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Estados Unidos

Los demócratas aprobaron la venta de tierras fiscales del Ejército a una empresa vinculada con el Partido Comunista Chino

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Una compañía que manufactura autos eléctricos afiliada al PCC y apoyada por el Partido Demócrata realizó la compra de las tierras fiscales con el aval de la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer.

El pasado martes se hizo efectiva la compra de 270 acres (110 hectáreas) de tierras fiscales estadounidenses pertenecientes a las fuerzas armadas del país, por parte de una empresa manufacturera de automóviles eléctricos, la cual posee fuertes relaciones con el Partido Comunista Chino. Las tierras pertenecientes a la ciudad de Green Charter Township, fueron adquiridas por parte de la compañía Gotion.

En el mes de octubre del pasado año 2022, la gobernadora ultra-demócrata del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, anunció que Gotion invertiría en las mencionadas tierras una suma de $2,4 billones de dólares con la finalidad de construir una gigantesca planta de producción que tendría un efecto devastador en la economía y la producción nacional estadounidense. En ese entonces, la gobernadora de Michigan aplaudió el proyecto respaldándose en los beneficios que el estado obtendría a partir de esta inversión.

Las tratativas acerca de la transacción realizada por la empresa de automóviles eléctricos y el gobierno del estado de Michigan, datan de hace un tiempo atrás, ya que en los primeros meses del año la representante demócrata del estado perteneciente al "Rust Belt", Elissa Slotkin firmó una serie de acuerdos de confidencialidad (o NDA’s) con las intenciones de realizar las discusiones acerca de la mencionada transacción a puertas cerradas, lo cual llevó a varios miembros de la oposición y de la población a creer (con fundamentos) que las negociaciones se estaban llevando a cabo mediante la pauta de la empresa china y los sectores demócratas.

Luego de que miembros del gabinete de Slotkin, en reiteradas ocasiones, se negaran a emitir comentarios acerca de las negociaciones y los acuerdos de confidencialidad firmados con la empresa china, los ex-embajadores apuntados por Donald Trump, Peter Hoekstra y Joseph Cella (Países Bajos y un puñado de países de Africa respectivamente) quienes habían creado anteriormente un grupo de investigación de actividades empresariales y de inversiones chinas en los Estados Unidos, pidieron al Departamento de Justicia que inicie investigaciones contra los demócratas por potenciales violaciones al Acto de Registración de Agentes Extranjeros (FARA).

Por otro lado, asociaciones afines a los sectores demócratas como la Corporación para el Desarrollo Económico de Michigan (MEDC) y una asociación llamada "The Right Place" han impulsado la consecución del proyecto inversor de Gotion en Michigan.

Cella, uno de los denunciantes del proyecto de Gotion, aclaró que el Estado de Michigan, el MEDC y "The Right Place" desconocen la totalidad del ámbito de la seguridad nacional en cuanto al proyecto a diferencia de la representante Slotkin, quien resulta ser una antigua analista de seguridad de la CIA y empleada del Departamento de Defensa con los conocimientos de que las agencias de inteligencia avisaron que la compra de las tierras no debía ser firmada debido a los lazos de la compañía con el Partido Comunista Chino (PCC).

Las preocupaciones del proyecto no solo provienen de los sectores de la oposición, sino que de la población de Michigan en general, ya que de acuerdo a la tesorera de Big Rapids señaló que la mayoría de la población no confiaba en el acuerdo debido al secreto de los NDA, a pesar de las palabras de tranquilidad que quizo llevar el jefe de operaciones de Gotion en los Estados Unidos Chuck Thelen, ignorando que los estatutos de la compañía china exigen que Gotion lleve a cabo sus actividades de acuerdo a las políticas establecidas por el Partido Comunista Chino.

La representante demócrata de Michigan Elissa Slotkin con el presidente Joe Biden en un encuentro en octubre del año 2021.

