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Estados Unidos

El Senado aprueba el estímulo económico de US$ 2 billones de Trump

El paquete de leyes de US$ 2 billones de Trump para estimular la economía en plena crisis por el coronavirus fue aprobado por el Senado de manera bipartidaria. Esta ley enviará dinero a empresas, a trabajadores, a particulares y a familias afectadas.

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El Senado aprobó de manera bipartidaria por 96 votos positivos y 0 en contra (4 abstenciones) el “CARES Act”, un paquete de leyes cuyo objetivo es impedir una recesión causada por externalidades. Ahora el paquete irá a la Cámara Baja donde se votará de la manera más urgente posible para que esta ley entre en efecto.
Este es el tercer y más grande proyecto de ley de respuesta al coronavirus que está siendo discutido Congreso de los Estados Unidos y por la administración Trump. Los esfuerzos anteriores se centraron en las vacunas y la respuesta de emergencia, las bajas médicas familiares y por enfermedad para los trabajadores y la asistencia nutricional. 
Esta vez se envió al Congreso un paquete de rescate económico para empresas y familias afectadas por el virus chino. Este paquete es más grande que el rescate bancario de 2008 y la ley de recuperación de 2009 combinados.

El acuerdo ofrece alrededor de US$ 500 mil millones para empresas en dificultades, un aproximado de US$ 367 mil millones para préstamos a pequeñas empresas y un estimado de US$ 750 mil millones para individuos y familias sumando los cheques y los seguros de desempleo

Las personas que ganen menos de US$ 75.000 al año serían elegibles para recibir un cheque de US$ 1.200 del gobierno federal, mientras que las parejas casadas que ganen hasta US$ 150.000 al año en ingresos combinados serían elegibles para recibir US$ 2.400. Por cada niño, habrá US$ 500 adicionales.
Los republicanos quisieron agregar una enmienda a la ley que impida que nadie cobre más con estos cheques que su salario real antes que empiece la crisis, creando una escala desde 600 dólares hasta los 1.200 según su salario. Sin embargo el senador y candidato presidencial demócrata Bernie Sanders lideró la oposición contra esta medida y finalmente fracasó la enmienda con 46 votos en contra versus 45 a favor.
El resto del dinero se dividirá entre programas diplomáticos de ayuda internacional, programas de nutrición, ayuda a Puerto Rico (dependencia de EEUU), programas sanitarios y de investigación sobre el tratamiento.
Los senadores demócratas agregaron a último minuto un adicional de US$ 100 millones para programas artísticos y para los museos.

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La ley estuvo demorada desde el lunes, ya que los demócratas querían aprovecharse de la crisis para agregarle al paquete una serie de leyes ecologistas, sacadas directamente del “Green New Deal” del senador Bernie Sanders y de la diputada Ocasio-Cortes, que además cuenta con el apoyo de Nancy Pelosi.

Los republicanos habían estado negociando con el demócrata Chuck Schumer este proyecto de ley, pero la presidente de Diputados, Nancy Pelosi, se metió a último momento en las negociaciones y quiso extorsionar a Trump para que le agregue estas leyes “verdes”. Trump salió a denunciar esta manipulación y aseguró que jamás firmaría una ley de este estilo.

Contra las cuerdas, Pelosi dio un paso al costado y hoy se llegó a un acuerdo de manera bipartidaria. Sin embargo, se espera que Pelosi haga otro intento ahora que la ley irá a debatirse en Diputados.

Nancy Pelosi, presidente demócrata de la “House of Representatives” (Diputados)

El Departamento del Tesoro además proporcionará US$ 500 mil millones en préstamos, garantías de préstamos e inversiones. Eso incluye específicamente US$ 25 mil millones para las compañías aéreas de pasajeros, US$ 4 mil millones para las compañías aéreas de carga y US$ 17 mil millones para las empresas que trabajan en la seguridad nacional. El resto de los fondos, unos US$ 454 mil millones, quedarán para otorgar préstamos a otras empresas, gobiernos estatales o municipios que necesiten de manera urgente paliativos por la pandemia del coronavirus. 

