El Presidente se mostró abstraído de la realidad y arremetió contra un bloqueo extranjero en Cuba, cuando en realidad el cierre de la economía lo impone el propio régimen comunista de manera unilateral.

A solo unos pocos meses de su retirada del Gobierno, el presidente Alberto Fernández protagonizó otro espectáculo lamentable ante nada menos que la Asamblea General de la ONU, arremetiendo contra el FMI a pesar de la ayuda financiera recibida y denunciado “bloqueos” sobre Cuba y Venezuela.

Focalizó el eje de su discurso estrafalario contra el presunto bloqueo internacional en contra de Cuba, y también exigió que este país dirigido por una dictadura totalitaria sea excluido de la lista de países catalogados por promover activamente el terrornismo. De esta manera Fernández se desentendió del terrorismo perpetrado en Argentina con el apoyo del régimen cubano.

Lo cierto es que no existe ningún bloqueo internacional que limite el comercio de Cuba. Lo que sí existen son una serie de sanciones establecidas exclusivamente por Estados Unidos de manera bilateral (no afecta al comercio de la isla con otros países), impuesto desde octubre de 1960 en represalia por la violenta expropiación de miles de activos estadounidenses en la isla, entre ellos casinos, fábricas, instalaciones eléctricas, hoteles, etc. Esto último se denomina “embargo” comercial y no bloqueo propiamente dicho.

Un bloqueo y un embargo son cosas muy distintas. El bloqueo implica eliminar cualquier posibilidad de comercio mediante el uso de poder militar y se emplea en continentes bélicas. Esto supone el boicot del comercio sobre todos los medios posibles, ya sea atacando buques de carga, interviniendo las rutas aéreas de comercio, cerrando la frontera terrestre para el transporte de mercadería, etc.

Por su parte un embargo es la decisión de un país de restringir la importación y/o la exportación pero sobre sus propios ciudadanos (no sobre los de otros países), con destino a uno o más países en específico a los cuales se pretende afectar de alguna manera. Por ejemplo, el cese de las exportaciones de gas ruso a Europa constituye un embargo, no un bloqueo.

De esta manera, Estados Unidos restringió el comercio con Cuba, pero esto jamás impidió en lo más mínimo que Cuba pudiera comerciar, exportar e importar, con cualquier otro país que estuviera dispuesto a hacerlo.

Sin lugar a dudas el atraso tecnológico y la falta de desarrollo económico en Cuba se debe, entre otras muchas razones, a la falta de apertura al comercio internacional. Pero este bloqueo no fue impuesto desde el exterior sino por la misma dictadura desde el año 1959, siguiendo una estrategia fracasada y obsoleta conocida como la “industrialización por sustitución de importaciones”, que el régimen promovió incansablemente desde su llegada al poder.

El sistema de comercio exterior de Cuba se encuentra completamente estatizado, solo el Estado puede controlar lo que entra y sale del país. La dictadura socialista no solo establece un alto promedio arancelario superior al 10% nominal (más alto que en muchos países en la región), sino que además mantiene un arsenal de restricciones cuantitativas y cambiarias. En algunas posiciones arancelarias la tarifa máxima asciende al 30% nominal.

Tampoco existe libertad de cambios en Cuba, y desde el abandono del peso convertible CDU el número de operaciones legales aceptadas se acortó todavía más. En ausencia de un mecanismo eficiente para financiar las importaciones y tras aplicar múltiples restricciones cambiarias por décadas, la escasez de divisas es algo usual en la isla y esto condena irremediablemente al flujo de importaciones. Cuba puede comerciar con cualquier país, pero las distorsiones del fallido sistema socialista hacen que no tenga las suficientes divisas como para poder hacerlo.

Las disposiciones del Banco Central de Cuba establecen que todas las transacciones que sobrepasen el mínimo legal deberán efectuarse de forma electrónica, bajo el monitoreo constante de las autoridades. se conforma otro elemento de represión a la población del país.

En plena crisis económica, las autoridades de la dictadura socialista anunciaron nuevas restricciones para la operatividad. A partir de una reciente resolución del Banco Central de Cuba, se estableció un corralito financiero por medio del cual ninguna persona puede realizar pagos en efectivo por transacciones que superen los 5.000 pesos.

Cualquier transacción que supere el monto establecido deberá llevarse a cabo por medios electrónicos, ya sea por tarjetas de débito asociadas a algún banco legalmente habilitado o por aplicaciones muy comunes en la isla como EnZona y Transfermóvil. Todo esto se produciría bajo el celoso monitoreo del Estado sobre cada transacción en cuestión.

