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Persecución política tras el triunfo de Castillo: López Aliaga y dos diputados opositores imputados por “sedición”

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Sin que haya asumido todavía, el Poder Judicial de Perú ya está avanzando en perseguir a figuras de la oposición que han acusado a Pedro Castillo de haber ganado a través del fraude y de querer convertirse en un dictador.

La Cuarta Fiscalía Corporativa Penal del Ministerio Público decidió incluir a los congresistas de derecha Jorge Montoya y José Cueto, de la bancada de Renovación Popular, el espacio político que lidera Rafael López Aliaga, a la investigación por el delito de sedición, la cual también alcanza a periodistas, empresarios y al mismo Aliaga.

Según la denuncia del gobierno interino, que ya no esconde su colaboración con la persecución política que propuso el presidente-electo Pedro Castillo en campaña, estas personas “conspiraron para cometer sedición y la grave perturbación de la tranquilidad pública”.

¿La evidencia? Notas periodísticas y discursos de campaña hablando del fraude que cometieron los fiscales de Perú Libre y referenciando a Castillo como un dictador en potencia.

De acuerdo con el documento, los dos diputados de la bancada de López Aliaga tendrán que brindar sus descargos el próximo 4 de agosto a las 9 y 11 de la mañana, correspondientemente. Raúl Noblecila, uno de los abogados que presentó esta denuncia, señaló que “saluda la decisión de la Fiscalía”.

Estos señores no eran congresistas en funciones cuando han sucedido los hechos, no tienen inmunidad para que no se pueda incluirlos en la investigación“, destacó el abogado del partido comunista. “Estamos hablando de delitos comunes y esperamos con fe que la investigación avance“, agregó. 

Jorge Montoya y José Cueto, ambos de la bancada de Renovación Popular, son incluidos en la investigación por el delito de sedición.

Perú

Otra crisis en Perú: Renunció el Primer Ministro y Castillo deberá jurar el quinto gabinete en un año de gobierno

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Los casos de corrupción se apilan y los primer ministros le siguen renunciando al presidente comunista Pedro Castillo. Aníbal Torres presentó se va tras cinco meses en el cargo.

El abogado comunista Aníbal Torres presentó hoy su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros, un puesto de suma importancia en Perú. En una carta publicada en sus redes sociales, indicó que se aleja del gobierno de Castillo “por razones personales” sin dar mayores detalles. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia, y luego como premier”, dijo Torres en la misiva enviada al presidente de la República.

También revela que esto marca su retiro de la política en su totalidad. “Hoy me toca regresar a las aulas universitarias junto a mis alumnos y alumnas, y retomar lo que más extrañaba: la investigación jurídica”. Con esto, Torres se convierte en el cuarto premier en dejar el cargo en medio de las investigaciones del Ministerio Público por actos de corrupción contra el gobierno.

El encargado de manejar el día a día del Poder Ejecutivo en Perú había llegado al gobierno luego del fiasco que fue la negociación de Castillo con partidos conservadores para poder formar un gobierno de unidad con Héctor Valer Pinto como primer ministro.

Pero Valer nunca llegó a presentar su Gabinete, y tuvo que dar un paso al costado por las múltiples denuncias de corrupción y de violencia doméstica que pesaban encima suyo desde antes de pactar con Castillo.

Previo a Valer, Castillo había intentado generar una coalición entre partidos de izquierda conservadora y partidos de izquierda progresista, con Mirtha Vásquez como primera ministra. Sin embargo, la congresista del Frente Amplio duró poco más de tres meses, y renunció denunciando serios casos de corrupción.

El primer Jefe de Gabinete que había tenido Castillo, Guido Bellido, salió expulsado tras dos meses al frente del Gobierno luego de que se rompiera la relación entre el presidente y su jefe político, el comunista Vladimir Cerrón.

Así, Castillo, quien lleva exactamente 1 año y 7 días en el cargo, ya pasó por cuatro primer ministros diferentes y ahora deberá jurar el quinto Gabinete, el cual necesitará de la aprobación, nuevamente, del Congreso.

A pesar de haber llegado al poder con una agenda extremista y radical de izquierda, Castillo se dedicó desde que puso pie en la Casa de Pizarro a establecer una red de corrupción con sus ministros para robar lo máximo posible del erario público.

