquierda, que no pudieron aprobar de lo extremista que era.

En Perú, falta mucho para las elecciones, y Dina Boluarte, quien era la vicepresidente de Castillo, decidió pactar con el Congreso dominado por partidos de derecha y quedarse como presidente provisional en vez de anticipar el proceso electoral que tendrá lugar en 2025.

Las protestas no son autoconvocadas. Según denuncia el gobierno, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, está actualmente ubicado en la región del Puno, promoviendo las protestas de los ronderos, con sus bloqueos de rutas y ataques a la policía. Además, financia grupos separatistas que quieren independizar la región.

También está como organizador el Gallo Zamora, embajador cubano en Perú, acusado de ser uno de los principales instigadores de la insurgencia terrorista en Perú. Bolivia pone el dinero y Cuba la logística.

Gran parte del Perú permanece bloqueada por cortes de rutas, que han llevado a la muerte de decenas de personas que no han podido acceder a hospitales porque los ronderos no les permitían el paso.

Ciudades enteras sufren de desabastecimiento por los cortes de ruta, y la insurgencia comunista también ha atacado aeropuertos para evitar que el Gobierno Nacional asista a la población por la vía aérea.

Pedro Castillo había prometido en la infame cadena nacional que dio el pasado 7 de diciembre que ponía al Perú bajo estado de sitio y le pedía a la gente que se quede en sus casas. A pesar de que el intento de dictador fue frenado, la realidad de los peruanos terminó siendo la misma, no por terrorismo de Estado si no por terrorismo de los grupos insurgentes.

En la CELAC, que este año se reunió en Argentina y cuyo primer presidente en 2010 fue el tirano comunista Hugo Chávez, los países que han caído bajo las garras del Foro de Sao Paulo han lanzado fuertes ataques contra la presidente legítima del Perú, Dina Boluarte.

El chileno Gabriel Boric, el brasileño Lula da Silva, el argentino Alberto Fernández y la hondureña Xiomara Castro apuntaron contra el gobierno peruano y pidieron que se "reduzca la violencia policial" y que se llame a elecciones anticipadas. El pedido de Xiomara Castro fue tan burdo, al borde de pedir la destitución de Boluarte, que el gobierno peruano anunció que quitaría la Embajada de Honduras.

Boluarte por el momento no ha autorizado a las Fuerzas Armadas a intervenir en el combate contra las fuerzas terroristas que amenazan con llevar a Perú por el mismo camino que el vivido en la década del ’80. Por ahora es la Policía Nacional la que enfrenta a los ronderos y los grupos de choque de la izquierda, pero no da abasto, y desde el Parlamento piden que se declare el estado de sitio y se combata de frente la amenaza a la Seguridad Nacional.

Ecuador

Perú anuncia una auditoría para determinar si facciones rebeldes de sus FFAA están entregando armas a los pandilleros en Ecuador

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La auditoría permitirá determinar si las Fuerzas Armadas del Perú le entregaron entre los años 2011 y 2016, cuando gobernaba el izquierdista Ollanta Humala, armamento peruano a los grupos criminales de Ecuador.

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno de la presidente Dina Boluarte inició una rigurosa auditoría para determinar si las municiones y artefactos explosivos de algunos grupos delictivos de Ecuador procedían de arsenales de las Fuerzas Armadas peruanas, como reportó la policía ecuatoriana esta semana.

"Se ha determinado que existe una presunta posibilidad de que algunas de esas municiones, explosivos o granadas hayan salido en épocas pasadas de los almacenes de las Fuerzas Armadas", ha reconocido el ministro Chávez.

Según ha relatado el encargado de Defensa a la emisora RPP, las armas, municiones y artefactos explosivos que se les vieron a los encapuchados armados que asaltaron el martes las instalaciones de la cadena ecuatoriana TC Televisión en Guayaquil podrían proceder de Perú.

Chávez ha confirmado que por lo menos el número de serie de una granada incautada a los delincuentes, coincidía con un arsenal obtenido por Perú en 2016, razón por la que decidieron lanzar una auditoría general de todos los inventarios.

"Lo que tenemos que hacer es garantizar que esos hechos sucedidos en años anteriores no se vuelvan a producir, por lo tanto, se están llevando a cabo todas las acciones para evitar justamente eso. El arsenal de guerra debe ser custodiado adecuadamente", ha dicho.

Entre los años 2011 y 2016, gobernó en Perú el presidente de extrema izquierda Ollanta Humala, hermano de Antauro Humala, líder terrorista fundador del movimiento etnocacerista, y se creó una facción dentro de las Fuerzas Armadas vinculadas al castrochavismo en la región.

Se cree que durante esos años, el arsenal de las fuerzas militares peruanas fue puesto en función de grupos narcoterroristas de la región, y muchas de sus armas, municiones y granadas terminaron en manos de guerrilleros en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Si bien no había evidencia fuerte que sostenga esta suposición en los últimos años, la denuncia de la Polícia ecuatoriana fue tomada con extrema seriedad por el actual Gobierno peruano, que lanzó esta auditoría para que, por primera vez en casi una década, se sepa la verdad.

