Los precios se dispararon un 7,6% en mayo y la tasa de inflación llegó al 458%. En respuesta, el régimen de Nicolás Maduro retrasa la devaluación del dólar y restringe los convenios colectivos. La economía venezolana se dirige nuevamente a la recesión.

El chavismo no logra contener el proceso inflacionario a pesar del arsenal de medidas desplegadas. El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) confirmó que el índice de precios al consumidor aumentó hasta un 7,6% en el mes de mayo, registrando una fuerte aceleración con respecto al 2,5% de abril y al 4,2% de marzo, aunque aún se conserva un rango “relativamente estable”.

Los precios minoristas acumularon un aumento del 84,9% en los primeros cinco meses del año. La indumentaria se disparó un 16,7% mensual, los artículos de equipamiento del hogar subieron un 11,4% y el aumento en alquileres superó el 10%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron hasta un 6,5% con respecto al mes anterior.

La tasa de inflación interanual cayó al 458% con respecto a mayo de 2022, habiéndo registrado un alza del 471% en abril, 501% en marzo y 537% en febrero respectivamente. Sin embargo, esta tendencia hacia la baja se contrasta con el repunte mensual de la variación de precios, que podría ponerle fin al proceso y sumir a Venezuela en un nuevo y violento brote inflacionario.

Para controlar la inflación, el régimen está recurriendo a dos herramientas principales: el atraso del tipo de cambio libre a través de la venta de reservas, y la represión de los aumentos salariales interviniendo los convenios colectivos.

El levantamiento de sanciones le permitió al Gobierno chavista recuperar ligeramente la producción petrolera y revitalizar el saldo exportador. Estas divisas fueron canalizadas por el Banco Central y son usadas para intervenir el mercado cambiario, retrasando a discreción el alza del dólar. El tipo de cambio libre solamente subió un 1,7% en marzo, 1,18% en abril y 3,8% en mayo, anclando la demanda de dinero para aminorar la inflación.

Al mismo tiempo, fueron intervenidos los convenios colectivos negociados, y la dictadura sólo convalidó aumentos “controlados” a través de bonos indexados por el IPC. De acuerdo a las estimaciones del OVF el salario real del sector privado se desplomó un 5% durante el primer trimestre del año, partiendo ya desde mínimos históricos colindantes con la mera subsistencia.

El atraso real de los salarios del sector público también contribuye a detener el desequilibrio de las finanzas públicas, pero el régimen no demostró una mayor intención por mantener la disciplina fiscal y el déficit es casi completamente financiado con emisión monetaria directa. La represión de los salarios y la intervención del tipo de cambio solo constituyen parches temporales si al mismo tiempo no se elimina el déficit fiscal.

La pérdida real de los ingresos trae consigo otro efecto negativo, esta vez sobre el consumo y el nivel de actividad. El OVF confirmó que el PBI de Venezuela se desplomó un 8,3% interanual en el primer trimestre del año, algo que impactó de lleno sobre las finanzas del Estado a través de una fuerte caída del 2% en la recaudación real del IVA con respecto al cuarto trimestre del año pasado.

La producción industrial cayó un 5,3% interanual durante el primer trimestre, y las ventas minoristas se derrumbaron un 13,3% en comparación con el mismo período de 2022. Se espera una nueva caída para el segundo cuarto del año, y de efectivamente concretarse la economía venezolana volvería a ingresar formalmente en la recesión.

El índice de actividad acumuló una violenta caída de hasta el 36% desde septiembre del año pasado. La dictadura de Maduro resolvió un programa para congelar los salarios y el tipo de cambio, como parte de un segundo intento para contener el alza de los precios.

Tras un primer intento fallido para estabilizar los precios, el régimen de Nicolás Maduro volvió a un segundo programa de estabilización a partir de febrero, pero los costos del plan se hacen sentir.

La actividad económica se resintió hasta un 8,3% solamente en el primer trimestre del año según informó el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). El PBI real acumuló una profunda contracción del 35,8% con respecto al tercer trimestre del año pasado, con lo cual se llegó al nivel más bajo observado desde mayo de 2020. Todavía se registran los efectos colaterales del fracaso del primer intento de estabilización.

Desde el punto de vista de la oferta agregada la economía sufrió una nueva reversión de la producción petrolera (el sector más importante del país), a pesar del importante crecimiento de las actividades de la empresa Chevron cuya producción se disparó 50.000 barriles diarios en 2022 a más de 900.000 barriles diarios durante el primer trimestre de este año. También se registró una caída interanual del 5,3% sobre la producción industrial. 

