DR UNAM estalló contra multa millonaria a Graue por caso Yasmín Esquivel
El Consejo Universitario denunció que se violó la autonomía universitaria al imponer sanciones por investigar el plagio
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó tajantemente la resolución judicial que obliga a Enrique Graue y a Fernando Macedo a pagar una multa de 15 millones de pesos. La sanción fue impuesta tras una demanda de la asesora Martha Rodríguez Ortiz. Vinculada con el caso de plagio de tesis del ministro Yasmín Esquivel Mossa.
La institución calificó la sentencia como una “intromisión inadmisible” a su autonomía.
El Consejo Universitario advirtió que se utilizó el aparato judicial para intimidar a funcionarios que solo aplicaron la normatividad. La decisión fue tomada por la jueza Flor de María Hernández. Del Poder Judicial de la CDMX, en medio de crecientes sospechas de protección política al ministro.
La UNAM en la mira por castigar el plagio
El escándalo estalló en 2022. Cuando se reveló que la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel era una copia sustancial de otra publicada un año antes. Ambas tesis fueron asesoradas por Martha Rodríguez, quien fue destituida en 2023 por la FES Aragón.
La universidad documentó el plagio, pero la sanción terminó dirigida contra quienes lo denunciaron.
Autonomía universitaria vs poder político
Para la UNAM, el fallo judicial representa una amenaza directa a su autonomía. Una señal de que las decisiones institucionales pueden ser revertidas por intereses externos. El Consejo exigió una revisión inmediata de la sentencia advirtiendo que se está castigando a quienes cumplieron con su deber.
El ministro continúa en funciones sin sanción alguna, gracias a la red de protección que lo rodea. El Poder Judicial, en lugar de investigar el plagio, prefirió premiar a su asesora y castigar a los universitarios.
Lo que comenzó como un caso académico terminó convertido en una advertencia política. La autonomía universitaria fue pisoteada por intereses que nada tienen que ver con la verdad. Para el régimen, la ética institucional es secundaria cuando hay aliados involucrados.
Quien se atreve a señalar a los protegidos del poder enfrenta represalias. Las sanciones no caen sobre quien comete la falta, sino sobre quien se atreve a denunciarla. La justicia se dobla ante el fuero y se endurece contra la integridad.
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