Prácticamente no ha implementado leyes nuevas, ni presentado proyectos. Había dicho en su discurso de asunción que expulsaría a los inmigrantes ilegales del país, en su recordada advertencia de “tiene 7 días para dejar el país”, pero ya han pasado 12 meses y medio y no ha hecho absolutamente nada al respecto.

También había prometido nacionalizar el gas e instituir el Servicio Militar Obligatorio, pero no ha avanzado en nada de todo eso. Su agenda ha estado dedicada totalmente a sobrevivir los ataques del Congreso que ya intentaron tres veces destituirlo por las denuncias de corrupción.

La Fiscalía de la Nación tiene indagaciones contra Castillo por cinco causas, una más grave que la otra. En primer lugar se lo investiga por ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde habría purgado oficiales de derecha y ascendido a uniformados que no deberían haber sido elevados por falta de experiencia. Se investiga también si pidió dádivas a los oficiales para ser ascendidos.

Otra causa investiga los reportados sobreprecios en la licitación de biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) de Samir Abudayeh por parte de la estatal Petroperú. También tiene un sumario abierto por obstruir las capturas de los prófugos de su gobierno: el exministro Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez Castillo.

En otra investigación, tal vez la más avanzada y más grave, se lo investiga por establecer una red de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se creó un sistema de coimas a cambio de licitaciones. El caso más paradigmático en esta causa es el de la licitación del Puente Tarata.

Esta causa empezó por una investigación de la prensa, que descubrió imagenes captadas de las cámaras de seguridad en el domicilio particular de Castillo, donde a altas horas de la noche se reunía con empresarios y lobbistas, a quienes presuntamente les prometía contratos con el Estado a cambio de dinero.

Así denunció la empresaria Karelim López, quien fue arrestada luego de aparecer en estas filmaciones. En calidad de arrepentida, López reveló el sistema de corrupción que Castillo estableció en tiempo récord en el Estado.

Analistas en Perú aseguran que esta causa podría ser la que finalmente derribe al presidente comunista, especialmente luego de que la semana pasada, el ex secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, se entregara a las autoridades tras cuatro meses en la clandestinidad para someterse a un proceso de colaboración en calidad de arrepentido.

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Perú

Recambio en el Congreso deja a una opositora en la presidencia de Diputados: “Castillo está plagado de corrupción”

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La nueva presidenta del Congreso consideró que la situación de Pedro Castillo “se va a complicar mucho” y reiteró que su gestión será “implacable” contra la corrupción.

La lista multipartidaria que encabeza Lady Camones, del centroderechista Alianza Para el Progreso (APP), ganó la elección de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo legislativo 2022-2023. La acompañaron los voceros del centroderechista Fuerza Popular, del conservador Podemos Perú y del centrista Somos Perú.

Esto marca un importante cambio en la presidencia del Congreso, previamente a cargo de María del Carmen Alva, quien creó un bloque centrista colaboracionista con el oficialismo, y anteriormente por la izquierdista feminista Mirtha Vásquez, quien había logrado crear un bloque oficialista juntando partidos comunistas, progresistas y socialdemócratas

En cambio, esta vez la coalición es considerada opositora al gobierno, y Camones lidera una fuerza de centroderecha que tendría la mayoría parlamentaria. En síntesis, esto termina de bloquear el Poder Legislativo de Pedro Castillo, y no tendrá más una mayoría automática para aprobar sus leyes.

La primera vicepresidente será Martha Moyano Delgado, del fujimorista Fuerza Popular; la segunda vicepresidente será Digna Calle Lobatón, quien responde al militar retirado Daniel Urresti, y en la tercera vicepresidencia estará Wilmar Elera, el único que podría considerarse cercano al gobierno de la Mesa Directiva.

Camones asumió con un fuerte discurso en contra de Castillo, y destacó que le parece “poco creíble” que “todo el entorno del presidente esté plagado de corrupción y él no haya tenido conocimiento”. En esta línea, reiteró que su gestión será “implacable” contra la corrupción, “venga de donde venga”.

La nueva mandataria del Legislativo expresó su apoyo y felicitación a la labor que está realizando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en las diversas investigaciones que ha iniciado contra el círculo cercano de Castilo.

Para Lady Camones, la situación de Pedro Castillo “se va a complicar mucho” tras la entrega al Ministerio Público del ex secretario de Palacio Bruno Pacheco, ex hombre de confianza de Castillo quien está declarando como arrepentido. “Está dando datos que aparentemente los está corroborando con pruebas”, refirió.

