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Estados Unidos

En plena recesión, Biden pone a Estados Unidos a los pies del globalismo con una monstruosa Ley de Estimulo

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Biden logró aprobar antes de la renovación del Congreso un brutal aumento del gasto público, que incluyen millones de dólares a “causas LGTB” y ayudas a Ucrania, luego de que Zelenski visitara el país.

En la semana pasada, ambas cámaras del Congreso aprobaron la Ley de Presupuesto para el año 2023 que envió Biden, con el objetivo de aumentar drásticamente el gasto público. Si bien la legislación tiene algunas erogaciones destinadas a renovar la infraestructura de transporte a lo largo del país, el grueso del proyecto busca expandir la agenda progresista de los demócratas.

En ambas votaciones, algunos republicanos se pasaron al bando demócrata y ayudaron a la aprobación del presupuesto. En la Cámara de Representantes, la votación finalizó con 225 votos a favor, 201 en contra y una abstención, con figuras demócratas como Alexandria Ocasio Cortez e Ilhan Omar votando en contra.

En el Senado, gracias al impulso del líder republicano Mitch McConnell, un ferviente anti-Trump, la votación resultó prácticamente bipartisana, con 68 votos a favor y solo 29 en contra. Los senadores republicanos Tom Cotton, Mitt Romney y Lisa Murkowski, fueron los nombres más polémicos que giraron su voto.

Biden logró que se apruebe la ley antes que se renueven las bancas en el Congreso, lo cual hubiera imposibilitado la firma ya que los republicanos tomarán control de la Cámara Baja, y debía pasar primero por ahí antes de subir a la Alta.

Entre otras cosas, la legislación aumenta el gasto en 1,7 billones de dólares (doce ceros) y destina recursos en promoción de políticas de género, millonarias transferencias a centros comunitarios LGBT, subsidios a empresas de energía, especialmente las de energías renovables, y un masivo paquete de ayudas económicas y militares para Ucrania.

Gastos en Defensa

Uno de los puntos que más resaltan en la legislación es el gasto en materia de defensa, el cual será elevado en US$ 858 millones de dólares. Estos artículos fueron consensuados con los legisladores anti-trumpistas del Partido Republicano, una negociación clave para que el proyecto sea aprobado antes de fin de año con votos de la oposición.

La finalidad de estos gastos será “mejorar e incrementar la infraestructura relativa a las ramas de las fuerzas armadas como lo son el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Fuerza Espacial“, asegurando también la “compra de nuevos buques, aviones y armamento“.

Como es costumbre con este gobierno, también se destinarán fondos a causas progresistas dentro de las Fuerzas Armadas, como el caso de las nuevas políticas de género en el Cuerpo de Marines, y el esfuerzo conjunto de todas las ramas para lograr la paridad de género en las fuerzas.

Entre otras cosas, la ley confirma que el polémico mandato de vacunación en las Fuerzas Armadas seguirá vigente por el 2023 y los miembros de las distintas ramas militares que no estén inoculados deberán vacunarse obligatoriamente a más tardar en enero.

Ayudas a Ucrania

La otra gran parte del presupuesto estará destinado a ayudar a Ucrania, una decisión extremadamente polémica dado que en Estados Unidos la economía está en una de las peores recesiones de la historia del país.

Otros US$ 773 millones de dólares serán destinados a la provisión de ayuda a Ucrania, incluyendo US$ 19,8 millones de dólares en equipamiento militar para Ucrania y sus aliados europeos; US$ 12,9 millones en concepto de asistencia económica; y US$ 6,2 millones de dólares directamente para el ministerio de Defensa ucraniano.

Para anunciar la aprobación de la ley que incluye este masivo desembolso para Ucrania, se invitó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski al Congreso de los Estados Unidos.

El mandatario del país europeo brindó un vergonzoso discurso en la Cámara de Representantes, siendo el primer presidente que en época de guerra realiza una presentación en el Capitolio estadounidense desde la aparición de Winston Churchill en 1941, donde así como Zelénski, pidió la intervención de los americanos en la guerra.

