Rocío Nahle envió al Congreso local una iniciativa para desaparecer el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública (IVAI), uno de los últimos contrapesos independientes en Veracruz.
Alegando austeridad, la propuesta pretende transferir las funciones de transparencia a la Contraloría General del Estado, es decir, al mismo aparato que debe ser vigilado. No se trata de optimizar recursos: se trata de eliminar cualquier posibilidad de fiscalizar al nuevo régimen, blindando la corrupción bajo la narrativa oficial de "transformación".
Veracruz, primer ensayo de dictadura informativa
La desaparición del IVAI convertiría a Veracruz en el primer estado donde el acceso a la información dejaría de ser un derecho para transformarse en una concesión política. Mientras Nahle promete eficiencia, en realidad entrega un proyecto para sepultar la transparencia pública y garantizar un gobierno sin auditoría social ni controles ciudadanos.
La estrategia sigue la receta de la 4T a nivel nacional: desmantelar instituciones incómodas bajo pretextos de ahorro. Entregar las funciones de transparencia a la Contraloría estatal es como poner al lobo a cuidar el rebaño: se elimina toda posibilidad de fiscalización real.