El nivel fijado a duras penas equivale a 200 dólares al tipo de cambio oficial del peso cubano (CUP), y un valor irrisorio en términos de la cotización de la divisa en el mercado paralelo. Por otra parte, los precios en el mercado informal de bienes son muy superiores a los que se encuentran disponibles en las tiendas estatales.

Oficialmente, el régimen justificó las medidas buscando la “revertir el retroceso en el nivel de bancarización e inclusión financiera en el país”, pero la realidad es que existen dos objetivos fundamentales tras las restricciones: limitar la corrida contra el efectivo en los bancos, y limitar el volumen de transacciones en los mercados informales.

La inflación galopante que sufre la isla y los importantes procesos de desabastecimiento conducen a la población a desplazarse a los mercados informales de bienes y divisas, los primeros para poder hacer frente a la escasez en las góndolas del Estado y los segundos para protegerse de la inflación del peso cubano.

La corrida contra los bancos se produce en sintonía con una corrida cambiaria, ya que los usuarios retiran pesos para después poder comprar dólares al tipo de cambio paralelo. Al mismo tiempo, la suba de precios mucho más violenta en los mercados alternativos también demanda una creciente cantidad de efectivo que se extrae de los bancos.

La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el informal asciende a casi el 67%, la inflación minorista oficial anunciada por las autoridades del Banco Central cubano alcanzó el 45% interanual en junio, mientras que en el mercado paralelo se estima en por lo menos el 100% según el economista Steve Hanke.

Las medidas no solo generan un control social orwelliano sobre la población aún mayor del que había hasta el momento, sino que además amenazan con generar un fuerte efecto recesivo, ya que se verán reprimidas o boicoteadas una gran cantidad de transacciones.

El régimen estableció un programa de racionamiento sobre una gran cantidad de bienes, entre ellos el consumo de pollo, aceites, café, arroz, productos lácteos y combustibles, entre otros. También se reforzaron los cupos para la importación unilateral, debido a la escasez de divisas en el Banco Central.

El régimen comunista no logra contener la inflación a pesar de los numerosos controles sobre precios, cambios y comercio exterior. La economía sufre la peor crisis desde el “período especial” en la década de 1990.

Los precios en Cuba siguen subiendo al ritmo más alto de las últimas décadas. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) del régimen socialista confirmó que los precios oficiales tuvieron un aumento mensual del 3,64% al cierre de mayo, y la tasa de inflación interanual alcanzó el 45,48% con respecto al mismo período del año 2022.

La tasa de inflación acumula un alza de más de 22 puntos porcentuales desde enero del año pasado, y solo en lo que va del año el índice general de precios minoristas acumuló un salto del 15,4%. Sin embargo, estos relevamientos se corresponden a precios estrictamente oficiales, fijados por el Estado y con importantes problemas de abastecimiento.

En la práctica, la dictadura socialista raciona la porción de bienes disponibles para la adquisición de cada persona o grupo familiar, y los ciudadanos se ven forzados a probar suerte en los mercados negros alternatiuvos con precios más altos y expuestos a una inflación muy superior a la oficial.

Algunos relevamientos de bienes puntuales de consumo masivo son esclarecedores del drama que sufren los cubanos. El precio del arroz en el mercado negro subió un 47% desde diciembre de 2022 (en comparación al 15,4% oficial), los vegetales y tubérculos como la malanga aumetnaron un 100% en el mismo período, mientras que los precios de las batatas se dispararon hasta un 233% respectivamente.

Otra forma de medir la magnitud de la represión financiera en la economía cubana es observando el diferencial entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo. La brecha cambiaria representa el 70%, aunque recientemente las autoridades lanzaron un tipo de cambio preferencial a 123,6 CUP por dólar (para un limitado número de transacciones) que rebaja la brecha al 65%.

El valor del dólar paralelo marcó un aumento cercano al 100% en los últimos 12 meses, dando cuenta de un nivel de inflación mucho más elevado que la oficial. En línea con esto, el economista estadounidense Steve Hanke estima que la inflación cubana en el mercado paralelo de bienes ya representa por lo menos el 87%, y se perfila como una de las más altas de la región por detrás de Argentina y Venezuela.

El déficit del sector público alcanzó el 10% del PBI al cierre del año 2022, y para este año el presupuesto oficial prevé que represente por lo menos el 24% de los ingresos totales. Los desequilibrios siguen siendo altos a pesar de la fuerte reducción del gasto público del 69 al 56% del PBI desde 2020, principalmente impulsado por la reducción de los subsidios tarifarios y a las empresas estatales.

La deuda pública del Estado cubano equivale al 147% del PBI según los relevamientos de la Fundación Heritage, y los mecanismos de financiamiento no inflacionario del déficit son extremadamente acotados.