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Estados Unidos

Crisis federal en EEUU: Texas se declaró en desacato a Biden, moviliza la Guardia Nacional y 25 estados se unen a combatir la inmigración ilegal

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El gobernador del estado sureño, Greg Abbott, se niega a cumplir con los mandatos de la Casa Blanca y decide declararle la guerra a la inmigración ilegal a pesar de las advertencias desde Washington.

El pasado miércoles 24 de enero, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de emergencia en la totalidad del territorio debido a la crisis migratoria que se desarrolla en la frontera sur de los Estados Unidos.

A su vez, se declaró en desacato hacia los requerimientos del gobierno de Joe Biden, y rechazó los reiterados pedidos por parte de la Casa Blanca de cesar con las medidas para frenar la inmigración ilegal en el estado sureño, y de derrumbar partes del muro de Trump y sacar el alambre de púas que se colocó en los segmentos donde el muro quedó incompleto.

Adicionalmente, el mandatario republicano movilizó a la Guardia Nacional de Texas a la frontera, y ordenó privar de sus funciones a la Guardia Nacional Federal y a la Patrulla Fronteriza, que responden directamente al presidente Biden, y que tenían la orden de no frenar ningún ingreso irregular.

Inmediatamente, los demás estados del país comenzaron a declararse a favor o en contra de la disputa militar entre Texas y el gobierno con sede en Washington D.C. En cuestión de dos días, 25 estados expresaron su apoyo a la medida de Abbott, e incluso 14 de éstos decidieron movilizar sus Guardias Nacionales y enviarlas a Texas a ayudar a proteger las fronteras.

En medio de esta situación además, Abbott, se encuentra librando numerosas batallas judiciales contra la administración Biden por diversas causas, entre las que se encuentra la crisis migratoria. Una de estas mencionadas disputas legales resultó en que una corte habilitara al Gobierno federal a cortar el alambrado con púas dispuesto por el gobierno de Texas y las boyas en el Río Grande, lo que desató el conflicto.

El origen del conflicto

El presidente Biden viene impulsando una política de fronteras abiertas, y se la está imponiendo principalmente al estado de Texas, con el objetivo de aumentar la base de votantes demócratas y convertir un estado republicano en uno azul.

Después de casi 3 años de disputas, donde la Casa Blanca viene una y otra vez quitándole poderes a Abbot que le corresponden a la policía texana, como frenar y deportar inmigrantes que intentar realizar el peligroso cruce desde México, el gobernador republicano decidió devolver el golpe.

La semana pasada, el gobernador Abbott, a través de una resolución que firmó el Fiscal General del estado Ken Paxton, le denegó el acceso a la patrulla fronteriza al Parque Shelby, un distrito perteneciente a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, donde se está registrando en los últimos días el ingreso de miles de inmigrantes ilegales cada día.

Abbott, en su lugar, facultó a las fuerzas de seguridad del estado a desplegar un cercado con púas a lo largo de la frontera y boyas a lo largo del Río Grande para evitar que aquellas personas provenientes de México pudieran cruzar nadando dentro del territorio texano.

La situación comenzó a levantar temperatura cuando el gobierno federal con Biden y el ministro de Justicia, Merrick Garland, a la cabeza, demandaron judicialmente al estado de Texas por haberle quitado el manejo de la frontera a las fuerzas federales, sumándose a demandas previas por parte de la administración nacional porque Abbott facultó a las fuerzas estatales a detener (para luego deportar o incluso enviar a ciudades demócratas) a inmigrantes ilegales en suelo texano.

El gobernador Greg Abbott anunciando que no cumplirá con las órdenes de Joe Biden.

Luego de acusaciones cruzadas entre la administración federal y el gobierno estatal, Abbott decidió emitir un comunicado en el cual informaba que la administración de Joe Biden decidió romper la relación entre los estados que componen al país y la Unión Americana, aclarando que desde Texas continuarán tomando medidas contra la inmigración ilegal con el fin de defender a los ciudadanos del estado sin importar la opinión del presidente.

Debido a esta situación, Biden decidió que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia para que tomara cartas en el asunto, la cual falló a favor del gobierno de Biden demostrando una total traición a los ciudadanos de Texas.

Dentro del fallo, los jueces John Roberts y Amy Coney Barrett (quien fue nominada por Donald Trump) se posicionaron a favor de la decisión de los jueces progresistas para favorecer al Gobierno federal, dictaminando que las fuerzas federales pueden ingresar al Parque Shelby y cortar los alambrados que impiden el ingreso irrestricto de inmigrantes.

Sin embargo, el gobernador Abbott se declaró en desacato y por el momento, no ha permitido a las fuerzas a ingresar para abrir las fronteras. A su vez, señaló que la administración Biden falló en la realización de sus tareas en proteger a los estados de la inmigración ilegal y que estas ineficiencias dispararon automáticamente una cláusula que otorga a cada estado el derecho a la defensa de su territorio, considerando la oleada de ciudadanos mexicanos; chinos y de otras nacionalidades, una invasión.