Con esta ley, las empresas beneficiarias no pueden emitir dividendos a sus accionistas hasta un año después de que el préstamo ya no esté pendiente, y deberán retener el 90% del nivel de empleo que tenían a partir del 24 de marzo de este año, “en la medida de lo posible”, hasta el 30 de septiembre. Los préstamos tampoco pueden durar más de cinco años.

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El paquete incluye la ampliación de los beneficios de desempleo, el apoyo a las instituciones de atención médica y un programa de US$ 367 mil millones para que las pequeñas empresas no quiebren mientras los empleados se ven obligados a quedarse en casa. El gobierno federal otorgará a los trabajadores desempleados US$ 600 adicionales por semana durante cuatro meses además de sus beneficios estatales, que varían de US$ 200 a US$ 550 por semana, en promedio, dependiendo del estado.

Los líderes del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca dicen que aunque no existe una cura conocida para este virus, los investigadores están buscando diferentes opciones de tratamiento antiviral. Este es el caso de hidroxicloroquina y cloroquina que han sido respaldada por el presidente Trump y que se ha incluido en un paper de un científico francés recientemente como una posibilidad de combatir al patógeno.

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Estados Unidos

Camioneros advierten un colapso de la cadena de suministros si Biden prohíbe que trabajen los no vacunados

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Biden causará un desastre “catastrófico” en la cadena de suministros si aplica su mandato de vacunación, ya que millones de camioneros ya dijeron que renunciarán, dijo el presidente de la asociación nacional de camioneros.

El presidente Joe Biden decretó un mandato de vacunación para todas las empresas de más de 100 empleados a nivel federal, que entró en efecto este mes de noviembre.

Si bien la gran mayoría de las empresas de transporte de carga tienen más de 100 empleados, la Asociación Estadounidense de Camiones (ATA) pidió que el mandato no aplique a los camioneros, ya que su trabajo lo hacen en soledad y no ponen en riesgo a nadie más.

Su presentación judicial por ahora viene siendo efectiva, y el mandato no está siendo aplicado para los camioneros. Un 37% de los trabajadores de este rubro no se ha vacunado y dijeron en un reciente censo que no tenían intenciones de hacerlo en el corto o mediano plazo.

Sin embargo, esta semana la Casa Blanca anticipó que el gobierno federal empezará a hacer cumplir el mandato después de Año Nuevo, y que no aceptarían más las quejas del sindicato de camioneros.

Chris Spear, presidente de la ATA, fue citado a declarar su opinión en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados a mediados de noviembre, donde le advirtió a los legisladores que un mandato federal de vacunación para camioneros conduciría casi con certeza al colapso total de la cadena de suministros en Estados Unidos.

“En una encuesta reciente a nuestras flotas, el resultado fue que el 37% de nuestros conductores no solo dijeron que no, sino que están dispuestos a perder su trabajo para no hacerlo“, dijo Spear.

Continuó explicando cómo la pérdida de puestos de trabajo a esta escala paralizaría absolutamente la economía. “Digamos que solo el 3,7%, no el 37%, se marcharía en lugar de vacunarse. Eso ya sería catastrófico. Ya nos faltan 80.000 camioneros, eso lo inflaría a un cuarto de millón“, sentenció.

La ATA cuenta con aproximadamente 37.000 miembros. Si los resultados de su encuesta se mantuvieran en toda la industria, un mandato de vacuna podría resultar en que cientos de miles de camioneros dejen sus trabajos.

Hemos tratado de dejar muy claro con la administración que si haces esto, entiendo la lógica detrás de esto, pero si haces esto, estas son las consecuencias“, dijo Spear con respecto al mandato de vacuna de Biden.

“Entonces, si está tratando de resolver el problema de la cadena de suministro, en realidad lo está agravando y realmente perjudicando el problema que está tratando de solucionar en el lado de la vacuna“.

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Estados Unidos

Los demócratas de Nueva York expanden el mandato de vacunación a todo el sector privado

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Más de 300.000 empleados del sector privado de la ciudad de Nueva York corren el riesgo de perder su empleo si no se vacunan con dos dosis antes del 27 de diciembre.