Asimismo, de acuerdo a los componentes de la demanda agregada se observó una fuerte caída del 13,3% interanual sobre el volumen de ventas minoristas, un fenómeno directamente vinculado a las medidas que adoptó el Gobierno para tratar de contener la inflación.

El segundo intento de estabilización de la dictadura se sustentó de dos herramientas: el congelamiento general de los salarios en el sector público y sobre la remuneración mínima legal, y por otra parte una masiva intervención sobre el mercado cambiario para mantener inalterada la cotización del dólar libre. Esto es posible por las reservas internacionales adquiridas tras las sucesivas devaluaciones entre 2020 y 2021, así como el levantamiento parcial de restricciones a la exportación con el visto bueno de Joe Biden. 

El pago de salarios sobre la administración pública y las empresas estatales es actualmente la principal fuente explicativa de las erogaciones del Estado venezonalo. Las medidas consolidaron un fuerte ajuste fiscal que, sin embargo, se llevó a cabo de manera completamente improvisada.

Los congelamientos salariales fueron ampliamente representativos ya que el empleo público representa una gran cuantía del total, y el deterioro sistemático del poder adquisitivo de los salarios hizo que la mayor parte de la población ocupada se rija por el salario mínimo anunciado por las autoridades. Esto llevó a una importante caída del salario real que precipitó la caída de las ventas minoristas y el consumo.

La intervención sobre el mercado cambiario permitió que el dólar libre se mantuviera prácticamente constante a lo largo de todo el mes de abril, solo con observando una variación acumulada del 0,98%.

La variación mensual del Índice de Precios Minoristas (IPC) descendió del 39,2% en enero de 2023 al 20,2% en febrero, 4,2% en marzo y solamente un 2,5% en abril (las últimas dos mediciones ya se encuentran por debajo de la inflación mensual de Argentina). Aún así, la brecha fiscal sobre el sector público sigue activa y el Banco Central de Venezuela no dispone de las suficientes reservas como para sostener este proceso de intervención por tiempo indefinido.

El régimen de Maduro otorgó un permiso de exportación para reabrir el mercado europeo, con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez y Joe Biden. El acuerdo promete ampliar la producción hasta los 500 millones de metros cúbicos de gas para fin de año, el principal motor de la economía venezolana.

A través del ministro de Petróleo venezolano, Rafael Tellechea, el régimen chavista aprobó formalmente un permiso para la exportación de líquidos del gas natural (GNL) a las empresas Eni y Repsol, una maniobra que significa el primer paso para reabrir la oferta del mercado energético europeo.

El acuerdo implica que la firma Cardón IV tendrá la potestad de exportar energía a Europa, una empresa productora de condensados y conjuntamente administrada por Eni y Repsol. Se trata de una de las empresas más importantes para el abastecimiento de las refinerías de la petrolera estatal PDVSA.

Asimismo, se espera que la producción de gas pueda aumentar hasta los 500 millones de metros cúbicos diarios para diciembre de este año, lo cual representa un aumento del 31% en comparación con el nivel de producción de 2019 (un nivel que sin embargo ya era muy bajo debido a la crisis que sufre Venezuela desde 2013).

La reapertura del mercado energético europeo aún no contempla fechas puntuales, pero se acordó el primer paso para lograrlo. La operación no habría sido posible de no haber contado con el visto bueno del presidente Joe Biden en Estados Unidos y Pedro Sánchez en España.

Biden decidió deshacer las sanciones impuestas por el expresidente Trump, y hacia mediados de 2022 el Departamento de Estado de ese país decidió autorizar la exportación de empresas y filiales venezolanas hacia el mercado europeo.

Sánchez hizo lo propio, y restableció las negociaciones por la reapertura del mercado energético (esta vez incluyendo también la exportación de petróleo) enviando emisarios a Venezuela a mediados del año pasado. Repsol adquirió los permisos pertinentes del Estado español para poder operar sin mayores restricciones con las filiales en Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro se valdrá de una nueva herramienta a su favor, después del fracaso del último programa de estabilización ensayado entre el primer y el segundo trimestre del año pasado.

La actividad económica se resintió hacia el último trimestre de 2022 y la inflación interanual volvía a superar el 300%, para más tarde superar el 537% al cierre de febrero. La dictadura socialista reanudó las medidas de intervención sobre el tipo de cambio para favorecer una fuerte baja de la inflación entre marzo y abril.