El gobernador de Jalisco busca sancionar los conciertos y corridos que enaltezcan la vida criminal en el entretenimiento
Pese a la controversia, Los Alegres del Barranco volvieron a proyectar imágenes alusivas a figuras del crimen organizado durante su presentación en Michoacán.
La polémica se suma al reciente hallazgo de un campo de entrenamiento del CJNG en Teuchitlán, a una hora de Guadalajara, lo que ha intensificado la indignación pública.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó el veto a cualquier presentación relacionada con la administración estatal que haga apología del delito. Esta medida se implementa tras el reciente concierto de Los Alegres del Barranco.
En el concierto se mostraron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.
Lemus anunció que ningún artista o grupo con antecedentes de exaltación del crimen podrá participar en eventos patrocinados por el estado. Eso incluye las tradicionales Fiestas de Octubre en Guadalajara.
La prohibición de la música que glorifica actividades ilícitas ya se ha aplicado en estados como Nayarit, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua y Quintana Roo. En esos estados es donde se han impuesto restricciones en conciertos y eventos masivos.
En 2024, el cantante Julión Álvarez fue multado con más de 700,000 pesos por interpretar un narcocorrido ante 40,000 asistentes. Anteriormente, en 2022, Los Tigres del Norte interpretaron "Jefe de Jefes" en el Zócalo de Ciudad de México, aunque sin generar gran polémica.
Los Alegres del Barranco, originarios de Culiacán y conocidos por sus narcocorridos como "El 701" y "El Encierro de Joaquín", ahora enfrentan más consecuencias.
Según diversos reportes, Estados Unidos les ha revocado la visa de trabajo y de turista. Hasta el momento, la banda no ha emitido un comunicado oficial al respecto.
Además, se exigirá a los organizadores un compromiso por escrito para evitar referencias al crimen organizado, con sanciones en caso de incumplimiento.
El gobierno estatal ha iniciado una investigación contra los productores del evento y la agrupación musical por posible apología del delito. Con base en el artículo 142 del Código Penal de Jalisco, se establecen penas de hasta seis meses de prisión por incitar públicamente a la comisión de un crimen o enaltecerlo.