El gobierno demócrata de la ciudad de Nueva York, comandado por el marxista Bill De Blasio, expandió por decreto el la vacunación obligatoria a todos los trabajadores del sector privado a partir del 27 de diciembre.

Hasta el momento, el mandato de vacunación solo aplicaba a empresas de más de 100 empleados, pero a partir del 27 abarcará a todas las empresas del territorio metropolitano neoyorquino. Unas 184.000 empresas deberán presentar los certificados de vacunación completa de sus empleados, o enfrentar severas multas.

Hoy en día, un ciudadano neoyorquino para ser reconocido como “vacunado” ante los ojos del Estado debe tener por lo menos una dosis. Pero a partir de la vigencia de este decreto se necesitará dos dosis para clasificar como “vacunado”. Además, De Blasio anticipó que después del primer trimestre de 2022, serán necesarias tres dosis.

Tenemos a Omicron como un factor nuevo. Tenemos el clima más frío que realmente creará desafíos adicionales con la variante Delta, tenemos reuniones navideñas“, dijo De Blasio el lunes al anunciar el mandato en una entrevista para MSNBC.

“En la ciudad de Nueva York hemos decidido utilizar un ataque preventivo para hacer algo realmente audaz para detener el crecimiento del COVID y los peligros que nos está causando a todos”, aseguró.

El alcalde demócrata también anunció una expansión del pase sanitario, actualmente requerido para ir a restaurantes, bares, cines, gimnasios y otros comercios techados. Actualmente aplica para todas las personas de 12 años o más, pero tras el 14 de diciembre, será exigido para todos los neoyorquinos a partir de los 5 años.

Si bien el pase sanitario solo valdrá para aquellas personas que tengan las dos dosis de la vacuna, los niños de 5 a 11 años podrán validarlo con una, por lo menos hasta el año que viene.

Es importante aclarar que ya con el primer mandato de vacunación, el 94% de la fuerza laboral de la Ciudad está vacunada, pero De Blasio asegura que hasta no llegar al 100% no frenarán.

De Blasio está cerca de terminar su mandato. El 1ro de enero del 2022 asumirá la alcaldía de Nueva York el también demócrata Eric Adams, pero de un sector mucho más moderado que el actual mandatario.

Adams, un ex comisario de la Policía de Nueva York, le ganó la primaria a Kathryn García, la candidata de De Blasio, en una campaña donde, si bien apoyó un mandato de vacunación para empleados públicos y trabajadores de la salud, rechazó hacer que la vacuna sea obligatoria para el sector privado.

Election 2021: Eric Adams declares victory in race to be NYC's 110th mayor  - silive.com
Eric Adams, alcalde-electo de la Ciudad de Nueva York. Su postura respecto al mandato de vacunación es una incógnita.

El Partido Demócrata de Nueva York está sufriendo un fuerte cambio de liderazgo, ya que además de la salida de De Blasio, el gobernador del Estado, Andrew Cuomo, fue recientemente removido del cargo por denuncias de abuso sexual en el ámbito laboral, y la agrupación a nivel local está acéfala de dirigentes.

De Blasio asegura que ha puesto al día a Adams sobre sus planes sanitarios, y que el alcalde-electo le ha confiado que entiende que hay “amenazas urgentes que enfrenta nuestra ciudad y que es el trabajo del alcalde proteger a los neoyorquinos”, pero dijo que dejaría que Adams hable por sí mismo cuando vuelva de su viaje a Ghana.

Un portavoz de Adams emitió una declaración breve pero evasiva el lunes en lo que respecta al mandato, diciendo: “El alcalde electo evaluará este mandato y otras estrategias de COVID cuando esté en el cargo y tomará determinaciones basadas en la ciencia, la eficacia y los consejos de los profesionales de la salud“.

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Estados Unidos

Georgia publicó un informe demostrando que hubo 36 irregularidades en la auditoría de las elecciones

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A pesar de que una auditoría del condado de Fulton confirmó la victoria de Biden en el Estado de Georgia, un informe de la oficina del gobernador aclara que el recuento también estuvo plagado de irregularidades.