Ecuador atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia reciente, luego de que los grupos narcos que eran parte del Gobierno de Rafael Correa le declarasen la guerra al nuevo mandatario Daniel Noboa. Luego de una serie de arrestos de alto perfil, los narcos salieron a las calles a cometer olas de crímenes y estallaron motines en varias prisiones del país, donde los líderes de estas pandillas se dieron a la fuga.

En medio de este caos, Noboa declaró el Estado de Excepción y el Conflicto Armado Interno, y le ordenó a las Fuerzas Armadas de Ecuador que neutralice a 22 grupos guerrilleros, que ahora se investiga si recibieron armamento peruano entre los años 2011 y 2016.

En este contexto, un grupo de encapuchados armados asaltó el martes las instalaciones de la cadena TC Televisión, que rápidamente fue rodeada por agentes de Policía que finalmente lograron evacuar a los empleados y detener a los delincuentes, entre los cuales se descubrieron armas de orígen peruano.

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Perú

El ex presidente de Perú Alberto Fujimori quedó en libertad: El legado del “capitalismo popular” a tres décadas del milagro económico

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Las reformas del expresidente sentaron las bases para el crecimiento, la estabilidad y ahorro en la economía peruana después del desastre socialista. El país recuperó la moneda y desarrolló el llamado “capitalismo popular” que sigue dando resultados incluso al día de hoy.

Este miércoles, la Corte Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del ex presidente Alberto Fujimori, una figura emblemática de la década de 1990 y la política peruana. Quedó sin efecto la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había revocado el indulto del ex presidente Kuczynski.

Su paso por la presidencia sentó las bases de una verdadera revolución económica que fue bautizada como el modelo de “capitalismo popular” de Perú. Pese a la importante inestabilidad política que sufre el país al día de hoy, la situación macroeconómica se muestra increíblemente independiente: la inflación está bajo control, el ahorro en moneda doméstica es más significativo que nunca y el nivel de actividad logró recuperarse de la pandemia, pese a la ligera tendencia recesiva de la segunda mitad del año.

Esta independencia entre el factor político y el factor económico no siempre estuvo presente en el Perú. Para la década de 1980, la economía del país era, y con diferencia, una de las más diezmadas y pobres de toda la región. No solo por sufrir episodios crónicos de inflación y crisis de balanza de pagos, sino además por mantener un nivel de ingreso por habitante muy inferior al promedio de América Latina.

El presidente Alan García llevó a cabo un experimento de corte socialista que terminó por desequilibrar completamente la economía hacia el final de su mandato. Su gestión finalizó con un nivel de aprobación oscilando entre el 18% y el 21%, cuando había llegado al poder con una imagen positiva superior de hasta el 80% de la opinión pública.

El llamado “aprismo” implementó un programa heterodoxo que expandió fuertemente el déficit fiscal del 3,7% del PBI en 1985 al 6,7% en 1986, y casi un 9% del PBI para 1987. Estos desequilibrios fueron financiados con emisión monetaria sin respaldo, ya que el Gobierno se resistía a modificar la estructura impositiva para financiar el despilfarro.

La tasa de inflación interanual creció del 65% al 114,5% entre enero y diciembre de 1987, mientras que el Gobierno respondió con la masiva extensión de los controles de precios e incluso intentó estatizar el sistema bancario del Perú como una supuesta receta para combatir el alza de precios.

El mes de julio de 1990 fue particularmente caótico para Perú: el proceso hiperinflacionario se tornó violento e inmanejable y los precios aumentaron un 396% solamente en ese mes, algo nunca antes visto en la historia económica peruana. La inflación interanual había superado el 3.000%.

Al mismo tiempo en que se producía la hiperinflación también se produjo la recesión más violenta en la historia del país: el nivel de actividad se desplomó un 24% entre el tercer trimestre de 1987 y el segundo trimestre de 1990, el último de Alan García en el poder.

En medio de un clima hiperinflacionario y una recesión profunda, Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 1990, dando lugar a una serie de reformas económicas que fueron el pilar del modelo económico fujimorista que incluso hoy en día se mantiene casi inalterado.