Pero a diferencia de Churchill, Zelénski criticó duramente a los estadounidenses por enviar “poca ayuda” y les reprochó el voto en contra a los republicanos que no quieren gastar casi mil millones de dólares en transferencias a Ucrania mientras Estados Unidos atraviesa una recesión.

Zelénski también fue parte de una patética puesta en escena en la Casa Blanca con un senil Joe Biden, quien balbuceó en su discurso junto a su homólogo ucraniano. Zelénski le hizo entrega de una medalla a Biden por su ayuda en la guerra contra Rusia.

Promoción de la agenda progresista

Otro de los polémicos temas que se aprobaron en la ley son los múltiples proyectos relacionados a políticas LGTB, entre los que se encuentran millones de dólares destinados a espacios de promoción de la agenda progresista, como por ejemplo un museo LGTB en la Ciudad de Nueva York, un archivo destinado a mostrar los derechos homosexuales en el estado de Wisconsin y un centro estudiantil para personas homosexuales en la ciudad de San Diego, California, entre otras cosas.

Sin embargo, la promoción de los programas LGTB no son el único elemento de la agenda progresista que se incluye en el presupuesto para el año 2023, sino que también millones de dólares se encuentran destinados a organizaciones dedicadas a la “justicia social” y a la “igualdad económica”, además de la asignación de US$ 3,5 millones de dólares a la “Oficina de Diversidad e Inclusión“.

Dentro del presupuesto de más de 4.000 páginas, pueden encontrarse proyectos totalmente delirantes como la implementación de autopistas “bee-friendly” (amigables para las abejas), la asignación de un presupuesto de US$ 7,5 millones de dólares destinados al estudio del “fenómeno de la radicalización doméstica en redes sociales“, además de más de US$ 20 millones en un programa para proteger las fronteras de Jordania, Líbano, Egipto, Tunisia y Omán, mientras se promueven las fronteras abiertas en Estados Unidos.

A su vez, tembién se destinara una enorme suma de dinero para la construcción de una calle denominada el “Camino Michelle Obama” cerca de la Universidad Estatal de Georgia, en conmemoración a la mujer del expresidente demócrata Barack Obama, el “Parque de la Independencia Ucraniana” en Washington D.C. y la construcción del edificio “Nancy Pelosi” en San Francisco.

Persecución política

Los demócratas también lograron incluir en el presupuesto la erogación de US$ 2,6 millones de dólares hacia la comisión que investiga los hechos sucedidos el 6 de enero del 2021, otorgando una suma como premios a los abogados federales por cada manifestante que logren condenar con el fin de incentivar los procesamientos de quienes ingresaron al Capitolio en la fecha en la que el fraude electoral de Joe Biden fue convalidado.

Además, unos US$ 11,3 millones de dólares serán destinados al FBI para investigar el “terrorismo y el extremismo doméstico de derecha“, mientras que un masivo paquete de US$ 39 millones de dólares será destinado al Departamento de Justicia para ese mismo objetivo.

A pesar de que la ley busca enjuiciar a votantes republicanos, varios senadores de este partido decidieron votar a favor, impulsados por el líder de la oposición, Mitch McConnell (Kentucky), quien negoció directamente con Biden muchos de los artículos de la ley.

Además del senador por Kentucky, los republicanos Richard Shelby (Alabama), Roy Blunt (Missouri), John Boozman (Arkansas), Tom Cotton (Arkansas), Shelley Moore Capito (West Virginia), Susan Collins (Maine), John Cornyn (Texas), Lindsey Graham (Carolina del Sur), Jim Imhofe (Oklahoma), Jerry Morgan (Kansas), Lisa Murkowski (Alaska), Rob Portman (Ohio), Mitt Romney (Utah), Mike Rounds y John Thune (Dakota del Sur), Roger Wicker (Mississippi) y Todd Young (Indiana) votaron a favor.