El recuento manual de las elecciones presidenciales de Georgia, conocido como “la auditoría del condado de Fulton“, ha sido identificado como fradulento en un nuevo memorando que envió la oficina del gobernador Brian Kemp a la Junta Electoral del Estado por tener serios problemas de ejecución.

Las elecciones presidenciales de 2020, que han estado plagadas de acusaciones de fraude electoral e irregularidades desde el condado de Maricopa, Arizona, hasta el de Racine, Wisconsin, han dado lugar a una serie de investigaciones y auditorías en todo el país

El Informe de Auditoría Limitadora de Riesgos (RLA) de 2020 realizado en Georgia fue una de esas muchas auditorías, pero con un resultado pésimo para los republicanos: solo se encontraron 496 votos que habían sido mal tabulados como si fueran para Biden pero eran para Trump.

De acuerdo a este resultado, Biden ganó las elecciones en el Estado de Georgia por 12.284 votos en vez de los 12.780 del conteo original.

Sin embargo, el memorando de la oficina del gobernador presenta serios cuestionamientos a la metodología utilizada para la auditoría, y advierte que podría haber dado un “falso sentimiento de cierre a la cuestión del fraude electoral”.

El memo se basa en un análisis de la auditoría (la auditoría de la auditoría) llevada a cabo por el Dr. Joseph Rossi, un ejecutivo retirado del condado de Houston, Georgia, quien encontró por lo menos 36 irregularidades o inconsistencias en la auditoría original.

El memorando del gobernador Kemp dice: “Las 36 inconsistencias señaladas por el Dr. Rossi son de naturaleza fáctica, no plantean teorías subyacentes fuera de los datos informados y mi oficina no pudo explicarlas después de una revisión exhaustiva que se detalla a continuación“. 

Y añade: “El propósito de esta carta es transmitir estas inconsistencias a la Junta y solicitar que sean explicadas o corregidas”.

Además, es importante señalar que Joseph Rossi realizó este análisis del recuento manual de Georgia junto con el abogado Jack James, quienes se ofrecieron como voluntarios para revisar el proceso de auditoría sin promesa de compensación. “Su dedicación a esta inmensa tarea es encomiable”, continuó el memorando.

La oficina de Kemp afirma que repitieron la investigación que el Dr. Rossi realizó sobre cada una de sus afirmaciones, comparándolas con los datos recopilados por RLA, y encontraron las mismas irregularidades. “Con base en ese análisis, como se evidencia en el informe adjunto, creo que se justifica una remisión a la Junta”, concluye.

Es importante remarcar que el gobernador Brian Kemp pertenece a la rama de republicanos que no apoyaron a Trump en sus denuncias de fraude en 2020. Kemp certificó los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia a pesar de las quejas e informes de fraude electoral e irregularidades en varios condados. 

El condado de Fulton se ha visto particularmente afectado por informes de fraude, que van desde denuncias presentadas ante la justicia con evidencia fotográfica de fiscales electorales destruyendo boletas hasta un informe de la propia Junta Electoral que asegura que se rompió la “cadena de custodia” para 50.000 votos por correo.

En noviembre, el director del Registro y Elecciones del Condado de Fulton presentó su defensa en respuesta a toda la debacle entorno a su gestión, pero no fue satisfactoria y el secretario de Estado Brad Raffensperger, un ferviente anti-Trump alineado a Joe Biden, solicitó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) iniciara una investigación sobre la gestión electoral del condado de Fulton porque la situación “excede su competencia”.

Parece que los gobernantes republicanos de Georgia están comenzando a cuestionar su decisión de certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, a pesar de que su memorando vuelve a aclarar que no “se está disputando ni refutando el resultado de las elecciones de 2020, sino que tiene la intención de resaltar aparentes inconsistencias descubiertas en los datos del Informe RLA”.

Sin embargo, surge la pregunta: si el informe de auditoría en sí mismo está plagado de irregularidades, ¿Cuánto menos seguras fueron las elecciones presidenciales? Es una pregunta que legítimamente debería hacer que los votantes de Georgia y todos los estadounidenses se rasquen la cabeza.

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