El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negó a Lenia Batres el registro de la frase “Ministra del Pueblo” como marca comercial. La actual integrante de la Suprema Corte, impuesta por Morena sin experiencia previa como litigante, pretendía apropiarse oficialmente de un apodo más propagandístico que legítimo.
Pero ni el propio gobierno, a través del IMPI, se atrevió a respaldar semejante exceso. La solicitud fue rechazada, evidenciando que ni siquiera las instituciones afines están dispuestas a sostener el mito fabricado alrededor de Batres, una figura cuya credibilidad ha sido más decorativa que jurídica.
En su resolución, el IMPI señaló que el término “Ministra del Pueblo” podría generar confusión, al insinuar una legitimidad democrática que en realidad no existe.
Los ministros de la Corte son nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, no elegidos por el pueblo.
Por tanto, registrar esa frase como marca violaría disposiciones legales y constitucionales.
Propaganda como estrategia, mentira como método
Batres presentó la solicitud en noviembre, buscando convertir el eslogan en una insignia oficial de uso exclusivo.
Una ministra sin votos, sin carrera judicial y sin experiencia en tribunales, queriendo blindar su apodo como si tuviera mandato popular.
El IMPI respondió con lo obvio: eso no es marca, es manipulación.
Y si algo necesita el Poder Judicial, es independencia institucional, no marketing político disfrazado de cercanía social.