La gran mayoría de este bloque pertenece al bloque anti-trumpista del Partido Republicano, que suele apoyar a Biden en muchas de sus incursiones legislativas y aseguran representar el ala más moderada del partido. Sin embargo, hubo algunos votos a favor como el de Tom Cotton, miembro del ala más dura y trumpista del Partido, lo cual despertaron las alarmas en la formación, ya que Trump había dado la orden a sus leales que votaran en contra.

Entre las sorpresas entre los demócratas, se dio la negativa de Alexandria Ocasio Cortez de votar a favor del proyecto. Lejos de haberse justificado en beneficio de los americanos, sus motivos se fundaron en que el presupuesto no desfinanciaba ni el Servicio de Control de Migraciones y Aduanas (ICE) ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como ella había pedido.

Estados Unidos

En plena crisis energética, los demócratas quieren cerrar la última central nuclear de California

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Si bien el gobernador Gavin Newsom pidió prorrogar el cierre hasta 2030, el gobierno de Biden reafirma su intención de que los dos reactores dejen de operar en 2024 y 2025, respectivamente.

La última central nuclear de California podría verse obligada a cerrar, a pesar de la prórroga de Newsom
Diablo Canyon, la última central nuclear operativa de California.

Mientras otros estados están apostando a aumentar la producción energética a partir de fuentes nucleares, California decidió iniciar el cierre de su última central nuclear, para 2025.

Diablo Canyon, la última central nuclear operativa de California, podría verse obligada a cerrar en 2025 a pesar de la prórroga de cinco años firmada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, dejando al estado potencialmente corto de energía.

El martes, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) federal, que depende de Joe Biden, rechazó un intento de la Pacific Gas & Electric Company de restablecer las solicitudes de permiso que había retirado. Sus permisos actuales expiran en 2024 y 2025 para cada uno de los dos reactores de la central, y las nuevas solicitudes podrían tardar meses.

La decisión marca la última batalla en una larga lucha sobre el funcionamiento y la seguridad de la planta de Diablo Canyon. Mientras los demócratas a nivel nacional quieren cerrarla, el gobernador Gavin Newsom dice que debe seguir funcionando más allá de su cierre programado para 2025 para evitar posibles apagones como la transición del estado a la energía solar y otras fuentes renovables.

En octubre, Pacific Gas & Electric pidió a la Comisión Reguladora Nuclear que reanudara el examen de una solicitud presentada inicialmente en 2009 para ampliar la vida útil de la central, que posteriormente fue retirada después de que PG&E anunciara en 2016 sus planes de cerrar los reactores.

Según las normas vigentes, las licencias de explotación de los reactores hermanos expiran en 2024 y 2025, momento en el que se verían obligados a cerrar. Cabe aclarar que el apagón no es inmediato, y en los años previos a las fechas de corte, el reactor irá bajando su producción de energía año tras año hasta llegar a cero.

Si bien el propio Newsom apoyó por años el cierre de Diablo Canyon, desde el año pasado dio marcha atrás a su antigua oposición a la energía nuclear e instó con éxito a la legislatura estatal a votar a favor de ampliar la vida operativa de la central hasta 2030, para evitar cortes de luz en los próximos años.

El gobernador de California Gavin Newsom observa durante una visita a la Planta de Tratamiento de Agua de Antioch el 11 de agosto de 2022 en Antioch, California.

Tras varios cortes de electricidad en el estado, Newsom y los demócratas californianos, que se han fijado el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2045, no quieren perder ese 6% del suministro eléctrico que provee la central de Diablo Canyon, dado que la energía solar y eólica todavía son incapaces de llenar esa demanda.

Muy por el contrario, grupos ecologistas se mostraron eufóricos por la decisión de la NRC. Caroline Leary, abogada del Environmental Working Group (EWG), declaró en un comunicado que apoyan la decisión del gobierno federal y llamó a “recapacitar” a los legisladores del estado.

