Dicen en la 4T que la figura de Adán Augusto López Hernández ha adquirido un peso cada vez más controversial dentro de la estructura de Morena. Si bien es cierto que su influencia como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado lo coloca como uno de los principales operadores políticos del oficialismo, también es claro que sus ambiciones personales han rebasado los límites de la institucionalidad. La construcción de su proyecto político en diversos estados —a través del respaldo a candidatos locales, giras disfrazadas de actividades legislativas y el uso de estructuras paralelas financiadas con recursos opacos— ha encendido las alarmas, incluso entre miembros de Morena: que se dicen cansados del histrionismo de Andrea Chávez, el poder casi ilimitado de Adán Augusto y la falta de liderazgo de Claudia Sheinbaum.
Lo preocupante no es solo la intensidad con la que se despliega su aparato político, sino la procedencia y magnitud de los recursos que lo sostienen. Empresarios con trayectorias muy poco claras y antecedentes cuestionables han sido señalados como parte del financiamiento que le permite operar en estados clave como Puebla, Veracruz, Campeche, Sonora y su natal Tabasco. Esta forma de operar, aunque no nueva, ha alcanzado niveles de visibilidad inéditos, al grado de que incluso en el entorno presidencial se reconoce que “nunca había sido tan evidente”.
