Las reformas del expresidente sentaron las bases para el crecimiento, la estabilidad y ahorro en la economía peruana después del desastre socialista. El país recuperó la moneda y desarrolló el llamado “capitalismo popular” que sigue dando resultados incluso al día de hoy.

Este miércoles, la Corte Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del ex presidente Alberto Fujimori, una figura emblemática de la década de 1990 y la política peruana. Quedó sin efecto la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había revocado el indulto del ex presidente Kuczynski.

Su paso por la presidencia sentó las bases de una verdadera revolución económica que fue bautizada como el modelo de “capitalismo popular” de Perú. Pese a la importante inestabilidad política que sufre el país al día de hoy, la situación macroeconómica se muestra increíblemente independiente: la inflación está bajo control, el ahorro en moneda doméstica es más significativo que nunca y el nivel de actividad logró recuperarse de la pandemia, pese a la ligera tendencia recesiva de la segunda mitad del año.

Esta independencia entre el factor político y el factor económico no siempre estuvo presente en el Perú. Para la década de 1980, la economía del país era, y con diferencia, una de las más diezmadas y pobres de toda la región. No solo por sufrir episodios crónicos de inflación y crisis de balanza de pagos, sino además por mantener un nivel de ingreso por habitante muy inferior al promedio de América Latina.

El presidente Alan García llevó a cabo un experimento de corte socialista que terminó por desequilibrar completamente la economía hacia el final de su mandato. Su gestión finalizó con un nivel de aprobación oscilando entre el 18% y el 21%, cuando había llegado al poder con una imagen positiva superior de hasta el 80% de la opinión pública.

El llamado “aprismo” implementó un programa heterodoxo que expandió fuertemente el déficit fiscal del 3,7% del PBI en 1985 al 6,7% en 1986, y casi un 9% del PBI para 1987. Estos desequilibrios fueron financiados con emisión monetaria sin respaldo, ya que el Gobierno se resistía a modificar la estructura impositiva para financiar el despilfarro.

La tasa de inflación interanual creció del 65% al 114,5% entre enero y diciembre de 1987, mientras que el Gobierno respondió con la masiva extensión de los controles de precios e incluso intentó estatizar el sistema bancario del Perú como una supuesta receta para combatir el alza de precios.

El mes de julio de 1990 fue particularmente caótico para Perú: el proceso hiperinflacionario se tornó violento e inmanejable y los precios aumentaron un 396% solamente en ese mes, algo nunca antes visto en la historia económica peruana. La inflación interanual había superado el 3.000%.

Al mismo tiempo en que se producía la hiperinflación también se produjo la recesión más violenta en la historia del país: el nivel de actividad se desplomó un 24% entre el tercer trimestre de 1987 y el segundo trimestre de 1990, el último de Alan García en el poder.

En medio de un clima hiperinflacionario y una recesión profunda, Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 1990, dando lugar a una serie de reformas económicas que fueron el pilar del modelo económico fujimorista que incluso hoy en día se mantiene casi inalterado.

La nueva administración respondió con la aplicación de un programa de shock denominado popularmente como “Fujishock” para terminar con la hiperinflación, de la mano del ministro de Economía Juan Carlos Miller. Fueron adoptadas las siguientes medidas:

• Liberalización del mercado cambiario
• Rebaja generalizada de aranceles a la importación y eliminación de recargos
• Desregulación del comercio exterior
• Desregulación del sistema financiero y las tasas de interés bancarias
• Eliminación de los controles de precios y salarios
• Endurecimiento de la política monetaria hasta las últimas consecuencias 

Desde 1992, se implementó un programa de esterilización para la emisión, y en 1993 Fujimori aprueba una reforma en la carta orgánica del BCRP atada a la nueva Constitución que aprobó ese mismo año, garantizando autonomía para la autoridad monetaria y prohibiendo por ley la financiación espuria al Estado. 

Al mismo tiempo, el Gobierno fujimorista decidió emprender un importante programa de austeridad fiscal, racionalizando la administración pública, actualizando el valor de las tarifas de los servicios públicos regulados y privatizando la mayoría de las empresas del Estado. La terapia de shock logró un nivel inédito de credibilidad que consiguió derribar la inflación mensual hasta un promedio del 6,4% durante todo 1991.

A partir de 1993, la economía peruana experimentó un crecimiento vigoroso del PBI y de todos sus indicadores económicos, financieros y humanos, y todos esto con una envidiable estabilidad de precios, una situación que no se veía desde principios del siglo XX en ese país y tampoco se había logrado en otras partes del continente.

Las reformas del expresidente garantizaron la independencia del Banco Central por vía constitucional. Se prohibió la asistencia monetaria al Gobierno nacional, se prohibió el cepo cambiario, y la inflación se estabilizó en la década del 90 a partir de un cambio de régimen creíble.