“No es demasiado tarde para que la Legislatura de California reoriente los mil millones de dólares destinados a la reactivación de estos reactores inseguros y antieconómicos al apoyo de fuentes de energía alternativas, seguras y renovables, como la energía solar y eólica, la eficiencia energética y la gestión de la carga”, sentenció, sin entender que estas fuentes de energía, aunque reciban miles de millones de dólares en inversiones, no son capaces de otorgar la misma producción de un reactor nuclear.

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Economía

“Ley de Impuestos Justos”: El Partido Republicano lanza un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos federales

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Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazándolos por un único impuesto generalizado al consumo. El proyecto tiene el apoyo de Trump y McCarthy.

El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley sin precedentes para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y defensor del liberalismo económico, y cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump.

El recientemente nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio su visto bueno para el tratamiento de la ley y prometió respaldar el proyecto como parte de las negociaciones con el bloque trumpista para que aprueben su nominación.

La legislación propuesta busca eliminar miles de impuestos federales y unificaron en un impuesto único enfocado al sector del consumo. Entre otros, se eliminaría el Impuesto a las Ganancias, tanto individuales como corporativas, el Impuesto a la Herencia, el Impuesto a la Renta Financiera, el Impuesto a la Transferencia de Dividendos, el Impuesto a la Seguridad Social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel nacional.

Todo indica que los republicanos tienen los votos para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Además, en el extraño caso que por lo menos 10 senadores demócratas voten a favor y la ley se apruebe, todo indica que Biden vetaría el proyecto.

La reforma tributaria del Partido Republicano

El proyecto propone la completa eliminación del Impuesto a las Ganancias de Estados Unidos, conocido allá como “Income Tax“, que se implementó por primera vez en el país en 1861 para costear la Guerra Civil y nunca fue eliminado después de que terminara el conflicto. Desde 1913 también se aplica para empresas.

De aprobarse este proyecto, ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales.

También se eliminaría el Impuesto a la Renta Financiera y a la Transferencia de Dividendos, conocido como “Capital Gains Tax“, que se cobra a partir de las ganancias obtenidas por activos que aumentan su valor o por el cobro de dividendos por la tenencia de estos activos.

Este impuesto fue introducido durante la gestión demócrata de Woodrow Wilson en 1913, y se estableció a valores absurdamente elevados. Con el pasar de los años se redujo considerablemente, y actualmente se ubica entre el 10 y el 40%. Es uno de los principales factores de distorsión en el mercado financiero.

Otro de los impuestos más importantes que se eliminaría es el de la Seguridad Social, conocido como “Social Security Tax“, implementado en 1935 por el también demócrata Franklin D. Roosevelt para financiar un masivo sistema de salud pública.

También, con el tiempo este sistema fue adaptado para los más necesitados y no de manera universal, y actualmente el tributo se ubica en el 6,2% de todas las personas que quieran acceder a él.

Impuesto Único a las Ventas

El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%.

Este esquema tributario se conoce como “Fair Tax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.

Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999, la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales. 

No solo se vería una reducción considerable de la tasa efectiva total, que es cuánto percibe en impuestos un contribuyente norteamericano promedio por todos los impuestos que paga a nivel distrital, estatal y federal, si no que además se simplificaría sustancialmente el sistema impositivo y se eliminarían muchas distorsiones en el mercado.

“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables

La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales para los estratos más bajos de la sociedad.

A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960. 

Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.

Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa

La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.

Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.

La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias

Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.

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Estados Unidos

El Director de Investigación de Pfizer atrapado en una cámara oculta admitiendo que están “mutando el virus” para vender más vacunas

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Jordon Trishton Walker, quien se desempeña como director en la farmaceútica Pfizer tan solo a dos escalones del CEO, admitió prácticas ilegales para aumentar sus ventas.

El prestigioso grupo periodístico Project Veritas grabó en una cámara oculta al Director de Investigación y Estrategia de Desarrollo de Pfizer, Jordon Walker, admitiendo que la compañía está “mutando el virus” (en referencia al coronavirus) para poder vender más vacunas.