En consecuencia del comunicado emitido por Abbott, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, comandado por Alejandro Mayorkas, le envió una carta el pasado martes al estado de Texas demandando que se le permita nuevamente el ingreso a las fuerzas federales al Parque Shelby, dándole hasta el día de hoy para emitir una respuesta.

Sin embargo, el ministro de Justicia de Texas, Paxton aclaró el pasado jueves que el estado de Texas no tiene intenciones de cumplir con los plazos que la administración federal le otorgó. El antecedente más cercano a la actual situación se dio en el año 2012, cuando la Corte Suprema también falló a favor del gobierno federal en contra del estado de Arizona, por un caso que muestra bastante similitud al presente, en el cual las fuerzas estatales tomaron poder frente a la descalabrada migración en la frontera sur.

Las decisiones tomadas hasta ahora por el presidente Biden, así como las de su gabinete y amparadas por la Suprema Corte, han despertado un gran resentimiento dentro de la población texana, así como también en el resto del país.

Alambrado de Puas que colocó Greg Abbott.

A raíz de este choque, un grupo compuesto por 25 estados ha firmado un compromiso mostrando su apoyo en las acciones que Texas está tomando frente a la invasión de inmigrantes provenientes del sur del país. Este claro apoyo se da en el contexto de que muchos inmigrantes (entre los cuales se encuentran criminales) utilizan a Texas como puente para luego alcanzar otros estados del interior.

Dentro de los Estados Unidos, aquellos estados que brindaron su total apoyo se tratan de: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, West Virginia y Wyoming. Esto se resume en medio país apoyando sublevarse contra Joe Biden. A su vez, dicho grupo de estados anunció que enviará miembros de sus respectivas guardias nacionales estatales para brindar apoyo a las tareas realizadas en la frontera sur.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, se expresó personalmente señalando que Texas tiene el absoluto derecho a defender sus fronteras, sumado a la reprimenda al gobierno federal por descuidar las fronteras a nivel federal.

Desde el arco político, el expresidente y principal candidato republicano de los Estados Unidos Donald Trump, destacó la labor de Greg Abbott y expresó que todo el pueblo americano debería acompañar el reclamo de Texas. Dichas declaraciones fueron acompañadas con la promesa de que en caso de resultar electo nuevamente, se lanzará una operación militar conjunta entre la Guardia Nacional Federal y la Guardia Nacional de Texas para defender las fronteras estadounidenses.

Quien también mostró su apoyo a las acciones tomadas por el gobierno texano, es el senador de Louisiana y candidato a presidente de forma independiente, John Kennedy, quien aseguró que Texas está en lo correcto con las acciones tomadas y disparó contra Biden en su fracaso de proteger al pueblo estadounidense de la invasión que se produjo a través de la frontera sur.

Estados Unidos

Milei recibió en la Casa Rosada a Antony Blinken, la persona con más poder en el gobierno de los Estados Unidos

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El Presidente y su Gabinete mantuvieron un encuentro de algo más de una hora con el jefe de la diplomacia estadounidense y su comitiva. “Argentina decidió volver al lado de Occidente, el progreso y la democracia”.

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien no solo oficia como canciller de Joe Biden, sino que también es la persona más poderosa de la Casa Blanca, dado el deterioro cognitivo del actual mandatario y la influencia que perdió últimamente la vice, Kamala Harris.

El representante estadounidense llegó al país rodeado de una nutrida comitiva para afianzar las relaciones bilaterales y discutir la letra chica de la renegociación del acuerdo con el FMI, el funcionario llega interesado en el vínculo geopolítico de los países de la región con China y Rusia, y su posicionamiento frente a la guerra en Israel.

Antes de iniciar el encuentro y al ser consultado por la prensa cuál era el mensaje que quería enviar hacia Estados Unidos, el primer mandatario respondió: “Argentina ha decidido volver al lado de Occidente, al lado del progreso, al lado de la democracia y, sobre todas las cosas, al lado de la libertad”.

Blinken llegó acompañado por el embajador ante la Argentina, Marc Stanley; el secretario asistente para el Hemisferio Oeste, Brian Nichols; el vicejefe de Gabinete del Secretario, Thomas Sullivan; al vocero Adjunto del Secretario, Vedant Patel; y al consejero político, Robert Allison.

El presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, los ministros Luis Caputo (Economía); Guillermo Francos (Interior); la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el embajador designado de Argentina en Washington, Gerardo Werthein.

La encargada de darle la bienvenida a los funcionarios en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno, a las 11, fue la canciller, Diana Mondino, y luego se dirigieron al Salón Eva Perón, donde fueron recibidos por el primer mandatario. Antes, Blinken había realizado una “recorrida cultural” por el Cabildo, que incluyó una caminata al aire libre por la Plaza de Mayo.

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Estados Unidos

Una fiscal demócrata de Nueva York ordenó que Trump tiene que pagar US$ 350 millones o se le confiscarán todos sus hoteles

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"Si no tiene fondos para pagar la sentencia, buscaremos mecanismos de ejecución de la sentencia en los tribunales y pediremos al juez que embargue sus bienes", aseguró Letitia James.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció esta semana que está dispuesta a confiscar los bienes del candidato republicano a la presidencia de 2024, Donald Trump, incluidos edificios, si no paga los US$ 354 millones de dólares ordenados por el juez Arthur Engoron en el caso civil que James presentó contra él.