El proyecto inversor por parte de la compañía china de vehículos eléctricos, había sido denunciado a principio del presente año por la ex-candidata republicana a gobernadora de Michigan Tudor Dixon, quien expresó que la actual gobernadora Gretchen Whitmer planeaba otorgar financiación a la empresa del PCC por una suma de $715 millones de dólares provenientes de dinero perteneciente a impuestos.

Whitmer trató de desestimar las acusaciones de Dixon mencionando que la inversión de $2,4 billones de dólares crearía 2.350 nuevos trabajos, pero no mencionó que entre esos puestos de trabajo, la empresa contrataría entre 250 y 300 nacionales chinos que ocuparían una porción de esos empleos (no se especificó en que funciones) y serían mantenidos en una universidad de la zona.

La planta de manufactura de baterías consistente en una superficie de 550.000 pies cuadrados (alrededor de 51.100 metros cuadrados) fue aprobada por una votación resultante de 10 votos a favor frente a 9 votos en contra por parte del Comité de Apropiaciones del Senado estatal de Michigan el pasado abril, considerando el dinero de los contribuyentes en la financiación de la planta.

Sin embargo, la compañía china detuvo los planes de construcción de la planta en pausa debido al gran descontento popular, situaciones que se destacaron por ejemplo luego de que mas de 100 residentes de los pueblos de Green Charter Township y Big Rapids se presentaran a una votación para alzar su voz en contra del proyecto.

A su vez, dentro del arco político de la oposición, las críticas al acuerdo también florecieron, ya que el representante republicano del estado John Moolenaar, quien representa al distrito en el cual se planea llevar a cabo la construcción de la planta expresó sus preopcupaciones y desacuerdo en el proyecto, aludiendo a que el grueso de la población se encuentra totalmente en contra del mismo.

Sumado a las preocupaciones que revuelan en la mente de Moolenaar acerca del daño a la economía y la producción estadounidense que esta planta significaría (debido a la ubicación que posee, no existirían plantas productoras de insumos para autos electricos a 100 millas a la redonda de la misma, constituyendo un monopolio en la zona), el representante republicano señaló que las tierras fiscales se encuentran particularmente cerca de bases militares estadounidenses.

La planta, de acuerdo a los planos presentados por Gotion, se emplazaría a 60 millas a la redonda de un depósito de armamento militar de las fuerzas armadas, además de encontrarse a un radio de 100 millas de "Camp Grayling", el mayor campamento de entrenamiento de la guardia nacional de los Estados Unidos en el país, facilidad en la cual, además, se brindó durante un tiempo instrucción militar a las fuerzas armadas de Taiwán.

Estados Unidos

El Pentágono de Biden anunció el envío a Ucrania de un nuevo paquete de ayuda militar por US$ 6.000 millones

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El jefe del Pentágono afirmó que esta es la asistencia “más grande” que Washington ha anunciado “hasta la fecha”, superando toda la ayuda que dio Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció este viernes que se enviará otro paquete de ayuda militar por US$ 6.000 millones para Ucrania, aumentando el acceso del gobierno de Kiev a misiles Patriot y drones que permitan responder a los avances rusos en el frente oriental.

Austin hizo este anuncio en una rueda de prensa al cierre de una reunión del grupo de Ramstein, en el que Estados Unidos confirmó que los primeros US$ 1.000 millones de nueva ayuda militar a Ucrania están en camino.

El jefe del Pentágono confirmó que Estados Unidos enviará con carácter de urgencia a Ucrania munición para baterías HIMARS, que permite atacar posiciones rusas lejos del frente, munición de artillería avanzada de 155 milímetros y sistemas de defensa aérea en vehículos blindados.

Estoy encantado de poder anunciar un compromiso adicional de USD 6.000 millones para la iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania. Eso nos va a permitir procurar nuevas capacidades para Ucrania por parte de la industria estadounidense”, dijo Austin, y aseguró que este es el paquete de asistencia “más grande” que Washington ha anunciado “hasta la fecha”.

