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Estados Unidos

Biden se tiene que ir: por lo menos 200 civiles estadounidenses quedaron varados en Afganistán

La crisis por la retirada de las tropas de Afghanistan marcó la gota que rebalsó el vaso que en menos de un año no ha traído mas que problemas.

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En términos de números, es el mayor fracaso de la historia de Estados Unidos en una retirada de guerra, perdiendo una docena de vidas de soldados norteamericanos y dejando atrás a cientos de civiles.

La retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán ha dejado varados a cientos de civiles estadounidenses en Kabul. Muchos son periodistas o activistas de derechos humanos que rechazaron ser evacuados, pero hay alrededor de 200 norteamericanos que aplicaron para regresar a su país y el Pentágono no llegó a sacarlos.

Biden había negociado con el Talibán que para el 31 de agosto a las 00:00 retiraría todas las tropas del Aeropuerto Hamid Karzai, en las afueras de Kabul, y a pesar de haber dicho ante la prensa que extendería el plazo si no llegaba a evacuar a todos los nacionales, las Fuerzas abandonaron el aeródromo dejando a por lo menos 200 de los suyos atrás.

Cuando cayó Saigón, la capital de la desaparecida Vietnam del Sur, ningún norteamericano fue dejado atrás y casi 30.000 de los 50.000 vietnamitas que habían trabajado con Estados Unidos fueron evacuados a tiempo.

Cuando cayó Teherán a manos de los ayatolá en 1979, todos los civiles estadounidenses fueron evacuados, pero a diferencia de Saigón, 52 diplomáticos quedaron varados en la Embajada norteamericana en la capital iraní. Esto llevó a la famosa crisis de rehenes que hundió el gobierno de Jimmy Carter, quien tardó un año y medio para extraer a estos norteamericanos de Irán.

La situación en Kabul ya es de por sí, meramente basándonos en los números, por lo menos cuatro veces peor que la de Teherán, y más peligrosa, ya que los norteamericanos varados no están en un único edificio y con una línea directa para negociar, si no que están desperdigados por Afganistán y están siendo cazados por el Talibán.

Pronto tendremos noticias de estadounidenses asesinados en las calles de Kabul.

El equipo de noticias I-Team, se ha logrado poner en contacto con varios de estos norteamericanos varados en territorio afgano. Uno de ellos, un padre de familia con un niño nacido de tres años.

Este niño nació en 2018 en Sacramento, California, y su pasaporte demuestra que es ciudadano estadounidense y que está pasando por una terrible experiencia en este momento, incapaz de escapar de Afganistán y escondidos de los talibanes.

Su identidad fue ocultada, pero I-Team reveló que el padre de este niño es un trabajador social que estaba ayudando al Ejército estadounidense en Kabul, a donde había ido con su familia.

James Brown, director de Defensores de Veteranos, y quien le pasó el contacto al I-Team: “Recibí una llamada el domingo por la mañana a eso de las 6 am de un amigo mío que es un oficial activo del Cuerpo de Marines en el extranjero, y básicamente sentía que tenía las manos atadas y necesitaba algo de ayuda para sacar a esta familia.

Muchos grupos de veteranos están planificando si pueden hacer una operación privada para irlos a buscar y extraerlos del país, porque la Casa Blanca ya les ha soltado la mano.

Este es solamente uno de los tantos casos. Hoy el diputado republicano Darrell Issa anunció que tiene los nombres de dos hombres mayores a 80 años que no fueron evacuados por el plan de Biden y están varados en Afganistán.

24 estudiantes estadounidenses con familias en Afganistán, que se habían ido al país de Medio Oriente a visitar a sus familiares durante el receso escolar, todavía están varados en la capital.

Estas personas corren especial peligro porque los talibanes han dicho que no quieren que ningún musulmán regrese a Estados Unidos, ya que se deben quedar a ayudar a “construir el Emirato de Afganistán”.

Estados Unidos

El FBI de Biden allanó al abogado de Trump que dio la batalla legal contra el fraude electoral, a pesar de no tener una causa abierta en su contra

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La persecución política del FBI de Biden continúa, y esta vez toda la fuerza de la agencia federal cayó contra Jeffrey Clark, quien se puso al hombre la estrategia legal para salvar las elecciones del 2020, pero fracasó cuando Pence lo traicionó a Trump.

Esta semana, agentes del FBI de Biden allanaron la casa de Jeffrey Clark en Virginia, el ex funcionario del Departamento de Justicia y abogado que dio la batalla legal contra el fraude electoral después de las elecciones presidenciales del 2020.

Clark denunció que el allanamiento fue una “apretada” de la Casa Blanca, y que fue completamente ilegal dado que él no está imputando en ninguna causa y no hay argumentos judiciales que habilitaran la operación.

Le entraron por la fuerza a su casa en medio de la noche, derribando una puerta, le rompieron varias ventanas, lo golpearon y lo sacaron a la calle en ropa interior, tirándolo al piso contra el asfalto mientras le requisaban todos sus dispositivos electrónicos y sus tarjetas de crédito, según reportaron diversos medios locales.

