El hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, se convirtió en uno de los mayores escándalos de la crisis de desaparecidos en México.
En este sitio, utilizado como campo de exterminio por el crimen organizado. Se encontraron restos humanos y más de 200 pares de zapatos, lo que sugiere que el número de víctimas podría ser aún mayor.
Este descubrimiento fue posible gracias a los colectivos de búsqueda de familiares. Quienes han sido los principales actores en la localización de fosas clandestinas ante la inacción de las autoridades.
La Fiscalía de Jalisco ha sido criticada por su tardanza en intervenir en el caso. Y por no dar respuestas claras sobre la magnitud de los hallazgos.
Aumento alarmante de desapariciones
Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, algunos estados del país registraron un incremento del 100% en los reportes de personas desaparecidas. En Tabasco, los casos pasaron de 1,338 a 2,718, mientras que en Baja California y Ciudad de México las cifras también se dispararon.
De acuerdo con datos de la organización Data Cívica, el 60% de las desapariciones en México son atribuidas al crimen organizado, mientras que un 15% involucra a fuerzas del Estado. Esta situación ha generado preocupación internacional, con la ONU pidiendo una intervención urgente para frenar la crisis.
Respuesta gubernamental y críticas
En un intento por controlar la crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación de nuevas estrategias de búsqueda y el fortalecimiento de la CNB.
Sin embargo, estas medidas fueron recibidas con escepticismo por colectivos de familiares. Quienes denunciaron que los recursos destinados a la localización de desaparecidos son insuficientes y que las investigaciones siguen sin dar resultados concretos.
Además, organizaciones de derechos humanos han señalado que el Estado sigue sin reconocer la magnitud del problema.
En varios informes, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han alertado sobre la falta de investigación en la mayoría de los casos. Así como la negligencia de las fiscalías estatales en el proceso de búsqueda.
Manifestación en el zocalo
Movilizaciones y llamados a la acción
El pasado 20 de marzo, colectivos de familiares de desaparecidos realizaron una Vigilia y Luto Nacional en diversas ciudades del país, exigiendo justicia y medidas efectivas por parte del gobierno.
En la Ciudad de México, el Zócalo fue el escenario de una gran concentración, donde miles de personas colocaron fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Así como veladoras y pancartas con mensajes dirigidos a las autoridades.
Además, organismos internacionales han instado a México a permitir la participación de comisiones de derechos humanos independientes en la búsqueda de desaparecidos. Ya que hasta el momento, el país ha limitado la intervención de organismos externos en la investigación de estos casos.
A pesar de los esfuerzos de los colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos. La falta de respuestas y la impunidad han convertido este problema en una de las mayores tragedias humanitarias del país.
México vivió una crisis humanitaria sin precedentes debido a la desaparición de más de 124,833 personas. Según datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Este alarmante número reflejó no solo la falta de acciones efectivas por parte del gobierno. Sino también la impunidad y la ausencia de justicia para miles de familias que han exigido respuestas durante años.
Orígenes de la crisis de desaparecidos en México
Con el despliegue de fuerzas militares en varias regiones del país. Los enfrentamientos entre el crimen organizado y las autoridades se intensificaron, generando una ola de violencia sin precedentes.
Durante los sexenios de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el número de desaparecidos continuó en aumento.
A pesar de la creación de la CNB en 2018 y la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. La crisis no mostró signos de disminución.
Organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional, han señalado la falta de voluntad política para atender este problema y la impunidad que impera en la mayoría de los casos.