La nueva administración respondió con la aplicación de un programa de shock denominado popularmente como “Fujishock” para terminar con la hiperinflación, de la mano del ministro de Economía Juan Carlos Miller. Fueron adoptadas las siguientes medidas:

  • Liberalización del mercado cambiario
  • Rebaja generalizada de aranceles a la importación y eliminación de recargos
  • Desregulación del comercio exterior
  • Desregulación del sistema financiero y las tasas de interés bancarias
  • Eliminación de los controles de precios y salarios
  • Endurecimiento de la política monetaria hasta las últimas consecuencias 

Desde 1992, se implementó un programa de esterilización para la emisión, y en 1993 Fujimori aprueba una reforma en la carta orgánica del BCRP atada a la nueva Constitución que aprobó ese mismo año, garantizando autonomía para la autoridad monetaria y prohibiendo por ley la financiación espuria al Estado

Al mismo tiempo, el Gobierno fujimorista decidió emprender un importante programa de austeridad fiscal, racionalizando la administración pública, actualizando el valor de las tarifas de los servicios públicos regulados y privatizando la mayoría de las empresas del Estado. La terapia de shock logró un nivel inédito de credibilidad que consiguió derribar la inflación mensual hasta un promedio del 6,4% durante todo 1991.

A partir de 1993, la economía peruana experimentó un crecimiento vigoroso del PBI y de todos sus indicadores económicos, financieros y humanos, y todos esto con una envidiable estabilidad de precios, una situación que no se veía desde principios del siglo XX en ese país y tampoco se había logrado en otras partes del continente.

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Argentina

El presidente del Banco Central de Perú vino a Argentina para explicar el éxito de las reformas de Fujimori: "Si yo hiciera lo que hace el BCRA, iría preso"

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Las reformas del expresidente garantizaron la independencia del Banco Central por vía constitucional. Se prohibió la asistencia monetaria al Gobierno nacional, se prohibió el cepo cambiario, y la inflación se estabilizó en la década del 90 a partir de un cambio de régimen creíble.

El economista Julio Velarde Flores, que ocupa la dirección del Banco Central de Perú de forma ininterrumpida desde el año 2006, viajó al Coloquio de IDEA en Mar del Plata para explicar el éxito del modelo económico heredado de la presidencia de Alberto Fujimori. Bajo la administración de la derecha, Perú logró sentar las bases para un proceso de crecimiento sostenido y sin inflación por primera vez en su historia.

Flores explicó que el pilar de la estabilidad macroeconómica del Perú son las reformas emprendidas en el país en la década de 1990, y en particular la del Banco Central a partir de 1992. El presidente Fujimori reformuló la carga orgánica de la autoridad monetaria prohibiendo expresamente el financiamiento al Tesoro de forma directa, y se estableció un tope de sólo el 5% de la base monetaria para la compra de títulos públicos en el mercado secundario (lo que se conoce como flexibilización cuantitativa).

Por otra parte, el Banco Central de Perú perdió la capacidad de fijar un cepo cambiario para limitar las operaciones, algo que según el propio Flores constituye una causal de despido inmediato de su cargo.

También se prohíben expresamente los créditos para la banca de fomento, y se prohíbe fijar tasas de interés arbitrarias o subsidiarias para determinados sectores específicos (algo que en Argentina es muy habitual).

Flores explicó que Perú ensayó diversos intentos por “independizar” el Banco Central del poder político con simples reformas de su carga orgánica, una estrategia similar al que hoy propone el espacio de Patricia Bullrich y Carlos Melconian. Pero esto fracasó por la falta de credibilidad, hasta tal punto de sufrir un violento episodio hiperinflacionario entre 1990 y 1991.

Esas prohibiciones son efectivas. Pero la autonomía no es todo. La autonomía del Banco Central de Perú data de 1979, y luego tuvimos hiperinflación. Tiene que haber una real independencia política, y eso se logró recién en 1992”, explicó el presidente de la autoridad monetaria peruana.

El cambio de régimen creíble solamente se produjo en 1993, cuando el presidente Fujimori convalidó todas las reformas emprendidas en el Banco Central por medio de una nueva Constitución que rige hasta el día de hoy. Esta es la verdadera garantía de independencia del poder político, y no simplemente el mero rediseño de la carga orgánica. La Constitución fujimorista sentó las bases para la estabilidad y el crecimiento del país a 30 años de su sanción.

La propuesta de Juntos por el Cambio no se parece en nada al caso peruano, porque no se ofrece ninguna garantía del calibre constitucional que ofreció Fujimori para independizar al Banco Central.

En cambio, se propone modificar la carta orgánica y quizás con criterios similares a los que establece Perú, pero de ningún modo se articula una regla tan fuerte para que el cambio de régimen pueda ser creíble a largo plazo. Es por esto que, ante la imposibilidad de lograr los acuerdos políticos para reformar la Constitución en estos momentos, el candidato Javier Milei propone una salida más simple pero más efectiva: dolarizar.

La última experiencia exitosa de la Argentina fue la Convertibilidad entre 1991 y 2002, un régimen dentro del cual el BCRA se independizó con una nueva carta orgánica desde 1992. Pero tanto la caja de conversión como la propia carga orgánica del Central fueron avasalladas por el Gobierno de Duhalde, ya que no se incluyó en la reforma constitucional de 1994 este tipo de medidas.

La propuesta de Bullrich y Melconian podría ser fácilmente obliterada de la misma forma en que ocurrió con la Convertibilidad, después de que termine su hipotético mandato.

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