“Una de las cosas que estamos explorando es, ¿por qué no lo mutamos nosotros mismos para poder crear, desarrollar preventivamente nuevas vacunas, verdad? Entonces, tenemos que hacer eso. Sin embargo, si vamos a hacer eso, existe el riesgo de que, como se puede imaginar, nadie quiera tener una compañía farmacéutica que mute los malditos virus”, dijo Walker.

Los científicos de Pfizer están optimizando el proceso de mutación del coronavirus, pero van lento porque todos son muy cautelosos; obviamente, no quieren acelerarlo demasiado. Creo que también están tratando de hacerlo como algo exploratorio porque obviamente no quieres anunciar que estás descubriendo futuras mutaciones”, aseguró en una comida con un periodista encubierto que se hizo amigo del director del laboratorio para sacarle información.

No le digas a nadie. Prométeme que no le dirás a nadie“, le rogó Walker al que grababa la cámara oculta. “La forma en que el experimento funcionaría es que ponemos el virus en monos, y sucesivamente hacemos que se sigan infectando entre sí, y recolectamos muestras en serie de ellos”, contó.

Además, Walker dijo no tener dudas de que el virus fue creado en el Laboratorio de Virología de Wuhan y aseguró que Pfizer está haciendo algo parecido. “Tenés que estar muy controlado para asegurarte de que este virus que mutas no crea algo que va a todas partes. Que, sospecho, es la forma en que el virus comenzó en Wuhan, para ser honesto. No tiene sentido que este virus haya aparecido de la nada. Es una mierda”, sentenció Walker.

Y en otra parte de la conversación, admitió que lo que están haciendo no es del todo legal: “No se supone que hagas investigación de ganancia de función con un virus. Al menos no regularmente”.

Podemos hacer estas mutaciones de estructuras seleccionadas para hacerlas más potentes. Hay investigaciones en curso al respecto. No sé cómo va a funcionar eso. Más vale que no haya más brotes por Jesucristo”, completó.

El alto ejecutivo de Pfizer también admitió que el COVID-19 ha sido una “enorme fuente de ingresos” para la empresa y seguirá siéndolo. “Algunas veces surgen mutaciones para las que no estamos preparados. Como con Delta y Omicron. Y cosas asi. ¿Quién sabe? De cualquier manera, va a ser una fuente de ingresos. COVID fue y será una fuente de ingresos para nosotros por un tiempo en el futuro. Obviamente”, admitió Walker.

El director de Pfizer también mencionó lo que él describe como una “puerta giratoria” para todos los funcionarios del gobierno que es “bastante bueno para la industria para ser honesto, es malo para todos los demás en Estados Unidos“.

Porque si los reguladores que revisan nuestros medicamentos saben que una vez que dejen de ser reguladores, querrán trabajar para la compañía”, dijo Walker, “no van a ser tan duros con la compañía de la que obtienen sus trabajo“.

El gigante farmacéutico tiene el récord de la multa más grande pagada por una demanda por fraude en la atención médica y todavía está envuelto en el escándalo de corrupción que involucra las negociaciones del presidente de la Comisión Europea sobre la adquisición de vacunas.

Poco después de la publicación del video, Project Veritas publicó documentos internos de Pfizer, una empresa que aseguran tienen infiltradas con “decenas de informantes“, que verifican que efectivamente Jordan Walker es director de Pfizer.

El senador Ron Johnson, una de las figuras más fuertes del Partido Republicano en el Rust Belt (Wisconsin, Michigan, Pensilvania), pidió este jueves en respuesta a la viralización del video que el Congreso investigue a los fabricantes de vacunas y el proceso de aprobación para sus medicamentos.

Las agencias federales de salud han sido capturadas por Big Pharma y han abandonado gravemente sus funciones durante la pandemia”, dijo Johnson. “Es hora de que el Congreso investigue a fondo a los fabricantes de vacunas y todo el proceso de aprobación de la vacuna COVID”, dijo.

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