El economista Julio Velarde Flores, que ocupa la dirección del Banco Central de Perú de forma ininterrumpida desde el año 2006, viajó al Coloquio de IDEA en Mar del Plata para explicar el éxito del modelo económico heredado de la presidencia de Alberto Fujimori. Bajo la administración de la derecha, Perú logró sentar las bases para un proceso de crecimiento sostenido y sin inflación por primera vez en su historia.

Flores explicó que el pilar de la estabilidad macroeconómica del Perú son las reformas emprendidas en el país en la década de 1990, y en particular la del Banco Central a partir de 1992. El presidente Fujimori reformuló la carga orgánica de la autoridad monetaria prohibiendo expresamente el financiamiento al Tesoro de forma directa, y se estableció un tope de sólo el 5% de la base monetaria para la compra de títulos públicos en el mercado secundario (lo que se conoce como flexibilización cuantitativa).

Por otra parte, el Banco Central de Perú perdió la capacidad de fijar un cepo cambiario para limitar las operaciones, algo que según el propio Flores constituye una causal de despido inmediato de su cargo.

También se prohíben expresamente los créditos para la banca de fomento, y se prohíbe fijar tasas de interés arbitrarias o subsidiarias para determinados sectores específicos (algo que en Argentina es muy habitual).

Flores explicó que Perú ensayó diversos intentos por “independizar” el Banco Central del poder político con simples reformas de su carga orgánica, una estrategia similar al que hoy propone el espacio de Patricia Bullrich y Carlos Melconian. Pero esto fracasó por la falta de credibilidad, hasta tal punto de sufrir un violento episodio hiperinflacionario entre 1990 y 1991.

“Esas prohibiciones son efectivas. Pero la autonomía no es todo. La autonomía del Banco Central de Perú data de 1979, y luego tuvimos hiperinflación. Tiene que haber una real independencia política, y eso se logró recién en 1992”, explicó el presidente de la autoridad monetaria peruana.

El cambio de régimen creíble solamente se produjo en 1993, cuando el presidente Fujimori convalidó todas las reformas emprendidas en el Banco Central por medio de una nueva Constitución que rige hasta el día de hoy. Esta es la verdadera garantía de independencia del poder político, y no simplemente el mero rediseño de la carga orgánica. La Constitución fujimorista sentó las bases para la estabilidad y el crecimiento del país a 30 años de su sanción.

La propuesta de Juntos por el Cambio no se parece en nada al caso peruano, porque no se ofrece ninguna garantía del calibre constitucional que ofreció Fujimori para independizar al Banco Central.

En cambio, se propone modificar la carta orgánica y quizás con criterios similares a los que establece Perú, pero de ningún modo se articula una regla tan fuerte para que el cambio de régimen pueda ser creíble a largo plazo. Es por esto que, ante la imposibilidad de lograr los acuerdos políticos para reformar la Constitución en estos momentos, el candidato Javier Milei propone una salida más simple pero más efectiva: dolarizar.

La última experiencia exitosa de la Argentina fue la Convertibilidad entre 1991 y 2002, un régimen dentro del cual el BCRA se independizó con una nueva carta orgánica desde 1992. Pero tanto la caja de conversión como la propia carga orgánica del Central fueron avasalladas por el Gobierno de Duhalde, ya que no se incluyó en la reforma constitucional de 1994 este tipo de medidas.

La propuesta de Bullrich y Melconian podría ser fácilmente obliterada de la misma forma en que ocurrió con la Convertibilidad, después de que termine su hipotético mandato.

El gobierno peruano exime de responsabilidad penal el uso letal de la fuerza en legítima defensa en caso de robo.

A pesar de que la presidente de Perú, Dina Boluarte, pertenece a un partido de extrema izquierda y llegó a la jefatura de Estado como vicepresidente del comunista Pedro Castillo, la mandataria se rodeó de dirigentes de derecha y, con una estrecha alianza con la mayoría conservadora en el Parlamento, ha lanzado en el último año un gobierno de derecha.

En este contexto, esta semana el Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para eximir de responsabilidad penal en caso del uso de la fuerza, incluso letal, en una situación de legítima defensa.

La norma fue propuesta por la congresista Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País y aprobada en tiempo récord tras recibir 82 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones del pleno.

Al respecto, la presidente de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, precisó que se modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal. Se trata del artículo sobre Inimputabilidad en Perú, donde quedó exento de responsabilidad “el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal”.

En la norma se incorpora además un literal referido a casos de “situación de peligro inminente y necesidad de proteger la vida o la integridad propia o de terceros”. Además se establece que “no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia o de tercero conforme a ley”.

“Salvo la presencia de antecedentes o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentenciada firme condenatoria”, agregó. “La legítima defensa es un derecho que nos brinda la posibilidad de protegernos y proteger a nuestra familia”, sentenció.

Tras la aprobación de la propuesta Chirinos señaló en Twitter que “la inseguridad ciudadana, la delincuencia y el crimen organizado han aumentado incontrolablemente, poniendo en peligro la vida e integridad de todos los peruanos”.