Claudia Sheinbaum pretende revivir el fallido padrón de telefonía de López Obrador, ahora bajo el amparo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La iniciativa busca obligar a los ciudadanos a registrar su número telefónico en una base de datos a la que tendrán acceso las instituciones de Seguridad Pública. Según el gobierno, esta medida servirá para “combatir la extorsión y el secuestro”, pero la realidad es que abre la puerta al espionaje estatal.
Un peligroso precedente
El plan de Sheinbaum establece que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de desarrollar una plataforma digital para el registro obligatorio de los usuarios.
Este sistema, lejos de ser una herramienta de seguridad, se perfila como un mecanismo de control gubernamental que permitirá la intervención de comunicaciones privadas con el pretexto de la “seguridad nacional”.
Violaciones a la privacidad y abuso de datos
La reforma obliga a las compañías de telefonía móvil a registrar a todos sus usuarios, asegurando que ninguna línea podrá activarse sin estar previamente identificada en la base de datos del gobierno.
Esto significa que toda persona con un teléfono celular será rastreada por el gobierno y podrá ser objeto de vigilancia sin orden judicial.
Sheinbaum revive la política de espionaje de AMLO
Esta propuesta no es nueva. En 2021, López Obrador impulsó un padrón de telefonía móvil con el mismo argumento de combatir el crimen. Su verdadera intención era recopilar datos biométricos de los ciudadanos.