Fuentes cercanas a la investigación le dijeron a The Post Millennial que la redada es parte de la investigación del Departamento de Justicia de Biden sobre los “electores suplentes“, con los que Clark habría conversado durante las semanas previas al 6 de Enero.

Luego de que múltiples legislaturas estatales reconocieran que hubo fraude en las elecciones del 2020, y antes de que se celebrara la aprobación de la victoria de Joe Biden en el Congreso, el 6 de enero, los gobiernos de Arizona y Georgia nombraron un conjunto de “electores suplentes“, que certificarían la elección no para Biden si no que para Trump.

Estos “electores suplentes” hubieran entrado en efecto si Mike Pence, por entonces vicepresidente, rechazaba los votos del Colegio Electoral ese 6 de enero en la Sesión Conjunta del Congreso. Finalmente no lo hizo y estos electores nunca tuvieron ningún cargo real.

Sin embargo, fiscales de Washington D.C. junto al Departamento de Justicia de Biden, creen “sospechoso” que Clark haya tenido conversaciones con estos electores antes del 6 de enero, lo cual no tiene sentido ya que si la elección no fue fraudulenta, estas personas eran simples civiles sin cargo ni potencial político de nada. Y aunque lo tuvieran, tampoco constata ningún delito hablar con ellos.

El Comité del 6 de Enero, que se estableció para determinar si Trump debería ser proscripto de la política estadounidense, citó a Clark a declarar en el recinto, pero abogó por la Quinta Enmienda más de 100 veces durante su declaración de casi dos horas. La Quinta Enmienda le permite a los testigos mantener silencio ante preguntas de caracter judicial o legislativo.

Según los diputados del Comité, en los días previos al 6 de enero, Clark ayudó a Trump a idear un plan para expulsar al entonces fiscal general interino Jeffrey Rosen, colocarse a sí mismo en la cima del departamento y hacer que el Departamento de Justicia interviniera en Georgia para dejar de lado los resultados de la votación a fin de influir en el estado hacia Trump.

Este alegato no procede legalmente, ya el Departamento de Justicia, que ahora Biden está utilizando para perseguir a sus opositores políticos, no tiene el poder de intervenir un Estado.

Quien debía devolverle el poder a los estados para que emitan nuevamente su voto era el vicepresidente en la Sesión Conjunta del 6 de enero, pero Mike Pence avaló los resultados fraudulentos.

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Estados Unidos

La opinión que nadie pidió: La ONU condena la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto

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El fallo que le devuelve a las legislaturas estatales la decisión de prohibir el aborto o no fue condenado por la Comisión de los Derechos Humanos que encabeza la chilena Michelle Bachelet.

Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos dio sentencia sobre una causa que deroga la despenalización del aborto enmarcada en el fallo Roe v. Wade de 1973, y le devuelve a los estados la potestad de legislar una prohibición al aborto o no.

A pesar de que nada tiene que hacer la ONU opinando sobre un caso judicial interno de uno de sus países miembros, la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Michelle Bachelet dijo que es “un gran golpe para los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género”.

El acceso al aborto seguro, legal y gratuito está firmemente arraigado en el derecho internacional de los derechos humanos y es el núcleo de la autonomía y la capacidad de las mujeres y las niñas para tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos y vidas”, dijo Bachelet en el comunicado.

Esta decisión despoja de tal autonomía a millones de mujeres en los Estados Unidos, en particular a aquellas con bajos ingresos y pertenecientes a minorías raciales y étnicas, en detrimento de sus derechos fundamentales”, dijo la ex presidente chilena.

“Más de 50 países con regulaciones restrictivas han relajado sus leyes de aborto en los últimos 25 años”, aseguró. “Pero con el fallo de hoy, Estados Unidos lamentablemente se está alejando de esta tendencia progresista”.

El fallo sin embargo no hace que el aborto sea ilegal, si no que devuelve a Estados Unidos a la situación anterior a Roe v. Wade, cuando cada estado era libre de permitirlas o no.

Es extremadamente irónico el comunicado de la ONU, especialmente teniendo en consideración que el Consejo de Derechos Humanos actualmente tiene miembros como Catar, Emiratos Árabes Unidos, China, Pakistán, Bolivia, Cuba, Libia, Sudán, y Venezuela, todos países donde realmente se violan los derechos humanos, con persecución de disidentes políticos, campos de genocidio y tortura de presos políticos. Incluso Rusia era parte del Consejo, pero fue suspendido tras el inicio de la guerra contra Ucrania.

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Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos derogó el derecho al aborto y ahora cada Estado decidirá cómo regularlo

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Los 6 jueces conservadores del máximo tribunal revocaron oficialmente Roe v. Wade el viernes, declarando que el derecho constitucional al aborto no existe.

En una de las sentencias más esperadas de las últimas décadas, la Corte Suprema de los Estados Unidos hizo vale su mayoría conservadora y revocó el fallo de 1973 Roe v. Wade, que había despenalizado el aborto en todo el país.

