Sheinbaum impulsa registro nacional de telefonía: el nuevo ataque a la privacidad

Violaciones a la privacidad y abuso de datos

La reforma obliga a las compañías de telefonía móvil a registrar a todos sus usuarios, asegurando que ninguna línea podrá activarse sin estar previamente identificada en la base de datos del gobierno.

Esto significa que toda persona con un teléfono celular será rastreada por el gobierno y podrá ser objeto de vigilancia sin orden judicial.

Sheinbaum revive la política de espionaje de AMLO

Esta propuesta no es nueva. En 2021, López Obrador impulsó un padrón de telefonía móvil con el mismo argumento de combatir el crimen. Su verdadera intención era recopilar datos biométricos de los ciudadanos.

La misma narrativa de “seguridad” se usa ahora para justificar la nueva base de datos, pero la realidad es que el crimen organizado no usa teléfonos registrados a su nombre. Esta medida solo afectará a los ciudadanos comunes.

Datos obligatorios que deberás entregar

• Nombre completo
• Dirección
• Nacionalidad
• Identificación oficial con fotografía
• Datos biométricos: huellas digitales, rostro, iris, entre otros.

Críticas y riesgos del padrón

“Obligar a quienes tengan una línea telefónica a registrar sus datos biométricos con el gobierno es una grave violación a la privacidad”

- Human Rights Watch

Si los datos biométricos de los ciudadanos son comprometidos, podrían ser utilizados para fraudes, suplantación de identidad o incluso represión política.

¿Un estado de vigilancia total?

Este padrón de telefonía móvil es solo el primer paso. Sheinbaum busca consolidar un estado de vigilancia en el que cada movimiento de los ciudadanos pueda ser monitoreado.

Con el pretexto de la “seguridad nacional”, el gobierno podrá intervenir llamadas, mensajes y hasta geolocalizar en tiempo real a cualquier persona sin orden judicial.

Estamos ante una amenaza directa a la libertad y privacidad de los mexicanos.

Claudia Sheinbaum pretende revivir el fallido padrón de telefonía de López Obrador, ahora bajo el amparo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La iniciativa busca obligar a los ciudadanos a registrar su número telefónico en una base de datos a la que tendrán acceso las instituciones de Seguridad Pública. Según el gobierno, esta medida servirá para “combatir la extorsión y el secuestro”, pero la realidad es que abre la puerta al espionaje estatal.

Un peligroso precedente

El plan de Sheinbaum establece que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de desarrollar una plataforma digital para el registro obligatorio de los usuarios.

Este sistema, lejos de ser una herramienta de seguridad, se perfila como un mecanismo de control gubernamental que permitirá la intervención de comunicaciones privadas con el pretexto de la “seguridad nacional”.