La Derecha Diario PAN en Chihuahua propuso aborto legal hasta las 6 semanas
Al priorizar el "latido fetal" sobre la concepción, el PAN se aleja de su histórica defensa de la vida.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado una iniciativa para permitir el aborto legal hasta las seis semanas de gestación en Chihuahua. Esta propuesta marca un giro preocupante en la postura del partido, que históricamente ha defendido la vida desde la concepción.
La iniciativa establece que el aborto sería legal hasta la sexta semana, momento en el que, según argumentan, se detecta el latido fetal. Si bien el documento reconoce que la vida comienza desde la concepción, plantea que las condiciones jurídicas no permiten legislar en ese sentido.
Sin embargo, el mismo criterio aplicaría para las 6 semanas, ya que la Corte ha sentenciado la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. De esta manera el partido blanquiazul cede terreno, e ignora el momento en el que se forma un nuevo ser humano con un código genético único e irrepetible.
Una derecha que cede ante presiones ideológicas
La propuesta del PAN parece ser un intento de congraciarse con sectores que promueven la despenalización del aborto, en lugar de mantenerse firme en sus convicciones.
Lo anterior, debido a que en ningún momento plantea pena de prisión para mujeres que llegasen a incurrir en un aborto. Esta actitud refleja una derecha que cede ante presiones ideológicas, abandonando sus principios en aras de una supuesta modernidad.
Usuarios en redes sociales señalaron que ceder ante presiones externas es una traición a quienes han confiado en el PAN como defensor de la vida y la familia.
La necesidad de coherencia y firmeza
En momentos en que la vida humana enfrenta múltiples amenazas, es esencial que los partidos políticos mantengan una postura coherente y firme en su defensa. El PAN debe recordar sus raíces y principios, y rechazar cualquier iniciativa que comprometa la dignidad y el derecho a la vida.
La vida humana no es negociable ni sujeta a plazos arbitrarios. Es responsabilidad de todos, especialmente de quienes ostentan cargos públicos, garantizar estos derechos fundamentales.
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