En la argumentación que ganó la votación por 6-3, los jueces declaran que el aborto no es un derecho constitucional y que por ello no hay razón por la cual no se puedan hacer leyes regulando la práctica.

Ahora, con esta decisión, cada Estado deberá definir sus propias leyes sobre el tema, pudiendo imponer prohibiciones de todo tipo. “Roe estuvo notoriamente errada desde un comienzo”, declaró el juez Samuel Alito en su opinión.

El fallo se desprende de la demanda Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, en la que una clínica de abortos demandó al Ministro de Salud del estado de Mississippi, Thomas Dobbs, bajo la premisa de que una ley aprobada por la Legislatura estatal en 2018, que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, era inconstitucional y que violaba la jurisprudencia de Roe v. Wade.

Tras una serie de sentencias y apelaciones, la causa llegó hasta la Corte Suprema, que esta mañana decidió que Mississippi tiene el derecho a regular el aborto, tirando abajo tanto Roe v. Wade, acordada hace 49 años, que reconocía el derecho al aborto en todo el país, como otra resolución de 1992, Planned Parenthood v. Casey, que reafirmaba dicha protección pero permitía a los estados establecer ciertas regulaciones sobre el proceso.

El fallo señala que la Constitución “no otorga” este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al “pueblo” y sus “representantes electos”. “Es el momento de acatar la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes electos de los ciudadanos”, dice el fallo.

Además considera que Roe v. Wade fue “ofensivamente incorrecto” y “chocaba” con la propia Constitución. Y añade que Planned Parenthood v. Caseyperpetuaba” esos errores.

Son 26 los estados que tenían leyes prohibiendo el aborto previo a Roe v. Wade, y que a pesar de que quedaron anuladas por el fallo de 1973, nunca fueron derogadas. Por lo que el fallo de hoy automáticamente restablece estas legislaciones y prohíbe la práctica en más de la mitad de los estados del país.

Los estados son Florida, Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Lousiana, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, West Virginia, Michigan, Wisconsin, Iowa, Missouri, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Wyoming, Montana, Idaho, Utah, y Arizona.

El texto del fallo es una magistral demostración del nivel técnico de los jueces Samuel Alito, quien escribió la argumentación de la mayoría, pero también de los jueces Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, que escribieron sus concurrencias por separado. La mayoría fue acompañada por Niels Gorsuch, Amy Coney Barrett y el propio presidente de la Corte, John Roberts.

El juez Alito argumentó con uno de los más importantes puntos que suelen dar los sectores provida, y es que la Constitución no reconoce el derecho al aborto, y que de ninguna manera puede, entonces, declararse como inconstitucional regularlo.

Además, hace una brillante interpretación tradicionalista de la Decimocuarta Enmienda, tirando por la borda la visión progresista de que esta enmienda, aprobada en 1868, supone la garantía de los “derechos sociales” que los demócratas han intentado impulsar desde entonces, como el derecho a la salud pública o en este caso, al aborto.

Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, y dicho derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, incluida aquella en la que ahora se basan principalmente los defensores de Roe y Casey: la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda. Esa disposición se ha sostenido para garantizar algunos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero cualquier derecho de este tipo debe estar ‘profundamente arraigado en la historia y tradición de esta Nación’ e ‘implícito en el concepto de libertad ordenada’. Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo“, argumenta.

Y sentencia que incluso dentro de la interpretación progresista, que sostuvieron en minoría los jueces Sony Sotomayor, Stephen Breyer y Elena Kagan, no se sostiene: “La disidencia no puede demostrar que un derecho constitucional al aborto tenga algún fundamento, y mucho menos uno ‘profundamente arraigado en la historia y tradición de esta Nación’El disenso no logra identificar ninguna autoridad anterior a Roe que apoye tal derecho, ninguna disposición o estatuto constitucional estatal, ningún precedente judicial federal o estatal, ni siquiera un tratado académico“.

Alito afirmó que “Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y profundizado la división“. 

Además, escribió que el derecho al aborto era diferente de otros derechos de privacidad: “Lo que distingue claramente el derecho al aborto de los derechos reconocidos en los casos en los que se basan Roe y Casey es algo que ambas decisiones reconocieron: el aborto destruye lo que esas decisiones llaman ‘vida potencial’ y lo que la ley controvertida en este caso considera como la vida de un ‘ser humano por nacer’“.

Thomas y Kavanaugh apoyaron en concurrencia ya que, quisieron agregar que no solo apoyan la derogación de Roe v. Wade, si no que la decisión en Dobbs debería usarse para reconsiderar casos anteriores de la Corte Suprema que otorgaron derechos no explícitos en la Constitución, como Griswold v. Connecticut (el derecho a la anticoncepción), Obergefell v. Hodges (matrimonio igualitario) y Lawrence v. Texas (despenalización de la sodomía)

Thomas escribió: “Debido a que cualquier decisión sustantiva del debido proceso es ‘demostrablemente errónea’, tenemos el deber de ‘corregir el error’ establecido en esos precedentes“.

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