Inició la elección de jueces y expertos alertaron sobre la politización de la justicia

El inicio del proceso electoral encendió críticas entre juristas

Comenzaron las campañas para elegir jueces y ministros por voto popular.
Expertos y magistrados expresaron críticas por los riesgos a la imparcialidad judicial.

Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, advirtió que el nuevo modelo no solucionará los problemas del Poder Judicial.
Según dijo, lejos de fortalecerlo, lo someterá a la lógica del voto y la popularidad.

La principal preocupación es que los aspirantes busquen apoyo partidista.
En lugar de defender la independencia judicial, podrían enfocarse en ganar simpatías.

Candidatos ofrecen promesas vacías para ganar simpatías

Magistrados como María Emilia Molina también cuestionaron el discurso de los aspirantes al Poder Judicial. Señaló que muchos repiten frases como “justicia pronta y expedita” sin proponer reformas de fondo. Afirmó que estas narrativas solo buscan votos y alinean a los jueces con el oficialismo.

Expertos advierten que el modelo de elección popular rompe con la imparcialidad judicial. Ahora los jueces deben hacer campaña y competir políticamente, como si fueran legisladores. Esto, según señalan, los expone a presiones partidistas.

Ortiz Ahlf lanzó su campaña con respaldo sindical

Una de las figuras que busca reelegirse es Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte. Inició su campaña con el respaldo del Sindicato Mexicano de Electricistas y la Cooperativa Cruz Azul. Recordó que como consejera de la Judicatura se sintió limitada por la ley para sancionar la corrupción.

Sin embargo, sus críticas contrastan con su silencio ante los señalamientos del  ex presidente López Obrador, quien llamó “florero” al Poder Judicial. Su candidatura refleja la contradicción de quienes buscan independencia judicial bajo la sombra del oficialismo. La postura de Ortiz Ahlf evidencia una cercanía con el poder que pone en duda su imparcialidad.

La justicia mexicana quedó atrapada en las urnas

Desde su aprobación, la reforma judicial ha sido señalada como una amenaza a la división de poderes. Organismos internacionales y expertos han advertido que la elección popular de jueces puede significar el fin de la autonomía del Poder Judicial. El riesgo no es menor: jueces electos por votos, financiados por intereses políticos y sometidos a campañas populistas.

Los ciudadanos ahora elegirán a los encargados de impartir justicia como si fueran candidatos a una alcaldía. Aunque el gobierno lo presenta como un avance democrático, la realidad es que la justicia mexicana fue convertida en mercancía electoral. El proceso judicial dejó de centrarse en la ley para adaptarse a las lógicas de campaña.