Esa nueva ayuda militar incluirá baterías de misiles Patriot y defensas tierra-aire, más sistema de defensa contra drones y “un monto significante de munición de artillería, municiones aire-tierra y apoyo de mantenimiento”, indicó Austin.

Según el jefe del Pentágono, la ayuda de los miembros del grupo de Ramstein “ha salvado incontables vidas ucranianas” con compromisos que rondan ya los US$ 95.000 millones y la coalición de estos 50 países se mantiene “fuerte” en su apoyo a Kiev.

Austin también dijo que el grupo trabaja en crear un Ejército ucraniano “autosuficiente” y capaz de contener a Rusia en el largo plazo.

El resultado en Ucrania determinará la trayectoria de nuestros días. Si (Vladimir) Putin permanece y gana en Ucrania las consecuencias serán graves y globales”, aseguró Austin.

Los anuncios hoy de nueva ayuda militar a Ucrania llegan después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, firmara esta semana un ley para dar progresivamente a Ucrania US$ 61.000 millones en asistencia militar y préstamos durante el año.

Estados Unidos ya proporcionó decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Kiev desde que Rusia anunció el inicio de su invasión a territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022.

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Estados Unidos

La Justicia de Arizona, controlada por los demócratas, imputó y busca arrestar a todo el equipo de asesores de Trump

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Los demócratas hacen otro ataque contra la oposición y ahora buscan poner tras las rejas a todo el equipo que trabaja asesorando al expresidente republicano en su campaña presidencial.

La Justicia de Arizona imputó este jueves a varios aliados importantes del expresidente Donald Trump, incluido el exabogado de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, la expresidente del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, por denunciar que las elecciones del año 2020 fueron fraudulentas.

Junto con Ward, Meadows y Giuliani, la ex abogada de Trump Jenna Ellis y el ex asesor de campaña de Trump Boris Epshteyn, junto con varios miembros del Partido Republicano de Arizona, fueron imputados también, según publicó esta mañana el Washington Post .

Meadows, Giuliani, Ellis y Epshteyn fueron imputados por supuestamente intentar ayudar a Trump a recuperar los votos electorales de Arizona en las elecciones presidenciales de 2020, luego de que se comprobara que los demócratas habían robado votos por correo y la Legislatura votara que le darían los votos electorales a Trump si así la Justicia lo decidía.

Por su parte, Ward y los senadores del estado de Arizona, Jake Hoffman y Anthony Kern, también fueron acusados ​​de cargos por haber firmado documentos el 14 de diciembre de 2020, certificando que Trump era el ganador de las elecciones.

La acusación de varios aliados de Trump y miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras una encuesta de Bloomberg News/Morning Consult realizada entre el 8 y el 15 de abril encontró que el presidente Joe Biden está detrás de Trump en varios estados clave como Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte por seis o más puntos.

En Arizona, Trump lideró por siete puntos, recibiendo el 49 por ciento del apoyo de los votantes que indicaron que votarían por él, mientras que Biden recibió el 42 por ciento.

Los once republicanos de Arizona son:

  • Kelli Ward, ex presidenta del Partido Republicano en Arizona, y su esposo, Michael Ward.
  • Senador del estado de Arizona Jake Hoffman
  • Senador del estado de Arizona Anthony Kern
  • Tyler Bowyer, director de operaciones de Turning Point USA
  • Nancy Cottle
  • James Lamon
  • Roberto Montgomery
  • Samuel Moorhead
  • Lorena Pellegrino
  • Gregorio Safsten

Los aliados de Trump que supuestamente fueron acusados ​​incluyen a Mark Meadows, Jenna Ellis, Rudy Giuliani, John Eastman, Christina Bobb, ex abogada de Trump, Boris Epshteyn y Mike Roman, ex asistente de campaña de Trump, según el Washington Post .