Por su parte, Wilmar Elera aseguró que el pacto para llegar al poder implicó un “compromiso de honor” con los partidos derechistas y que si bien no descuentan una vacancia de Castillo, en caso de aprobarse, renunciarían todos y convocarían una nueva Mesa Directiva con una Presidencia de Transición.

Esta mesa no se formó para buscar la vacancia del presidente sino para poder buscar el desarrollo del Perú. Antes de la elección, hemos firmado un documento que se llama ‘compromiso de honor’, para que en el supuesto legado en que llegara la vacancia de Pedro Castillo, la actual Mesa Directiva tendría que dar un paso al costado para nombrar a una persona que tenga la Presidencia de transición”, sostuvo en entrevista para Canal N.

Y agregó: “Si sale un video o un audio que lo compromete directamente al presidente. Estoy seguro que se presentará una vacancia y ahí sí se necesitan 87 votos. Considero que los congresistas de izquierda no están para blindar a corruptos ni mafias organizadas”.

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Congreso de Perú aprueba acusación constitucional contra Castillo y se inicia un tercer intento de destitución

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Castillo está en libertad únicamente por los fueros que tiene por ser presidente. Ya sobrevivió dos mociones de vacancia y ahora, con solo 12 meses en el cargo, deberá enfrentar una acusación constitucional.

El Congreso de Perú aprobó en la noche del viernes una acusación constitucional contra el presidente comunista Pedro Castillo por las reiteradas denuncias de corrupción, lo que podría conducir a un nuevo pedido de destitución en tan solo 12 meses en el cargo.

En el informe la Comisión de Fiscalización y Contraloría propone que se “formule Acusación Constitucional ante el Pleno contra el Presidente José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión y negociación incompatible“, algunos de los tantos crímenes que cometieron los miembros del círculo más cercano del mandatario.

El texto fue aprobado por 72 parlamentarios a favor, 40 en contra, y cero abstenciones, y es la primera vez que se utiliza este recurso contra el mandatario izquierdista. En el pasado, el Congreso ya intentó en dos oportunidades destituirlo con una moción de vacancia, pero falló gracias al apoyo de los partidos centristas.

Esta vez sin embargo, la moción vendría acompañada de una acusación constitucional por serios delitos al frente de la presidencia, lo cual debería llevar a que más parlamentarios le suelten la mano a riesgo de quedar pegado en su red de corrupció.

Según el documento presentado que consta de 360 páginas, Castillo “direccionaba” con un grupo de colaboradores de su entorno inmediato la concesión de contratos de obras públicas para llevarse una coima, además de orden la aprobación de ascensos militares salteándose varios órdenes de jerarquía, con el objetivo de purgar a las Fuerzas Armadas de sus miembros anticomunitas.

La misma comisión del Parlamento también recomienda que el expediente sea remitido a la Fiscalía de la Nación “a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente”. El Ministerio Público Fiscal, un ministerio autónomo en Perú, investiga a Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.

La fiscal Patricia Benavides Vargas asegura ya tener todo para llevar a Castillo tras las rejas, pero no tiene permitido presentarlo ante la Justicia mientras el mandatario tenga inmunidad por los fueros legales que entrega ser Jefe de Estado. Su mandato de 5 años recién termina en 2026.

En uno de los casos mencionados por la comisión de Fiscalización, conocido como “Puente Tarata III“, se determinó que un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas con sobreprecios, y se está investigando si esta práctica estaba institucionalizada o si fue la primera vez que lo hacían.

Los cuatro investigados del entorno del presidente están prófugos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos, y el propio Castillo debería estar preso de manera preventiva, ya que en libertad puede influir en la causa, pero no puede ser arrestado por los fueros.

Esta misma semana, Benavides Vargas anunció que se investigarpa al presidente Castillo por el presunto delito de tráfico de influencias en los ascensos militares, y lo citó a declarar para el 4 de agosto.

Castillo, que ganó las elecciones frente a la derechista Keiko Fujimori en una segunda vuelta muy ajustada, inició su mandato el 28 de julio de 2021. Desde entonces, prácticamente no ha presentado ninguna ley en el Congreso ni ha intentado implementar medidas, si no que se ha dedicado pura y exclusivamente a robarle al Estado.

Hay tanta evidencia en su contra que está en libertad únicamente por los fueros que tiene por ser presidente, y en apenas doce meses ya ha tenido que enfrentar dos votaciones de destitución en el Congreso, y ahora una acusación constitucional.

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