Julia Abdala cobró millones de un operador clave de García Luna mientras Morena guarda silencio
Roybell International fue identificada como una "empresa fantasma" en los Pandora Papers.
Esta firma offshore panameña, donde Julia Abdala era accionista y apoderada, carecía de instalaciones y empleados.
Entre 2012 y 2017, los prestanombres realizaron 12 transferencias a Julia Elena Abdala por un total de 4.53 millones de dólares (aproximadamente 120 millones de pesos).
De esas operaciones, nueve transferencias sumaron 2.64 millones de dólares. Fueron dirigidas a cuentas personales de Abdala Lemus. Las otras tres se enviaron a la empresa Roybell International, controlada por una tía de Rodrigo Abdala, delegado de Bienestar.
En 2017, Abdala recibió poderes para manejar la empresa. Con esto, abrió una cuenta en el Lyford International Bank de Bahamas. Allí se depositaron 1.89 millones de dólares provenientes de los Weinberg.
Estos hallazgos surgen en el marco de una demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Estados Unidos. La querella busca recuperar fondos públicos desviados durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la conexión actual con Manuel Bartlett permanece sin consecuencias.
Genaro García Luna fue declarado culpable por vínculos con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones. Actualmente cumple una condena de 38 años y ocho meses en una cárcel de Virginia, EE.UU.
Por su parte, Julia Elena Abdala y la familia de Manuel Bartlett han estado implicados en múltiples controversias patrimoniales.
En 2019 se reveló que Abdala y los hijos de Bartlett poseían 12 empresas y 23 propiedades no declaradas por el funcionario. En ese momento, Bartlett se desempeñaba como titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que prestanombres de Genaro García Luna realizaron transferencias por más de 120 millones de pesos a Julia Abdala Lemus, pareja del actual funcionario morenista Manuel Bartlett Díaz. Las operaciones, realizadas entre 2012 y 2017, exponen una red de corrupción con vínculos al narcotráfico que ha permanecido impune.
Estas operaciones se llevaron a cabo a través del consorcio Nunvav, vinculado a Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto. Ambos fueron identificados por autoridades federales como los principales operadores financieros de García Luna.
Nunvav obtuvo más de 630 millones de dólares en contratos con el CISEN y el OADPRS. Los convenios se firmaron entre 2009 y 2018, cuando García Luna operaba bajo el manto del poder público.
Según la investigación, parte de estos fondos fueron transferidos a paraísos fiscales. Luego se canalizaron hacia empresas de la esposa de García Luna, lo que permitió la adquisición de propiedades en Miami.