La decisión judicial fue en respuesta a un pedido directo del Fiscal General de Arizona, el ultra-demócrata Kris Mayes, y es la última de una serie de esfuerzos por utilizar el sistema legal para perseguir a los conservadores y republicanos aliados de Trump.

En julio de 2023, la fiscal general de Michigan, Dana Nesselacusó a 16 “falsos electores” de ocho delitos graves, entre ellos conspiración y falsificación de leyes electorales, por su presunto papel en el intento de disputar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Meses después, en diciembre de 2023, la Justicia de Nevada imputó a varios miembros importantes del Partido Republicano del estado, acusados ​​de falsificar y presentar documentos falsos en relación con el complot de los “falsos electores”.

La acusación de varios de los principales aliados del expresidente y varios miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras Trump se encuentra actualmente en juicio y enfrenta 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con los pagos realizados a la estrella porno Stormy Daniels durante las elecciones presidenciales de 2016.

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Economía

Crisis fiscal en Estados Unidos: Las “Bidenomics” desataron un déficit por casi 2 billones de dólares al término de marzo

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Pese a que la economía estadounidense sigue creciendo, el Gobierno federal incurrió en un déficit histórico. y se está endeudando a un ritmo únicamente visto durante las grandes recesiones y en las guerras mundiales del siglo pasado. La trayectoria fiscal trazada por Biden es abiertamente insostenible.

Las políticas del Presidente Joe Biden provocaron el agujero fiscal más grande de la historia de los Estados Unidos en tiempos de paz. La visión económica del Gobierno cayó bajo la influencia del Caucus Progresista dentro del Partido Demócrata, la facción más radicalizada hacia la izquierda dentro del Congreso estadounidense.

La actividad económica del país logró recuperarse de la pandemia y continuó con su sendero de crecimiento, pero a pesar de esta muy esperable normalización, el Gobierno federal incurrió en un desequilibrio fiscal histórico que ascendió a los US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo.

De hecho, el déficit financiero había llegado incluso a los US$ 8,36 billones en julio del año pasado, como resultado del amplio programa de rescates para préstamos estudiantiles que impulsó el Presidente Biden.

El Partido Demócrata que alguna vez había patrocinado los superávits presupuestarios de la era Clinton, ahora respalda a capa y espada los déficits más irresponsables que nunca se hayan visto en Estados Unidos.

La economía se normalizó una vez superada la pandemia, pero la posición fiscal del Estado jamás lo hizo. El resultado financiero del Gobierno federal representaba el 4,8% del PBI en febrero de 2020, mientras que hoy en día esa cifra se acerca a los 6 puntos del producto. Este brutal incremento se explica principalmente por el mayor peso de los intereses de deuda, que ya son los más altos desde mediados de la década del 90.

Para compensar esta brecha sin precedentes, el Gobierno federal se está endeudando a un ritmo similar al que cabría esperar durante la salida de una recesión o la ejecución de una guerra de grandes proporciones, pero como es bien sabido ninguno de estos escenarios es precisamente el caso. En caso de que la economía entrase en recesión en un futuro cercano, el Gobierno carece de mayor margen fiscal para actuar en consecuencia.

El total de la recaudación por impuestos federales (y otros ingresos por rentas) sólo alcanza a cubrir hasta el 73% de los gastos federales incurridos. El 27% restante se está compensando por la vía del endeudamiento, principalmente con instituciones locales o en el exterior.

Hasta ahora la Reserva Federal se mantuvo al margen de expandir su financiamiento al Tesoro por la vía de la compra de títulos públicos (como lo hizo durante la pandemia en 2020), pero eventualmente el Gobierno federal no puede quebrar, y cualquier tipo de incumplimiento vendría asociado a un latente inflacionario.

La proporción de crédito doméstico absorbido por el Gobierno federal se incrementa, y lo que es lo mismo, se reduce la cantidad de recursos disponibles para prestar a las empresas privadas o a las familias (por ejemplo el crédito hipotecario). Esto se ve reflejado por un piso de tasas de interés cada vez más elevado.

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