"Si no tiene fondos para pagar la sentencia, buscaremos mecanismos de ejecución de la sentencia en los tribunales y pediremos al juez que embargue sus bienes", declaró James, quien busca confiscar los hoteles de Trump si no realiza el pago.

Además de los US$ 354 millones de dólares, se le prohibió realizar negocios en Nueva York durante tres años en un fallo del viernes de Engoron. Trump ha prometido apelar el fallo.

James dijo que tenía "mucha confianza" en la solidez de su caso en la apelación y reiteró que su oficina no dudaría en confiscar los hoteles de Trump si no puede pagar. James dijo que buscaría empezar por el rascacielos 40 de Wall Street de Trump, que pasó a llamarse Edificio Trump en la década de 1990.

"Estamos preparados para asegurarnos de que se pague el juicio a los neoyorquinos, y sí, recibiré 40 Wall Street todos los días", dijo James.

Trump fue acusado de inflar su patrimonio neto para obtener condiciones de préstamo más favorables, pero eso nunca fue probado y los bancos también hicieron sus propias evaluaciones al momento de distribuir los préstamos, quienes coincidieron con el análisis del ex mandatario.

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Estados Unidos

La Cámara de Diputados votó por destituir al Secretario de Seguridad Interna de Biden por la crisis migratoria

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La Cámara Baja le dio media sanción el pasado martes por remover a Alejandro Mayorkas de su puesto tras su fracaso en el manejo de la crisis fronteriza.

El pasado martes 13 de febrero, el Congreso estadounidense le dio media sanción a la destitución del Secretario de Seguridad Interna de Biden, Alejandro Mayorkas, por su mala gestión de la crisis fronteriza, habiendo generado la peor crisis migratoria de la historia de Estados Unidos.

El impeachment lo presentó el ala trumpista del Partido Republicano, pero no tuvo el apoyo total de la bloque. Tres republicanos votaron en contra, y el juicio político se aprobó por la mínima, tan solo por 214 votos contra 213.

No obstante, el caso ahora será trasladado al Senado, donde la acusación deberá alcanzar dos tercios de los votos positivos para proceder con su destitución. El antecedente más cercano a esta situación se produjo en el año 1876 cuando William Belknap fue acusado formalmente pero absuelto en la Cámara Alta.

Mientras que todo el bloque del Partido Demócrata se mantuvo unido en la decisión de no apoyar la acusación, tres legisladores pertenecientes al Partido Republicano se alinearon con sus colegas demócratas y votaron en contra de destituir al funcionario.

Al igual que en una anterior votación, los diputados republicanos Mike Gallagher (Wisconsin), Ken Buck (Colorado), y Tom McClintock (California) decidieron votar en contra de la moción.

En la semana anterior, hubo un primer intento de impeachment, donde los tres representantes republicanos volvieron a votar en contra de la destitución, oero se les sumó el diputado Blake Moore, de Utah, quien había cambiado su voto a último minuto y en esta ocasión sí voto en concordancia con sus compañeros de bloque.

Además de la situación, en la pasada sesión que finalizó 216-214 en favor de Mayorkas, todo el bloque demócrata se encontraba en el recinto, incluyendo al representante demócrata de Texas Al Green, quien egresó de manera anticipada del hospital tras recuperarse de una cirugía para efectuar el voto.

Desde la oficina del líder de la mayoría en el senado, Chuck Schumer, señalaron que el juicio al funcionario perteneciente al gabinete de Biden comenzaría a fines de febrero o incluso a principios del mes de marzo en donde los senadores actuarán como jurados y la sesión será presidida por la presidente pro tempore de la cámara alta Patty Murray.

Los oficiales de acusación, tratándose de miembros de la cámara de representantes que actúan como fiscales, ahora deberán llevar los argumentos al senado. Este proceso que se suele realizar en el primer día del juicio, además podría acompañar a la jura de los senadores como jurados debido a esquemas temporales de la cámara.

Luego de especulaciones acerca de si el Presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, sería el encargado de presidir el juicio, las mismas se disiparon debido a que de acuerdo a las normas del juicio al mismo le correspondería en caso de que se trate del presidente o vicepresidente del país, pero en este caso será Patty Murray quién deberá llevarlo a cabo.

Los senadores ahora tendrán la decisión de llevar a cabo un juicio completo, desestimar el caso, o pasar directamente a la votación de los artículos de destitución. De igual manera, los senadores que actúan como jurados tienen a su vez la opción de enviar los artículos tratados a una comisión para realizar una revisión.

Eventualmente, la decisión será la de desestimar los cargos o bien votar por sí o por no los artículos que tienen por objetivo destituir a Mayorkas. Desde el sector del Partido Republicano deberán estar especialmente atentos a las maniobras que puedan desarrollar los senadores demócratas con el objetivo de sabotear el juicio, por lo cual podrían tomar acciones de represalia contra los mismos.

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